La trama de la desaparición de un joven wichí en Chaco: de la sospecha de un crimen a la toma del palacio judicial

El reclamo por la desaparición de un adolescente wichí de Misión Nueva Pompeya desencadenó un violento ataque de miembros de la comunidad indígena hacia efectivos policiales que dejó casi cuatro decenas de heridos y las sedes de la comisaría, el Juzgado Multifueros y el municipio local completamente destrozadas. Además, obligó al fiscal que investigaba el caso a abandonar la localidad chaqueña, luego de haber recibido amenazas. Violencia, tensión y 20 días de una búsqueda con pocas pistas.

Todo comenzó el pasado martes 14 de febrero, cuando el padre de Salustiano Giménez (16) se dirigió a la comisaría local a denunciar que su hijo se había fugado de su hogar hacía dos días. El hombre, según explicaron fuentes de la investigación a Infobae, pedía ayuda para localizar al adolescente. “Se fue de casa y no quiere volver”, dijo.

A partir de ese momento, personal policial dio inicio a la búsqueda del joven wichí que había sido visto por última vez el 12 de febrero a las 18.30 en las inmediaciones de Paraje Barrio Nuevo de Misión Nueva Pompeya, de Chaco. “No posee teléfono celular, ni redes sociales. Al momento de su desaparición vestía una remera de mangas cortas color rosado, pantalón de jean color gris, gorra y zapatillas negras”, detallaron sus familiares.

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Tras casi 48 horas de intensa búsqueda —que involucró al Sistema de Búsqueda Provincial, al Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) e implicó un despliegue de drones térmicos y canes— el jueves 15 por la tarde un comerciante se acercó a la comisaría y dijo que había visto a Giménez cruzando la calle del pueblo. Luego de revisar cámaras de seguridad de la zona, los investigadores visualizaron al joven wichí “llevando a tiro una yegua”.

Al tomar conocimiento de ello, los Giménez formalizaron la denuncia por la desaparición de su hijo. Además, marcaron a seis personas del pueblo dedicadas a la crianza de caballos para que el fiscal a cargo del caso, Francisco Morales Bordón, las investigara. Según supo Infobae, si bien se realizaron distintos allanamientos y se tomaron testimoniales, los resultados fueron negativos.

En paralelo, la hermana del joven wichí alertó a la policía acerca de un criollo (N.R.: así se llama a los pobladores blancos de Misión Nueva Pompeya) al que no conocía y que le preguntó por Salustiano. A esa primera denuncia se sumó una segunda, de parte de un miembro de la comunidad, que identificaba a este mismo hombre como el autor del crimen del adolescente motivado por el robo de un caballo. Al ser detenido, el criollo fue identificado por la hermana de Giménez en una rueda de reconocimiento. En su declaración, la mujer aseguró que sus rasgos coincidían con los del hombre le había preguntado por el paradero de su hermano días atrás.

Tras ser señalado, el sospechoso se negó a declarar ante el fiscal, quien decidió imputarlo por el delito de homicidio. Con el cambio de carátula de la causa, según confiaron a este medio fuentes con acceso al expediente, la familia del joven desaparecido “comenzó a exigir respuestas rápidas de parte de la Justicia”. Para ello, realizaron un corte de ruta que, al impedir el ingreso de los camiones que proveen de combustible a los grupos electrógenos de la localidad, dejó a Misión Nueva Pompeya sin electricidad.

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Lo que siguió fue un ataque a la comisaría, donde creían que estaba detenido el criollo. Sin embargo, el hombre no estaba allí: lo habían trasladado a otra localidad.

Según informó Diario Chaco, los disturbios comenzaron el sábado 4 de marzo. Mientras personal policial continuaba con los rastrillajes para dar con el paradero del Salustiano Giménez, unas 300 personas encapuchadas se presentaron en la comisaría de dicha localidad para pedir por su aparición. “Sin mediar palabras avanzaron con machetes y palos. Rompieron el cordón humano del personal policial y tomaron el interior del edificio. Además, destruyeron vidrios, ventanas y electrodomésticos”, informó el portal local.

Al día siguiente, de acuerdo con el mismo medio, los incidentes continuaron. Además de volver a atacar la comisaría local, los manifestantes destrozaron el edificio de la Municipalidad y del Juzgado Multifueros. En este último, estaba el fiscal del caso reunido con personal del SIFEBU.

Desbordado por la situación, Morales Bordón decidió abandonar la localidad junto su familia, ya que recibió amenazas de muerte. “No había seguridad para que siguiera trabajando en esas condiciones”, dijeron a Infobae desde el entorno del fiscal que, de momento, solicitó una licencia.

Debido a los destrozos, los funcionarios judiciales de Misión Nueva Pompeya hoy están trabajando de forma remota. Al respecto, el diputado chaqueño Livio Gutiérrez habló de anarquía y se lamentó por la destrucción de los bienes provinciales. “Así quedó el Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya. Así destruyen los bienes de los chaqueños, los impuestos de todos. Mientras los responsables del Gobierno miren a otro lado, la impunidad seguirá”, sostuvo en sus redes sociales.

De acuerdo con Diario Norte, el cruce entre efectivos y wichís dejó alrededor de 35 heridos, de los cuales 25 son agentes policiales y, al menos, 10 de la comunidad originaria. “Un agente policial y dos manifestantes tuvieron que ser derivados al hospital del Bicentenario de Castelli. En los enfrentamientos la policía intentaba dispersar con gases lacrimógenos y balas de goma; mientras que los manifestantes utilizaron diversos proyectiles para arrojarles a los agentes”, informó dicho medio.

Si bien trascendió una versión que aseguraba que del ataque a la comisaría había participado el grupo armado indígena “Washek”, fuentes de la investigación desmintieron ese dato a Infobae. “Nadie los vio acá. Ellos están en la localidad de ‘El Sauzalito’, ubicada a 100 kilómetros de Misión Nueva Pompeya”, aseguraron.

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Tras el conflicto, la madre del joven desaparecido, Rosa Ángeles Campos, se quejó de la represión policial en un comunicado. “Solo quiero que me entreguen a mi hijo, ya sea vivo o muerto. Cuando fui a reclamar, los policías nos tiraron gases lacrimógenos y, durante más de 5 minutos, no pude ver nada. Sólo quiero que me entreguen a mi hijo y la comunidad se quedará tranquila”, dijo en un comunicado que se publicó en la página de Facebook “Marchas de El Impenetrable”.

Este lunes, la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco, Gloria Zalazar, informó que desde las 17.30 hasta las 22 de este domingo, la comitiva del gobierno provincial estuvo dialogando con referentes de la comunidad criolla y wichí para llegar a un acuerdo de orden y paz que les de tranquilidad a los habitantes.

“Como Estado presente que escucha, que asiste y acompaña, no podemos permitir que los problemas se resuelvan a través de la violencia y a través de delitos. La única forma de resolver las necesidades es el diálogo y dentro del marco de la ley”, sostuvo la funcionaria y agradeció el trabajo del personal de la Policía del Chaco y de Gendarmería Nacional que se movilizó hacia Misión Nueva Pompeya para pacificar el conflicto.

En sintonía, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, advirtió sobre el levantamiento de “grupos movidos por un interés político para generar caos y estrépito social” y adelantó que promoverá la creación de una Comisión de investigación en la Legislatura, que investigue el “delito de sedición”.

“Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Pretendo propiciar una comisión de investigación especial de estos episodios, para que exista una investigación imparcial y objetiva”, dijo Capitanich e informó que el Poder Ejecutivo se constituirá como querellante en la causa ya iniciada, “con el objetivo de investigar las acciones sufridas por cada uno de los policías y el perjuicio que eso tiene”.

Respecto al protocolo de búsqueda de personas, el funcionario destacó que en la provincia de Chaco hay 1.792 casos de búsqueda y se resolvieron todos excepto tres: “El grado de eficacia es muy bueno”, sentenció.

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