El 8 de febrero, una brigada de la División Antifraudes de la Federal se dirigió a un barrio de Moreno para arrestar a Rocío A. y allanar su domicilio. De 27 años de edad, beneficiaria de varios planes sociales, Rocío era buscada por el delito de estafa en un expediente a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. Al llegar, los policías encontraron un kiosko barrial al frente, con paredes sin revoque, techo de chapa. Detrás, estaba el domicilio de Rocío propiamente dicho: había un piso de parquet, lavarropas y heladera último modelo, alacenas en la cocina hechas a nuevo.
Le encontraron, literalmente, una fábrica de identidades.
Además de 150 chips de celulares de diversas empresas de telefonía móvil, se registró una serie de mochilas y sobres con 45 tarjetas de crédito, todas del mismo banco, junto a trece DNI. Varios nombres coinciden en ambos lotes, como el de un mendocino de 44 años dedicado a la producción de vinos y un porteño de 55 años dedicado al negocio de los seguros. Una primera versión indicaba que Rocío A. se dedicaba a la clonación de tarjetas de crédito, pero la realidad del caso es otra. Las tarjetas eran genuinas. Los DNI, no: se descubrió que eran todos falsos.
En otra habitación, le encontraron una impresora a color de alta definición, una impresora láser, una laminadora, una guillotina milimétrica, un molde, además de planchas de plastificado de dos milímetros de grosor, es decir, todo lo necesario para hacer DNIs de mentira.
“Rochi”, sostienen investigadores, habría logrado engañar a un importante banco para obtener estas tarjetas con los documentos falsos, para así comprar artículos de lujo y revenderlos en redes sociales, una maniobra básica de lavado. El daño todavía está siendo calculado. Varias deudas encontradas por Infobae a víctimas en la pila de documentos superan los 500 mil pesos.
“Tenemos probado en la causa que las tarjetas de crédito no eran ‘clonadas’. sino emitidas oficialmente por el banco, contra la presentación del documento falso”, asegura Agustín Biancardi, ex director de Litigios Penales de la UIF, abogado que junto a Martín Olari Ugrotte representa a víctimas del caso: “Creemos que la detenida es sólo una pieza de una organización criminal, es un iceberg de una organización criminal con buenos contactos, que lograron falsificar documentos de identidad y con ellos obtener enormes créditos a través de la entrega de líneas de créditos premium”, continuó.
La orden de allanamiento a la Policía Federal incluyó el pedido expreso de encontrar el DNI falso a nombre de una mujer santafesina patrocinada por Olari Ugrotte y Biancardi -ex abogados de la Unidad de Información Financiera-. La mujer reveló su sorpresa en su presentación a la Justicia. “Se me reclama una deuda que no contraje, por productos bancarios que no adquirí, y como consecuencia de ello, se me ha incorporado en la base de deudores Veraz con una calificación desfavorable”, aseguró al juez Ercolini.
Paso a paso, la víctima relató en su denuncia su entrada al universo de los estafados:
“El pasado 11 de julio recibí un llamado telefónico de parte de un supuesto estudio de abogados a través del cual se me reclamaba el pago de una deuda por alrededor de 1,3 millones de pesos de tarjeta de crédito y descubierto en una cuenta abierta” en un importante banco porteño. La mujer que la llamaba, según ella misma, era representante de una conocida agencia de cobranzas. La denunciante desconocía totalmente la cuenta y la deuda. Pero la deuda era real. Se presentó en una sucursal del Abasto de ese banco, donde la atendió un gerente y un ejecutivo de cuentas, que según ella, no fueron de ninguna ayuda.
Te puede interesar: Los trucos del “rey de las tarjetas truchas” de San Martín que pasó años prófugo
Así, la víctima pasó por el flipper humano de diversas áreas de la institución, enviada de un lugar a otro, hasta que llegó al área de Fraudes donde “me informaron que habría existido usurpación de mi identidad en base a la presentación de documentación falsa, que iban a gestionar con la sucursal donde está radicada la cuenta”.
La sorpresa, o tal vez la sospecha, queda en cómo “Rochi” y sus posibles cómplices atravesaron un sistema bancario entero para hacerse de tarjetas reales y comenzar a gastar. El querellante Biancardi completa: “En este sentido, el Banco Central, como ente rector de las entidades bancarias, tiene que tomar cartas en el asunto: no es posible que una única entidad bancaria esté entregando sus productos con esta liviandad y este descuido, sin cumplir -por ejemplo- con las obligatorias normas de ‘conozca a su cliente’, que es la primer gran trinchera de prevención del delito”.
“Rochi” no está sola en esta historia, si efectivamente es culpable. Las estafas con datos bancarios y billeteras virtuales se convirtieron en uno de los delitos de mayor crecimiento de los últimos años, sin un endurecimiento de la legislación en su contra a la vista. En octubre pasado. trece fiscales ordenaron 62 redadas a la Policía Bonaerense en un golpe coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires contra diversos grupos dedicados a las estafas online, cuenteros y sopladatos. Hubo 11 detenidos con pedido de captura previo, 18 aprehendidos, con la intervención de la Secretaria de Política Criminal de la Procuración.
Se calcula que los imputados, varios grupos sin relación entre sí, provocaron un daño mayor a 50 millones de pesos. Cayeron en Junín, La Plata, Pergamino, Trenque Lauquen, Necochea. Los presos también juegan. Cuatro cárceles provinciales fueron allanadas.
Seguir leyendo: