En una nueva audiencia -la última con participación de testigos propuestos por las partes acusadoras- del segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez en Mar del Plata, una psicóloga aportó este miércoles conceptos que podrían reforzar la hipótesis de la imputación contra el principal sospechoso de la muerte de la menor, Matías Farías, a la hora del veredicto de los jueces.
Claudia Bertarini, psicóloga recientemente jubilada del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Corte Suprema, explicó desde su perspectiva profesional la disparidad que existe en una relación entre una persona adolescente y una mayor, y detalló que la vulnerabilidad se multiplica en un contexto de consumo de cocaína, como el que ocurrió la mañana del 8 de enero de 2016, cuando la víctima perdió la vida.
La testigo detalló cómo en una situación de uso o abuso de esta droga se potencia la falta de miedo y no se miden correctamente las consecuencias. La profesional fue propuesta para declarar por el fiscal Leandro Arévalo y por las abogadas de la familia de Lucía Pérez Montero, Verónica Heredia y Florencia Piermarini.
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Arévalo le planteó si, teniendo en cuenta que una relación sexual parte de la base de la libre elección de dos personas en condiciones en acordar, una adolescente y un mayor de edad de entre 20 y 25 años entrarían en ese concepto.
Según comentaron fuentes que presenciaron la audiencia de este miércoles, Bertarini respondió que un adolescente no está en situación de igualdad, que es vulnerable aunque se encuentre en una posición que crea que la tiene dominada. Y, en cambio, consideró que el adulto se es consciente de esa fragilidad.
“¿Y si le sumamos que el adolescente tomó cocaína y el adulto no?”, preguntó el fiscal Arévalo. La psicóloga contestó: “Esa situación se multiplica por cien”.
Se sabe por las pericias forenses que Pérez tomó cocaína durante su encuentro con Farías en la casa que alquilaba este hombre en el barrio Alfar de Mar del Plata. De hecho, la junta médica que analizó el cuerpo sin vida de la víctima determinó que Lucía murió por una “asfixia tóxica” derivada de un infarto, o arritmia o algún otro problema como consecuencia de la ingesta de esta droga.
En cambio, se desconoce si Farías, que está preso por el delito de vender drogas en la puerta de la escuela a la que iba la propia Pérez, consumió ese día cocaína. El día de la detención, 24 horas después de la muerte de la adolescente, no se le hicieron pericias toxicológicas.
El objetivo de la parte acusadora es lograr que tanto Farías como Juan Pablo Offidani sean condenados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio”. En el caso del segundo sospechoso, en su carácter de partícipe, ya que está comprobado que no estuvo dentro de la casa.
Para eso, los jueces tendrán que resolver sobre la cuestión conceptual del consentimiento: es decir, si es posible que eso haya existido entre Farías (en ese momento, de 23 años) y Pérez (16), quienes habían estado chateando desde el día anterior y el hombre le insistía para verse.
La parte acusadora plantea como eje central del caso mostrar una relación desigual, una falsa paridad, a diferencia de lo que intentan mostrar los imputados (este miércoles leyeron sus declaraciones), o sus defensores, cuando se amparan en que las pericias forenses no muestran signos de violencia sexual en el cuerpo de la menor y que la relación fue consentida, algo que contempla el Código Penal para personas de 16 años.
En su declaración, la psicóloga marcó rasgos generales de la adolescencia, y estableció una diferencia entre “madurez sexual” con el “desarrollo sexual o evolutivo”.
Según detallaron fuentes que presenciaron el debate oral, Bertarini explicó que aunque una adolescente esté biológicamente preparada, no significa que tenga madurez sexual y pueda decidir cómo, cuándo y dónde tiene relaciones, sin contar que, además, en este caso, todo estaba condicionado por los efectos de la cocaína.
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Declaró la ginecóloga de Lucía
Además de la psicóloga, declararon este miércoles por la mañana en el sexto piso de los tribunales marplatenses ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata, el ex marido de la dueña de la casa que alquilaba Farías (declaró ayer y mañana se realizará un reconocimiento judicial en la vivienda), el director de la escuela a la que asistía Lucía, y Laura Malacalza, de la Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, quien, según consigno la agencia de noticias Télam, habló “marcas” que “muchas veces no quedan explicitadas físicamente” en contextos de violencia, y que “desde una perspectiva de género puedan ser interpretadas”.
Además, testificó por pedido de las abogadas de la familia Pérez Montero, la ginecóloga de la víctima, Mirta Santana, a quien los jueces le mostraron fotos del cuerpo de Lucía y, a diferencia de lo que habían marcado los peritos forenses de la Junta Médica, destacó un grupo de equimosis (hematomas) en la zona genital.
Según explicó la profesional de la salud, la ginecóloga no había visto estas lesiones la última vez que la revisó, en abril de 2016, seis meses antes de su muerte. Y remarcó, a diferencia de la Junta Médica, que esas equimosis son compatibles con un abuso sexual.
La defensa de los acusados intentó que el tribunal desestimara las apreciaciones de Santana por considerar que sus observaciones no tienen nada que ver con su especialidad de ginecóloga y que los forenses ya habían marcado que no se evidenciaban lesiones de violencia sexual, aunque ellos tampoco descartaron ciento por ciento que, no obstante pudo haberse producido un abuso.
Los jueces Gustavo Fissore, Roberto Falcone y Alexis Simaz no hicieron lugar a la queja de la defensa, pero aclararon que la testigo opinaba como tal y no como perito.
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