El 12 de noviembre del año pasado, Nicolas García, de 18 años, estaba en el boliche Roca Bruja de Hurlingham junto a una chica cuando el ex novio de ella se acercó por detrás y le clavó a García un vaso roto en el ojo. Luego, se incrustó en la cara. La motivación del ataque fueron los celos. Por el hecho, la víctima fue intervenida quirúrgicamente y le quedaron secuelas: tiene profundas cicatrices que le quedarán por vida y aún permanece con riesgo de perder un ojo.
El agresor, Santiago “Chanchi” Martínez, fue detenido al día siguiente y permanece detenido, acusado de tentativa de homicidio. Sin embargo, la Justicia descubrió una irregularidad más que llamativa.
Martínez fue detenido el 13 de noviembre, al día siguiente del ataque, por efectivos de la Comisaría 4° de la zona e inmediatamente fue derivado a la dependencia 3° de Castelar. Hasta allí parecería un procedimiento normal. Pero existe un detalle para nada menor, de cara a la fuerte sobrepoblación que marca a las comisarías de la Bonaerense: esa seccional está clausurada desde hace meses.
La clausura de esa comisaría ocurrió a mediados del 2022 por no contar con las mínimas condiciones para alojar presos.
La sospecha por parte de la justicia es que, de alguna manera y por voluntad de alguien, el agresor fue llevado a propósito a esa comisaría con la intención de que pueda moverse libremente, esté más “cómodo”, no tenga que cruzarse con otros detenidos y esquive la sobrepoblación que existe en las seccionales de la provincia de Buenos Aires.
No es solo una presunción. Hay pruebas.
La Justicia cuenta con un documento, que acompaña esta nota, donde efectivamente se menciona el traslado de Martínez a la Comisaría 3°, a pesar de que estaba clausurado desde hacía varios meses. Ese despacho, creen las autoridades, fue falsificado para beneficiar al detenido. Incluso cuenta con un error más que llamativo. La fecha de detención, según ese papel, es el 8 de noviembre. Es decir, 5 días antes de que se produjera realmente.
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Cuando Gastón Marano, el abogado que patrocina a la víctima, se enteró de esta situación, hizo la denuncia inmediatamente y tomó intervención la fiscal original del caso , Valeria Fourcade, que fue al día siguiente hasta la comisaría a corroborar los hechos. Cuando llegó, alguien ya había movido a Martinez a otro lugar. A pesar de esto, otros efectivos le aseguraron que el detenido estaba ahí por orden de un comisario superior.
La fiscal describió la situación irregular de la comisaría en un escrito: “La seccional policial de Morón III, Castelar Sur, cuenta con una serie de calabozos externos, clausurados y que a la fecha se encuentran inutilizados. A su vez, pude corroborar que en el interior de la Seccional policial existe una celda para aprehendidos, ubicada a mitad de un pasillo interno, totalmente separada de los calabozos aludidos en primer término, la cual se encontraba vacía al momento de la inspección”.
En otro documento, al que pudo acceder este medio, se constata la presencia de “Chanchi” Martinez en la comisaría abandonada. Alguien escribió con lapicera en un informe oficial: “Tomamos vista del libro de detenidos donde consta el ingreso y egreso de Martinez , del libro de visitas”.
Las preguntas que surgen ante todo esto son obvias. ¿Quién dio la orden de que Santiago Martinez se aloje en una comisaría que no estaba en uso? ¿Por qué la justicia se enteró recien cuando el abogado querellante hizo la denuncia? ¿Existe en la zona una “celda vip” en esa comisaría para determinados presos?
A margen de esta irregularidad, en cuanto a la causa principal, Martínez continua detenido acusado de tentativa de homicidio. A pesar de que la defensa pidió la prisión domiciliaria, ese petitorio todavía no fue resuelto por la Justicia.
“Resulta increíble que haya una comisaría en aparente alquiler, con un detenido que recibe un aparente tratamiento especial. La familia de García está sumamente alerta a lo que haga la Justicia de Morón”, aventuró el abogado Marano a Infobae.
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