Este último domingo, la división Trata de Personas de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales- detuvo a tres encargados vinculados al centro de tratamiento de adicciones Los Valientes, ubicado en La Reja, partido de Moreno, tras las órdenes del fiscal Gabriel López, de la UFI N°7 de Moreno. 87 pacientes, diez de ellos menores de edad, fueron rescatados.
El centro operaba sin habilitación oficial, presuntamente sin médicos ni psicólogos. De acuerdo a los testimonios y pruebas en el expediente, se cree que los pacientes eran privados de libertad, atados y torturados, encerrados bajo llave. Vivían entre basura, con aguas servidas en los patios y paredes cubiertas de humedad. En el allanamiento, incluso, se encontró a un menor atado en una estructura que funcionaba como un gallinero.
Los jóvenes rescatados fueron entrevistados por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata, del Ministerio de Justicia. Entre estos relatos, surgió cómo supuestamente se atormentaba a los pacientes. Se habló de golpes, cortes incluso, privación de alimentos y hasta de episodios en donde los pacientes eran sumergidos a la fuerza en una pileta.
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Había otras formas de control: los adictos aseguraron que solo podían ver a sus familiares cada tres semanas, siempre bajo la supervisión de los encargados del lugar. También, les permitían una llamada telefónica por semana.
Tras la inspección, se incautaron teléfonos celulares e historias clínicas. Los menores fueron restituidos a sus familiares y los mayores se retiraron del lugar en compañía de familiares. Así, el lugar fue clausurado. Luego, siete internos declararon en la fiscalía. El expediente está calificado bajo los delitos de asociación Ilícita, privación de la libertad, amenazas y lesiones.
Los presuntos tormentos se suman a otro hecho inquietante: un alto directivo de “Los Valientes” fue detenido en enero de este año por apuñalar a un hombre en una riña frente al lugar, un caso en manos de la fiscal Luisa Pontecorvo, según apunta el sitio Semanario Actualidad.
El centro de rehabilitación “Resiliencia San Fernando”en La Lonja, en Pilar, fue investigado en mayo de este año por una trama similar, con adictos que vivían en condiciones inhumanas, hacinados, con habitaciones de “castigo”, siendo dopados durante días y con prohibiciones para ver a sus familias.
Un incendio provocado por un paciente y donde murieron otros tres internos a comienzos de año destapó una oscura trama. Tres directivos y dos médicos, acusados de homicidio, reducción a la servidumbre, estafa y asociación ilícita.
En el expediente, a cargo del fiscal German Camafreita y el juez Nicolas Ceballos, quedaron reconstruidos los momentos previos al incendio que dio a pie a la investigación posterior. El 22 de febrero, a las 10.15, durante una reunión de grupo, uno de los internos, Nicolás Ortíz, tomó un cigarrillo con un encendedor y dijo que se iba a fumar. A los segundos, el resto de los pacientes comenzó a sentir olor a humo. Pasaron pocos minutos hasta que comenzaron a verse lenguas de fuego que, de a poco, destruyeron la estructura.
En el lugar no había matafuegos ni colchones ignífugos ni, mucho menos, un plan de evacuación.
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