La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires intervendrá en el nuevo juicio que comenzó este martes por el femicidio de Lucía Pérez, la joven que en 2016 fue presuntamente violada y asesinada en Mar del Plata por dos hombres que previamente le habrían vendido droga.
La causa fue reabierta recientemente, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmara la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal Nº1 de esta ciudad que, basándose un error de interpretación en la autopsia forense, absolvieran a los dos principales acusados del crimen, Matías Farías y Juan Pablo Offidani.
Después de que se designara a los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone a cargo del nuevo proceso judicial, la Defensoría, que conduce Guido Lorenzino, fue aceptada para participar de las audiencias como amicus curiae.
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De esta manera, el organismo podrá aportar elementos útiles para ser tenidos en cuenta durante el debate, además de observar que se cumplan todas las normativas relativas al tratamiento de la violencia de género.
“Venimos de un fallo arbitrario que no juzgó el femicidio de Lucía, lo que se explica porque tenemos una justicia que no evoluciona. La mirada de hoy exige perspectiva de género, lo que tiene que ver con un cambio más profundo en la forma de ejercitar la función pública. Este caso es institucionalmente muy fuerte, como fueron otros casos que fueron cambiando conductas, por lo que esperamos que marque un antes y un después”, expresó Lorenzino.
Por otra parte, en el nuevo juicio, la fiscalía y las abogadas de la querella contarán con el asesoramiento científico permanente de la médica forense Virginia Creimer, en representación de la Defensoría y de la familia de la víctima.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes del organismo, la perito buscará demostrar que la joven de 16 años fue violada y asesinada, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad por parte de Farías y Offidani, varones adultos dedicados al narcotráfico y responsables de la violación de derechos de niñas y adolescentes.
Asimismo, la Defensoría también realizó un pedido de juicio político contra los jueces del Tribunal N°1 de Mar del Plata, Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Juan Facundo Gómez Urso, que en 2018 absolvieron a los acusados de la mayoría de los delitos en su contra y solo los condenaron por venta de estupefacientes. Esto mismo había solicitado el Tribunal de Casación bonaerense.
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Al respecto, el organismo consideró que en esa oportunidad los magistrados no aplicaron la normativa vigente en materia de derechos humanos en relación con la incorporación de la perspectiva de género en el juzgamiento de delito contra las personas y contra la integridad sexual.
En esta línea, se consideró también que aquel fallo estuvo “repleto de estereotipos sexistas y discriminatorios, más parecido a un juicio sobre la biografía de Lucía y no de la conducta de los acusados, que terminó en una revictimización para una víctima mujer menor de edad”.
El caso de la joven, que al momento de los hechos tenía 16 años, comenzó en el 2016, cuando le preguntó a su amiga Belén si conocía a alguien en Mar del Plata que vendiera marihuana, y así fue como se contactó por primera vez con uno de los sospechosos, Matías Gabriel Farías.
El trabajo oficial de este muchacho era de pintor en una cooperativa, pero además menudeaba cocaína y marihuana prensada. Había entrado al kiosco de Belén directamente para “piropearla”. Anotó su teléfono celular, la invitó a salir y le ofreció drogas. Ese mismo día, unas horas después, Lucía le escribió desde el teléfono de su amiga para comprarle marihuana y el dealer le dijo que al otro día se lo llevaba a la puerta de la escuela. Eso hizo.
Menos de 24 horas más tarde, Pérez moriría en la cama de la casa de Farías, en el barrio Alfar. El hombre, junto a dos cómplices, la llevaría desvanecida a una sala de atención primaria cercana. No había nada más que hacer.
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