Tres autos de competición que ingresaron al país desde Chile para correr en el Campeonato Argentino de Rally despertaron serias sospechas en la Aduana: agentes de ese organismo creen que podrían estar vinculados a una maniobra de contrabando, sospechas que se acrecentaron luego de conocer el nombre detrás de los vehículos importados, valuados en más de 600 mil dólares (200 mil por unidad).
Se trata de Mario Vicente Baldo, un piloto de rally condenado en 2009 por narcotráfico aéreo. Sucede que su esposa figura en la documentación de importación presentada en el Paso Internacional Cristo Redentor, en Mendoza. “Es un contrato con cuatro renglones, eso nos hizo sospechar que podían estar simulando una realidad económica que no es tal”, detallaron fuentes del caso a Infobae.
En septiembre de 2009, Baldo -que también es productor agropecuario y aviador- fue condenado a 12 años de prisión efectiva por ser considerado partícipe necesario contrabando calificado de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes y por el empleo de un medio de transporte aéreo en vuelo no autorizado.
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En resumen, la Justicia consideró que formaba parte de una organización que traficaba marihuana desde Paraguay. La causa fue conocida como los “narco-voladores” y comenzó con el secuestro de 161 panes de marihuana en el peaje de la localidad cordobesa de Corral de Bustos, sobre la Ruta 9, retrató La Voz en ese momento. Los ladrillos incautados llevaban el sello de “100 por ciento pinito puro”. De esta manera, la banda garantizaba la máxima calidad de la droga.
El perfil socioeconómico de Baldo fue considerado como un agravante por los jueces que dictaron la pena: “Su nivel de preparación, el ejercicio de una actividad comercial y el desarrollo socioeconómico, presuponen, por un lado, una mayor noción de la gravedad de los actos y, por otro, la nula necesidad para quien, en principio, encontrándose en la plenitud de la edad de un hombre, no tendría dificultades en obtener el sustento propio de la familia por medios honestos”.
Los investigadores descubrieron en ese entonces que para la compra avioneta Cessna, que habría sido utilizada para el envío de cargamentos, usó de la cuenta de su esposa. Además, determinaron que no podía justificar su crecimiento patrimonial y establecieron la creación de empresas fantasmas del matrimonio.
El automovilista y aviador, oriundo de José María, cumplió esa condena, pero no terminaron allí sus problemas con la Justicia. Fue acusado de resistencia a la autoridad luego de pelearse con personal del autódromo de Rosario. En abril de 2020, la Policía de Córdoba secuestró su helicóptero debido a que violó la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus. El productor había volado hasta el barrio La Pedrera para comer “un asado con amigos”, le habría dicho a los agentes, según Cba24.com.ar.
El nuevo caso de contrabando en el que aparece involucrado Baldo puso en alerta a las autoridades sobre los ingresos de vehículos de rally al país para participar de la competencia que se desarrollará el 24 de febrero. A partir de este momento, la documentación presentada tendrá una inspección más exhaustiva.
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“Generalmente, entran los autos por Chile o Uruguay y, en ocasiones, por Paraguay. Lo que hacen es comprar el auto, ponerlo a nombre de una empresa de alguno de esos países e ingresarlos temporalmente para evitar declarar ser los propietarios”, indicaron fuentes con acceso al expediente la modalidad.
Respecto al caso que involucra a Baldo, las fuentes consultadas por este medio sostuvieron que, en caso de comprobarse el contrabando, sus autores “estaban muy confiados, pensando que al ser una competencia deportiva no los iban a inspeccionar”.
Los vehículos son tres Hyundai i20 NG, preparados especialmente en Alemania para la alta competencia. Su comercialización está limitada a pilotos y equipos de carrera. Según la documentación presentada ante la Aduana, por Baldo, su hijo y el reconocido piloto Federico Villagra, múltiple campeón de rally.
La maniobra sospechosa
Los automóviles ingresaron a la Argentina desde Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor como carga de un camión. Cuando la Aduana le pidió a la importadora la documentación de la importación, se presentó un contrato que establecía que los tres vehículos, junto con los repuestos necesarios para competir durante todo el año en el Campeonato Argentino de Rally, eran cedidos por una empresa chilena a otra argentina en forma de comodato, es decir, un préstamo gratuito.
Esto último despertó la sospecha de los agentes aduaneros mendocinos, ya que por el valor de la mercadería (superior a los 600 mil dólares) y el deterioro natural que le produciría correr a velocidades extremas durante alrededor de diez meses, la documentación resultaba especialmente inverosímil.
Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP manifestaron que se han acostumbrado a ver cláusulas interminables en esta clase de contratos, que apuntan anticiparse a todos los imprevistos que pudieran surgir durante las carreras de alta competencia.
Asimismo, una inspección más exhaustiva fue encontrando elementos que, entienden, apuntarían a infracciones adicionales. Por un lado, un motor que el año pasado se importó por un valor en torno a 18 mil dólares, en esta destinación se registró en apenas USD 2.500, cosa que para un auto de carrera suena improbable. Por otro lado, los agentes del organismo que dirige Guillermo Michel constataron que había repuestos que habían sido declarados como usados y en realidad son nuevos.
Finalmente, investigaciones preliminares encontraron el antecedente de que estos mismos vehículos de rally Hyundai i20 habían ingresado bajo el régimen de importación temporal el año pasado para competir en el Campeonato Argentino de Rally. Sin embargo, se encontró que también fueron utilizados en el campeonato cordobés, para el cual no estaban autorizados, lo cual constituye una infracción al artículo 970 del Código Aduanero. Por esa razón, podría caber una multa superior a 40 millones de pesos.
Los agentes de la Aduana trabajan con dos hipótesis: los coches habrían sido alquilados -no cedidos-, lo cual obligaría a que la operación tribute en nuestro país; o en realidad los argentinos son dueños de los autos, cosa que también los haría pasibles de tributos ante el fisco.
Si se comprobara que la maniobra es un hecho de contrabando, la Aduana no sólo secuestraría los automóviles en cuestión, sino que, por el valor de la mercadería, podría aplicar una multa que, como mínimo, superaría los 110 millones de pesos. Así, sumado a la penalidad por las irregularidades encontradas en la importación de 2022, las sanciones estarían por encima de $150 millones.
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