Hace poco más de 23 años, en la misma sala donde por estos días se juzga a los ocho acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, la doctora María Claudia Castro intervenía en otro juicio que acaparó la atención pública, el del asesinato de José Luis Cabezas. Venía de trabajar años atrás en el juzgado de José Luis Macchi, que instruyó la causa por el secuestro y homicidio del reportero gráfico, y para el debate oral de ese caso, que comenzó a fines de 1999, fue designada fiscal de instrucción: junto a dos colegas lograron la condena a perpetua para todos los autores del hecho.
Desde entonces inició un extenso camino hasta llegar a presidir el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que desde hace varios años también integran los jueces Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari.
Los tres cuentan con amplio recorrido y son elogiados en la esfera judicial. “Serios, de perfil bajo y gran trayectoria profesional”, los describe una fuente del mismo ámbito. “Son tres jueces con mucha experiencia, muy preparados”, agrega alguien que frecuenta los tribunales de Dolores.
Castro tiene 54 años. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y egresó en 1992. Trabajó en la Asesoría Letrada de la Policía de la Provincia y después recaló en el juzgado de Macchi.
La investigación sobre el crimen de Cabezas tuvo una relevancia especial en su carrera. Así lo mencionó en una entrevista con elDiarioAR: “Éramos un juzgado que tenía una planta de secretaria auxiliar, letrado, oficial mayor, tres o cuatro empleados y nada más. Por lo cual, en lo personal significó una carrera acelerada en todo lo que es el procedimiento penal”.
Luego de varios años en desempeñándose en el Ministerio Público Fiscal, Castro desembarcó en 2014 en el TOC N°1, que fue sorteado para juzgar el caso Báez Sosa en mayo de 2021. Otra fuente judicial dice que le dejó “muy buena impresión” su actuación en el proceso contra los rugbiers: “Lo condujo muy bien, con aplomo, con dominio de las audiencias, como una autoridad dúctil”.
En uno de sus últimos casos que adquirieron trascendencia en los medios de comunicación, la magistrada se encargó de dirigir, en abril del año pasado, el debate del juicio por jurados contra dos jóvenes que fueron condenados a perpetua por matar a Javier Ayuso, en 2017.
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Rabaia, por su parte, tiene 47 años e integra el cuerpo desde hace más de tres. Egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2001 y en los primeros años de carrera se dedicó a la actividad privada, con un estudio propio en el municipio de Quilmes. Y desde 2005 empezó su recorrido en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Previo a su arribo en este tribunal, trabajó en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Dolores junto a la fiscal Gabriela García Cuerva. Al momento de su jura como juez, en agosto de 2019, ella resaltó tanto el “aspecto personal como funcional o espiritual” de Rabaia y le agradeció que hubiera “estado a su lado en los momentos difíciles, esos que a uno le toca sobrellevar”, según un artículo de El Mensajero de la Costa. En aquella ceremonia estuvieron presentes, entre otros funcionarios judiciales, la doctora Castro y otro de los participantes del presente juicio contra los rugbiers: el fiscal de instrucción Juan Manuel Dávila.
El tercer integrante a cargo del debate por el caso Báez Sosa es Lázzari. Es el más joven (42) de los tres y, en su caso, llegó al Tribunal un año antes que Rabaia, en 2018, por decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Esto se debe a que forma parte del Cuerpo de Magistrados del Máximo Tribunal provincial, que se utiliza para cubrir vacantes libres por ausencia de los jueces titulares en cualquiera de las instancias judiciales.
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Lázzari también se desempeña como juez Correccional de Dolores y compone la Red de Jueces Penales bonaerenses, que fue creada hace más de 22 años y se define como “una entidad que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal”.
El magistrado fue, entre 2020 y 2022, uno de los miembros de la comisión revisora de cuentas de esa organización que también tiene en sus filas a Castro, quien actualmente integra la Comisión Directiva, ocupando hasta 2024 el rol de protesorera.
Esta semana se terminó el debate del juicio por el crimen de Báez Sosa. Presentadas las pruebas, la fiscalía y el particular damnificado coincidieron en sus alegatos y pidieron prisión perpetua para los ocho imputados.
A su turno, la defensa solicitó la absolución de todos los rugbiers, aunque en su exposición planteó subsidiariamente que, en caso de existir una condena, se considere encuadrar el hecho bajo las figuras de homicidio en riña (que tiene una pena de 3 a 6 años de reclusión o 1 a 3 de prisión), homicidio preterintencional (de 2 a 6 años de cárcel) u homicidio simple con dolo eventual (de 8 a 25 años).
Ahora, se espera al 6 de febrero, fecha en la que se conocerá el veredicto del Tribunal.
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