Un hombre y una mujer fueron detenidos el pasado martes en Rosario tras ser ordenado por el fiscal de la Unidad Especial de Balaceras, Pablo Socca. La causa que llevó a estos procedimientos comenzó luego de que Socca recibiera diversas denuncias por intimidaciones a comercios de la zona sur y sudoeste de la ciudad. Hasta aquí, nada sorprendente: la extorsión, además del narcotráfico, es el otro gran negocio para la industria local del sicariato.
Sin embargo, la trama del caso cambió rápidamente. Al parecer, hubo una confusión.
Después de varias medidas investigativas, el hombre arrestado, identificado como D.G., quedó en libertad, ya que se comprobó que era una víctima de una extorsión. Lo capturaron en medio de una maniobra policial, una entrega controlada, pensando que era un sospechoso.
Luego, la Justicia detectó que había pagado un apriete mafioso por transferencia bancaria y que además había sido obligado a retirar “un paquete” bajo amenaza de muerte. La persona que se sospecha estuvo detrás de toda la maniobra fue identificado como Joaquín F., hoy preso en la cárcel santafesina de Coronda.
Así, el recluso será imputado este viernes por la mañana en el Centro de Justicia Penal. En el banquillo de los acusados también estará Carla P., detenida el martes, que es su novia. El fiscal Socca les atribuirá al menos cinco extorsiones a negocios de la zona de bulevar Oroño al 4000.
Los roles, para la investigación, hoy parecen estar claros. El preso era quien llamaba o mensajeaba a las víctimas. Y el relato era siempre el mismo, de acuerdo a las distintas denuncias que ingresaron al Ministerio Público de la Acusación: decía ser “de los Cantero” (en alusión a la banda narco Los Monos), exigía un pago único de 250 mil pesos o cuotas semanales de 50 mil pesos a cambio de no atacarlos a tiros, y en caso de que la persona no tenga efectivo le daba distintos CBU para hacer una transferencia.
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La mujer detenida fue filmada depositando amenazas en distintos locales, donde daba una línea telefónica de su novia para comunicarse. También es la titular de uno de los CBU brindados por el recluso para recibir pagos de extorsiones.
Entre las intimidaciones, Socca investiga, precisamente, la que sufrió D.G., el inocente detenido, quien cedió ante las comunicaciones de tinte mafioso y pagó por transferencia bancaria a un CBU que dio Joaquín F. a través de un mensaje de texto de WhatsApp. Si bien el monto no trascendió, la operación quedó registrada.
Después de haber abonado, de acuerdo a la investigación, D.G. fue amenazado por el preso de Coronda, quien le dijo que lo iba a mandar a matar si no iba a retirar un supuesto paquete a la esquina de Doctor Riva y Oroño. Cuando la víctima llegó a esa intersección, un hombre le dio dinero falso en una bolsa de papel madera y lo detuvo, ya que en realidad se trataba de una entrega controlada ejecutada por policías de civil de la brigada de Extorsiones de la Agencia de Investigación Criminal.
A través de ese arresto, el fiscal y los investigadores policiales detectaron una nueva modalidad de llevar adelante las cobranzas de las extorsiones, donde algunas víctimas son obligadas a ir a retirar dinero de otras intimidaciones para evitar caídas de integrantes de presuntas organizaciones criminales.
De esta forma, D.G. pasó de ser un presunto partícipe en las extorsiones a quedar libre y luego a ser incorporado como víctima en el expediente, motivo por el cual los delincuentes que lo amenazaron serán acusados penalmente.
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