Qué dice el habeas corpus presentado por los rugbiers ante la Corte Suprema

La estrategia defensiva de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa tiene un pilar fundamental desde el día 1 de la causa. Se repitió, por ejemplo, en el comienzo del juicio: los ya conocidos planteos de nulidades.

Los letrados que asisten a los acusados están convencidos de que se cometieron errores imperdonables en el comienzo de la investigación y que, por esta razón, todos los imputados deben quedar en libertad. Lo plantearon ante el juez de instrucción, ante la Cámara de Apelaciones y ante el TOC N°1 que los está juzgado en el juicio que se desarrolla en estos momentos en dolores. Fracasaron en todas estas instancias.

Sin embargo, insisten. Y lo hacen frente al máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí llegó en septiembre de 2021 un habeas corpus firmado por el letrado Horacio Henricot, en el que platea las mismas irregularidades que ya se presentaron anteriormente, con la intención de que en esta oportunidad sean admitidas. El expediente, confirman fuentes judiciales, no tuvo movimientos hasta hoy.

¿Qué se reclama en este habeas corpus? Básicamente lo mismo de siempre: se plantea que los acusados están detenidos de manera ilegal y se habla de que se “vulneraron sus garantías procesales” con indagatorias fuera del debido procedimiento. En el mismo sentido, se insiste en que no se les exhibieron los videos que forman parte del expediente, una una prueba clave.

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Sobre este último punto habla largamente el documento de 300 páginas, al que pudo acceder Infobae: “¡Las imágenes que constituyen la centralidad de la prueba incriminatoria invocada por el Estado, nunca fueron exhibidas a los imputados! Y el motivo que invocó la funcionaria (la fiscal Verónica Zamboni), que en representación del Estado tenía la obligación de exhibir el contenido de los videos que ofrecen esas imágenes, fue la “falta de espacio”. Para utilizar las palabras exactas de la Señora fiscal: “carencia de espacio físico”, expresa el texto.

Sobre los presuntos errores en el proceso y en la toma de indagatorias a todos juntos, también se explaya el doctor Henricot: “En ‘todas las audiencias’ estuvieron presentes la Señora Fiscal Verónica Zamboni y la Señora Defensora Oficial María Verónica Olindi Huespi. Y “todas las audiencias” se realizaron en el mismo lugar. Por lo tanto: la serialización que ofrece la “secuencia temporal” del horario indicado en las actas, da cuenta que estos actos jurídicos se habrían realizado en el siguiente tiempo:a) menos de un minuto respecto de dos imputados. b) menos dos minutos con relación a otros tres imputados. c) menos de tres minutos respecto de otros dos imputados. d) en relación al resto, con un rango máximo que siempre fue inferior a los cinco minutos”.

Al finalizar este apartado, el abogado utiliza una frase para referirse directamente a lo que sucedió en el momento del asesinato de Fernando Báez Sosa: “Lamentablemente debo afirmar que no puede saberse lo que sucedió en realidad ese domingo 19 de enero”.

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Con respecto a la repercusión mediática del caso, el escrito habla de que “los canales de televisión mostraron los videos a la audiencia, en todos los ´formatos´ de su programación. Informativos, magazines, entretenimiento, políticos y hasta se llegaron a exhibir en programas con una clara inclinación al género cómico”. “A esto habría que agregarle la impresionante difusión potenciada por las denominadas redes sociales. De manera tal que podríamos afirmar que ´todo el País´ ha visto estos videos. Aunque, deberíamos valorar que siempre hay alguna excepción que permite afirmar el ´no todo´. ¡Y aquí la excepción la constituyen precisamente los imputados!”, afirmó luego Henricot.

El habeas corpus tiene como objetivo conseguir la libertad de los ocho imputados. Queda claro en el apartado donde se habla de que los rugbiers “permanecen hace 100 días privados de su libertad con la convalidación del juez de garantías David Mancinelli” -que hoy no interviene el expediente dado el paso de instancia- ante, dice la defensa, la “evidente y obscena falsedad de las actas” y el “reconocimiento que la misma fiscal hizo sobre el palmario incumplimiento de la normativa que reglamenta derechos constitucionales”.

Por último, los letrados que defienden a los acusados de asesinar a Fernando aseguran en el texto que en caso de que sus reclamos no prosperen en los estamentos de este país, recurrirán a organismos internacionales de derechos humanos.

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Las quejas de los defensores han tenido un camino largo y plagado de reveses.

El primero en rechazar el reclamo fue el juez de garantías David Mancinelli. La apelación llegó en julio de 2020 a la Cámara de Casación que también dijo que no. En un nuevo recurso, los letrados se presentaron ante la Suprema Corte Bonaerense donde corrieron la misma suerte. Recién allí es que, por medio de un recurso extraordinario federal, llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mientras todo eso pasó en los laberintos de las apelaciones, en Dolores se sigue llevando a cabo el juicio oral y público. Hoy es la sexta audiencia donde los protagonistas están siendo los médicos y peritos.

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