A comienzos de 2020, la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell anunció la llegada de los refuerzos del Operativo Sol de la Policía Bonaerense para custodiar la zona durante temporada de verano. Más de 400 efectivos que habían llegado entre Navidad y Año Nuevo, con la promesa de 17 móviles, entre ellos tres autos cero kilómetro. El despliegue anunciado fue aún mayor, se habló de 650 policías en total, con patrulleros y parejas montadas a caballo para ir por los bosques y las dunas.
Los refuerzos se justifican. Las zonas de discotecas en Gesell suponen una chance de alta conflictividad, riñas de chicos en la vía pública que pueden escalar en disturbios mayores. Pero el 18 de enero de ese año, en horas de la madrugada, ninguno de esos efectivos estuvo presente frente a la disco Le Brique para salvar a Fernando Báez Sosa mientras ocho rugbiers -según la acusación en su contra- lo pateaban en el cráneo hasta la muerte y formaban un cordón de impunidad para evitar que sus amigos intervengan.
Hoy, el rol de la Bonaerense en esta historia resurge, los policías que estaban destinados en la zona aquella noche declaran como testigos en la cuarta audiencia del proceso por el crimen en el Tribunal N°1 de Dolores. Sin embargo, la ausencia de efectivos que intervengan no se volvió un problema evidente en el caso. En enero de 2020, no muchos se preguntaban dónde estaba la Policía.
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Para empezar, los fiscales de Villa Gesell no podían imputar a nadie por el incumplimiento de sus deberes. Razonaron que era un contrasentido acusar a cada policía por cada delito que no previene. Silvino y Graciela Báez Sosa, los padres de Fernando, tampoco objetaron la falta de policías, algo que significaba la primera turbulencia de gestión para Sergio Berni, en su primer Operativo Sol, la típica prueba de fuego para cualquier ministro de Seguridad bonaerense.
Berni atravesó la turbulencia sin mayores problemas. Rodeado por alfiles de su equipo, sus colaboradores estrechos comunicaron a la prensa que los efectivos que debían estar destinados a la cuadra de Le Brique estaban al momento del crimen a pocos metros de distancia en una calle lateral, frenando otra pelea. Esa narrativa, básicamente, debía contentar a todo el mundo.
Cuatro días después del crimen, el ministro visitó a los Báez Sosa en su casa de Recoleta. “El mejor apoyo es poder llegar a dilucidar quiénes fueron los autores y darles la mayor condena”, dijo Berni al salir de la casa de la pareja: “Sé que no va a devolverle la vida de su hijo pero esto fue un asesinato y necesitamos una condena ejemplar, ese va a ser el mayor apoyo”, agregó. Luego, le preguntaron si reforzaría la seguridad en la Costa ante el crimen. Aseguró que la seguridad “se refuerza constantemente”.
Fue un período tenso para el ministro, volátil. Pero después todo siguió como siempre. Poco antes del crimen, Berni le había concedido una entrevista a Infobae un poco profética, donde mostró los lineamientos que luego cumpliría en su gestión. Entre sus definiciones, aseguraba que con él se acabarían los virtuales linchamientos de personal policial encabezados por Asuntos Internos que caracterizaron a la gestión anterior de Cristian Ritondo, caracterizada por pases a disponibilidad en masa cuando un hecho golpeaba a la opinión pública y se traducía en un papelón, un anuncio que fue bien recibido por diversos sectores de la fuerza.
Berni cumplió. Por el crimen de los rugbiers, recuerda una altísima fuente policial, no hubo sanción alguna para ningún efectivo. El policía Maximiliano Rosso Suárez, destinado a la zona, corrió al lugar con Fernando ya moribundo para practicarle maniobras de RCP y comienza una alerta por radio. Ese mismo jefe recuerda que, por su actuación destacada, Rosso Suárez, en ese entonces oficial subayudante, fue premiado. Según su declaración en la causa investigada por la fiscal Verónica Zamboni, Rosso hasta llegó a usar un desfibrilador.
“El grupo de servicio, que lleva equipo anti tumulto, estaba apostado a 20 o 30 metros del boliche con una camioneta de transporte. Los llaman porque a otros 20 metros, sobre la calle lateral, había otra pelea entre dos grupos de chicos. Rosso era el último oficial de la formación. cuando estaba en la esquina escucha los gritos de Fernando. Decide asistir a Fernando en vez de correr a los sospechosos. Luego, la ambulancia demoró, y demoró mucho”, recuerda un alto funcionario policial. Esa ambulancia, según el expediente, tardó 20 minutos en llegar.
El acta de procedimiento labrada por la Bonaerense que consta en la causa por el crimen asegura que “personal policial de operativo abocado a la prevención de expansión nocturna en la zona del boliche bailable Le Brique situado en calle Avenida 3 entre Avenida Buenos Aires y Paseo 102 de Villa Gesell, procedió a constituirse en las inmediaciones del lugar concurriendo allí debido a una presunta gresca, disuadiendo en un primer momento la situación. Que en una segunda oportunidad, y ya minutos después, el personal policial se constituyó ya en el lugar de los hechos al ser anoticiados de una supuesta gresca entre varios masculinos, lugar donde sobre la vereda de enfrente del bailable proceden a dispersar a los masculinos que confrontaban en la zona, constatando la existencia de un grupo de masculinos rodeando a otro sujeto que se hallaba tendido en el suelo”.
El acta presentada habla de una distancia de “minutos” entre pelea y pelea. Sobre la pelea anterior al crimen, “no hubo causas penales al respecto, lo que no significa que no haya existido porque pudo haber incidentes sin lesiones o sólo con intervención contravencional”, asegura una fuente judicial en Dolores.
Virginia Pérez Antonelli, otra testigo en el juicio, también le practicó maniobras de resucitación a la víctima. Antonelli, por su parte, asegura que llegó antes a Báez Sosa que Rosso Suárez. El policía dice lo contrario. En el expediente, Antonelli menciona la llegada de la ambulancia, pero no a la Bonaerense. Lo mismo hace el acta de procedimiento.
Entonces, ¿quién planea la seguridad en la zona y cómo? ¿Quién reparte las fichas? Es, básicamente, un plan conjunto. La Bonaerense arma el dispositivo de seguridad de acuerdo a lo planificado por las secretarías de Seguridad, en conjunto con cámaras de comercio de discotecas y comerciantes, asegura este funcionario. Los empresarios de la noche también juegan un rol en la ecuación.
La muerte de Báez Sosa provocó cambios, dice la fuente: “Se dieron cuenta de que no se trata de tirarle el problema a la Policía, que termine en la calle y listo. Los empresarios metían miles de pibes en lugares sobrepoblados, luego salían a la calle y todo se tornaba ingobernable. Ahora hay ambulancias, profesionales de salud, personal de seguridad más entrenando que en el tiempo del crimen de Báez Sosa. Es un acuerdo que todas las partes tienen que cumplir”.
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