La historia siempre fue fascinante. En 2017, una maratónica causa penal comenzó en los tribunales de Morón contra Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar y su viudad, María Isabel Santos. Les imputaron dos hechos de lavado en el país. El primero se trataba una suerte de servicio, una presentación: ser el vínculo entre el abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet y el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, acaudalado ganadero según él mismo, acusado de ser uno de los mayores traficantes de su país. Para la Justicia local, Piedrahita Ceballos no vino a la Argentina a hacer otra cosa que a lavar su dinero, presuntamente enmascarado en emprendimientos alrededor de Pilar. Mauricio Serna Valencia, “El Chicho”, héroe de Boca y personaje del fútbol local, también fue acusado de ser un artículador del dinero de Piedrahita. Con el tiempo, el capo colombiano, preso en Estados Unidos, se convirtió en arrepentido de la Justicia argentina.
Así, el expediente emprendió su marcha, a cargo del juez federal de Morón Néstor Barral, el fiscal Sebastián Basso y la PROCUNAR, a cargo del fiscal Diego Iglesias. Fue finalmente elevado a juicio en agosto de 2019, luego cambió de jurisdicción y llegó al Tribunal Oral Federal N°2 Comodoro Py -el mismo que condenó a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner-, tras una decisión de la Sala III de la Cámara Federal en 2020, en un expediente marcado por un fuerte ajedrez de nulidades presentadas por las defensas.
Hoy, el juicio está suspendido. El lunes 19 de este mes, el Tribunal N°2 declaró la nulidad de un decreto por el cual se corrió traslado a las defensas luego de una presentación de José Ubeira, abogado de Corvo Dolcet, “por haberse afectado la garantía de defensa en juicio que ampara a los imputados”, un planteo al que adhirieron los abogados del hijo y la viuda de Escobar. Así, envió el expediente de vuelta a la Cámara y un nuevo juzgado deberá ser sorteado.
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La noticia no cayó para nada bien del lado de los fiscales. La misma fuente asegura que el Tribunal “reabrió temas oportunamente debatidos y resueltos, en clara violación al principio de preclusión de instancia, puesto que analizó cuestiones ya tratadas por el Juzgado de primera instancia, la Cámara Federal de San Martin y Cámara Federal Casación Penal”.
Entre las quejas, pidieron por “la nulidad de todo lo actuado a partir de la constancia obrante a fojas 2 (nota de la Drug Enforcement Administration -DEA- de los Estados Unidos de Norteamérica) por entender que se trató de una “ficción jurídica” mediante la cual se realizaron tareas de inteligencia ilegales y que, a través de éstas, se pretendió brindar un sustrato de legalidad. Indicó que habrían intervenido agentes que no pertenecían a la Agencia Federal de Inteligencia en las investigaciones previas supuestamente realizadas, que las conclusiones a las que se arribaron en los informes preliminares carecían de respaldo probatorio y que, en definitiva, ese documento sirvió para escoger arbitrariamente la jurisdicción de la Justicia federal de San Martín”, una queja histórica en el expediente.
También, fueron en contra del acuerdo de juicio abreviado entre Piedrahita y los fiscales, por supuestas falsedades ideológicas e incluso pidieron por la prescripción del caso.
Antonio Pedro Ruiz, dueño del Café de Los Angelitos, vinculado en la maniobra con “Chicho” Serna e imputado en el caso, también presentó un planteo mediante su defensa. Solicitaron que “al menos”, se decrete la nulidad “del procedimiento ‘intermedio’ de discusión sobre las pretensiones de elevación a juicio, pues sin duda en los actos de esa etapa la posibilidad de una defensa eficaz de Ruiz (como la de otros imputados) ha sido gravemente lesionada en razón de los ocultamientos y la privación de información y pruebas relevantes para la oposición a que el caso sea elevado a juicio, lo que finalmente se decidió”.
La polémica, puntualmente, fue por un escrito presentado por Piedrahita.
Ese fue el argumento que ganó.
“Así las cosas, consideramos que la privación a las defensas de acceder al escrito presentado por Piedrahita Ceballos implicó un severo menoscabo al ejercicio del derecho de defensa en juicio de los imputados”.
¿Cómo sigue la historia? Una alta fuente del caso explica: “Técnicamente, el juez de Comodoro Py que resulte sorteado tiene que correr vista a las defensas del requerimiento de elevación a juicio, después clausurar y volver a elevar a juicio”. El impasse puede ser sumamente largo.
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