La llamada Masacre de Wilde ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Roberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron acribillados por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús de la Policía Bonaerense que, según sus relatos, los confundieron con delincuentes. Les dispararon cerca de 200 veces. El hecho se convirtió en un caso insignia en la historia del gatillo fácil en la Provincia.
Este mediodía, a 10.570 días del hecho, se dará a conocer el veredicto contra los acusados en los Tribunales de Lomas de Zamora.
La decisión estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de la jurisdicción, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández.
Los acusados son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez. Todos llegaron al debate en libertad.
En diálogo con Infobae, el abogado Ciro Annicchiarico, que representa a la familia de Edgardo Cicutín y Claudio Díaz, el único sobreviviente, dijo: “Teniendo en cuenta lo que se probó durante la Instrucción y los elementos de prueba agregados durante el juicio -testimonios, pericias y ratificaciones- tengo la más alta expectativa y que los acusados sean condenados a prisión perpetua”. Y agregó: “De todas maneras quiero ser cauteloso porque con la administración de justicia que tenemos uno puede llevarse alguna sorpresa”.
De ser hallados culpables, Annichiarico dijo que pedirá la detención inmediata de los expolicías más allá de que sea “una facultad no obligatoria del Tribunal porque ellos pueden gozar de su libertad mientras el fallo no quede firme”.
Más allá de que está convencido que, esta vez, los familiares van a obtener justicia, sabe que lo espera otro largo periplo ya que el caso “seguramente termine en la Corte bonaerense y eventualmente llegue a la Corte nacional si es que aceptan que hay una cuestión federal de por medio”.
Annichiarico está dispuesto a batallar hasta el final y ya piensa en volver a la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH). ”Ya habíamos ido a la CIDH. Ahora, estamos en un proceso de solución amistoso con la Argentina, el cual fue suspendido dado que se retomó el juicio porque la Corte bonaerense entendió que había una clara violación a los derechos humanos”, explicó.
Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón pidió la máxima pena al considerarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí.
Para Simón existió entre los imputados un “acuerdo previo para matar entre todos”, ya que la prueba demuestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”, a las que emboscaron en la zona de Wilde.
“La acción de cada imputado no es de un mero partícipe sino de los que mantienen dominio sobre el hecho”, aseveró la representante del Ministerio Público al calificar el hecho como “un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado”.
Además, pidió que, de ser condenados, todos ellos queden “inmediatamente detenidos”.
Por su parte, las defensas de todos los acusados pidieron la absolución de los siete expolicías.
De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes fueron juzgados, fueron originalmente imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.
No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que “aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos”.
El 16 de septiembre de 2014 el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, puso fin al dilatado proceso y requirió que los nueve policías acusados sean sometidos a juicio oral. Sin embargo, los diversos planteos de los defensores de los uniformados retrasaron el comienzo del debate durante ocho años más.
Con información de Télam
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