Este jueves, un capitán de navío retirado de la Armada Argentina fue condenado por la Justicia Federal de Bahía Blanca a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional en el marco de una causa por un abuso en perjuicio de una suboficial durante un hecho registrado en el 2015 en el hospital de la base Naval de Puerto Belgrano, próxima a Punta Alta.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal integrado por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Mario Triputti, condenó en las últimas horas al capitán de navío retirado Rubén Francisco Vitaliti, de 75 años de edad por los delitos de “abuso sexual simple” y de “coacción” cometidos en la base Naval de Puerto Belgrano el 12 de noviembre de 2015 y el 17 de noviembre del mismo año.
Desde la Justicia señalaron que “según la causa a cargo del fiscal Gabriel González da Silva los episodios ocurrieron el 12 de noviembre del 2015 cuando la víctima cumplía funciones en el Departamento de Hotelería del Hospital Naval de Puerto Belgrano” y “en un momento dado la víctima se dirigió a la oficina de Vitaliti, quien era su jefe para pedirle ayuda con sus estudios con el idioma inglés”, agregaron.
Según el expediente, al ingresar al lugar la mujer encontró al capitán de navío retirado sentado en su escritorio y luego de un breve diálogo, el marino la tomó de la cintura y le besó el lateral de su pecho izquierdo.
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Allí “instintivamente la suboficial separó al hombre, quien le había indicado: ¨no te hagas problema, besé solo al trapo, para luego retirarse”, agregaron.
Finalmente, y según informó Télam, tras distintas audiencias y testimonios, el Tribunal Federal condenó al marino retirado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, por lo que no quedará alojado en un penal. Además, le impusieron distintas reglas de conducta.
Según el fallo, “deberá fijar residencia y someterse al Patronato de Liberados bonaerense, abstenerse de tomar contacto y acercarse con la víctima a menos de 100 metros de distancia, como además de ningún contacto como telefónico, redes sociales, postal a través de terceros”.
Y “en caso de encuentro accidental o fortuito, deberá evitar todo tipo de acercamiento, diálogo e incluso, gestos hacia la víctima y tomar distancia en forma inmediata de donde ella se encuentre”, agregó el tribunal.
En otro hecho de similares características, otro militar fue condenado por abusar de una subalterna. El caso, ocurrió en la provincia de Jujuy donde luego de múltiples hechos de acoso y hostigamiento, y tras una extensa investigación, el Tribunal en lo Criminal 1 de esa provincia condenó a un ex sargento ayudante del Grupo de Artillería de Montaña 5 a 13 años de prisión por acosar y abusar sexualmente de una soldado voluntaria en agosto del 2019 en la capital provincia.
Los jueces determinaron la condena por “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de la mujer y la misma, según la investigación impulsada por la fiscalía, prestaba servicio bajo las órdenes del acusado, quien en ese momento tenía el cargo de sargento ayudante.
De acuerdo al expediente, en esas circunstancias, a las 18 horas y luego de prestar servicio, el imputado le ofreció a la mujer acercarla a la ex terminal de ómnibus. Sin embargo, lejos de cumplir con lo que le había dicho, desvió el recorrido llevándola a la localidad de Reyes, cercana a la capital jujeña y a la vera de un río.
Al llegar al lugar, Ayarde, imponiendo su autoridad y superioridad jerárquica en la estructura militar de mando, abusó de ella. Luego, con el objetivo de que guardara silencio, amenazó con denunciar que ella le había pegado y por tal motivo le iban a dar la baja como soldado voluntario.
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De esta manera, luego de toda la escena, dejó a la víctima en la vieja terminal de colectivos y volvió a amenazarla diciéndole: “Pensá bien si vas a contar algo, sino te voy a dar la baja”.
Pero la mujer, lejos de silenciarse, lo denunció por múltiples hechos de acoso y hostigamiento. Así fue como, en enero de 2020, Ayarde fue detenido tras meses de investigación.
La jueza Felicia Barrios - presidente de trámite-, Alejandra Tolaba, y Luciano Yapura, ordenaron la obtención del perfil genético del condenado para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, una vez firme y consentida la sentencia.
Mientras que el representante del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Cuellar, pidió 13 años de prisión más la inhabilitación perpetua; los querellantes, Natacha Freijó, Raúl Domínguez y Ariel Ruarte, requirieron 15 años de prisión más inhabilitación perpetua.
Lejos de estos pedidos, la defensa técnica del enjuiciado, en este caso ejercida por Manuel Chavarría, José Longombardo y Rodrigo Cuellar, pidió para su defendido, la absolución por el beneficio de la duda.
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