Condenaron a 16 años de prisión a uno de los narcotraficantes más poderosos del país

La justicia federal de Salta condenó a Reynaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, uno de los narcotraficantes más poderosos del país, a 16 años de prisión por ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de activos.

Los jueces Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, del Tribunal Oral Federal 1 de la mencionada provincia dictaron el fallo contra Castedo y otros seis imputados a los que se les impuso penas de entre 3 y 9 años de cárcel. Además ordenaron el decomiso de una finca de 19.954 hectáreas.

A Delfín Castedo también se lo condenó como partícipe necesario del delito de “falsificación material de documento público” y coautor de “falsedad ideológica de documento público agravada, por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos”.

La investigación del caso estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, que encabezan los fiscales generales Diego Iglesias y Eduardo Villalba. En el debate oral -que comenzó el 3 de noviembre de 2021 y finalizó este miércoles 7 de diciembre- intervinieron el fiscal general Carlos Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier.

Los magistrados condenaron también al hermano a Delfín, Raúl Amadeo Castedo, y al martillero público Eduardo Torino, a 9 años de prisión, como miembros de una asociación ilícita. Por el mismo delito, los comerciantes Alberto Yudi y Luis Yudi deberán cumplir una pena de 7 años de cárcel. En tanto, la exmujer del líder del clan, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de prisión, y Mario Yudi -hijo de Alberto- fue condenado a tres años de prisión por lavado de activos, pero resultó absuelto por el beneficio de la duda respecto a la imputación como miembro de la organización.

Además del cumplimiento efectivo de cárcel, todos los condenados deberán abonar multas de entre 90 mil y 1.200.000 pesos. Los hermanos Castedo rechazaron las acusaciones del TOF 1 y se consideraron víctimas de una persecución en su contra. Por su parte, Torino dijo que era ajeno a los hechos y que todo fue un producto de un “mal negocio”.

Araujo se describió como “una mujer sencilla, de pueblo, que le tocó ser la mujer de Castedo” y los Yudi se limitaron a expresar su inocencia y a pedir una sentencia justa.

En el marco de la misma causa, los jueces ordenaron el decomiso de un Volkswagen Cross Fox, en el que se trasladaba Araujo, el cual quedó a disposición del Gobierno de la provincia de Salta para ser destinado a los Ministerios de Salud o Educación. También se decomisó a favor del Estado Nacional la finca denominada El Aybal, de 19.954 hectáreas, ubicada en el departamento San Martín, del norte salteño. Se trata de una propiedad que limita con la frontera de Bolivia por la cual se traficaba alrededor de 4 mil kilos de cocaína por mes que tendrían a Europa como destino final.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron la labor de la Procunar NOA y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que intervino como querellante en el juicio y con los que la fiscalía compartió casi en su totalidad los argumentos y pedidos de pena para los acusados.

Los fiscales Amad y Viltes Monier mostraron los vínculos que los imputados tenían con otras organizaciones del narcotráfico, tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia, y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.

En base a las pruebas, indicaron que existió un acuerdo de voluntades entre los acusados, dirigido a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de otros delitos aleatorios.

En este sentido, recordaron el homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006, en Salvador Mazza. La víctima había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para “pasar droga” desde territorio boliviano, ya que el campo colinda, en el país vecino, con una propiedad perteneciente a una hermana de los Castedo. En su alegato, el fiscal Amad afirmó que la organización operó entre 1999 y julio de 2016, cuando se detuvo a su líder, tras permanecer 10 años prófugo por el homicidio de Ledesma.

Meses atrás se dio una disputa entre el líder narco y la Universidad de Buenos Aires (UBA) que denunció ante el Tribunal Criminal en lo Federal 2 de La Plata, la tala ilegal y deforestación en los campos de Castedo. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, decomisó esos campos bajo la figura de “recuperación de activos en casos de corrupción” y presunto “lavado de dinero” al presumirse que los bienes fueron adquiridos a través del lavado de activos. En ese marco, la justicia decidió que las dos fincas narco, “El Aybal” y “El Pajeal”, fuesen administradas por la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad de Buenos Aires (SAU).

Fueron las autoridades de la SAU quienes denunciaron la instalación de campamentos con obreros para realizar la tala clandestina y el traslado de la madera en camiones.

Las 28.000 hectáreas en disputa y que la familia Castedo intentó recuperar son de vital importancia para el negocio narco por su ubicación estratégica: la selva que cubre ese suelo y la escasa accesibilidad al lugar hace prácticamente invisible los pasos clandestinos que en su momento abrió Delfín Castedo y que dividían a los dos países con una tranquera.

Con información de Agencia Télam.

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