Luis Kyburg, el marino represor que huyó del país y podría ser condenado a perpetua en Alemania

Andrés y su esposa Virginia tenían 25 años recién cumplidos y una hija de un año en la noche del sábado 31 de julio de 1976. Habían salido a cenar y no se imaginaban, mientras entraban a su departamento en la ciudad de Mar del Plata, que dentro de la casa los esperaba un grupo de tareas de la Marina. Lo que siguió fue una secuencia que los militares repetían en cada operativo: las manos en la pared, el cacheo, los golpes, las preguntas. No tuvieron opción. Después de dejar a L., su bebé, en manos del encargado del edificio y su mujer, se los llevaron.

Andrés manejaba habitualmente por la ciudad y, aunque estaba encapuchado e iba acostado contra el suelo del Ford Falcon verde, reconoció a la perfección el recorrido. El giro en la Avenida Independencia, las primeras lomas hacia el nivel del mar, una subida tenue y la bajada abrupta de la Avenida Colón camino a la Costanera. Iban a la Base Naval. “Lo iba siguiendo en mi cabeza como si lo estuviera viendo”, relata a Infobae desde la ciudad europea donde vive desde su exilio en 1977.

Andrés y Virginia —su verdadera identidad se preserva en pos del proceso judicial que aún está en curso— pasaron desde ese día más de un año detenidos. Hoy tienen 71 años, tres hijos y son sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura.

Ambos declararon en varias de las causas por las atrocidades cometidas en la Base y otros centros de detención donde pasaron. Hoy, 46 años después del horror, Andrés es también testigo en la investigación que la Fiscalía General de Berlín lleva contra Luis Esteban Kyburg (74), ex integrante de la Armada, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y prófugo de la Justicia argentina en la capital alemana.

Las atrocidades de las que fueron responsables él, sus superiores, subordinados y compañeros quedaron acreditadas en los juicios Base Naval 1 y Base Naval 2 llevados a cabo entre 2010 y 2012. Gracias al trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos y los abogados querellantes en las causas, la Justicia argentina pudo reconstruir el organigrama de esa maquinaria de muerte y terror y los distintos niveles de implicación de todos los militares que estuvieron en ejercicio en la Base durante esos años.

En ese documento, en el que apareció por primera vez Kyburg, está claro que el ex marino no sólo participó sino que además ocupó un rango alto dentro de la “Fuerza de Tareas 6″, un nucleamiento de unidades militares de la Armada y la Prefectura Naval entre la que estaba la Agrupación de Buzos Tácticos, de la que él fue subcomandante entre febrero de 1976 y enero de 1977, el período de mayor violencia y crueldad.

En legajo de concepto que integra la causa, documentos fundamentales en la determinación de responsabilidades en la Base, sus superiores incluso reconocen que Kyburg “demostró seriedad y responsabilidad, integrando grupos especiales en la lucha antisubversiva”.

En junio de 2013, el ex marino fue citado a prestar declaración indagatoria junto a otros 18 marinos en el marco de las causas “Base Naval 3″ y “Base Naval 4″, pero no se presentó porque ya no estaba en el país. Fue todo parte de un plan perfecto: previendo que estaban detrás de él, tramitó la nacionalidad alemana, a la que tenía derecho por ascendencia, salió de Argentina por vía terrestre, viajó a Estados Unidos y de ahí a Berlín, donde creyó que estaría seguro.

En parte tenía razón.

Kyburg vivió tranquilo un largo tiempo en un departamento en Prenzlauer Berg, un barrio berlinés cool y pintoresco, de construcciones antiguas, con una gran actividad gastronómica y nocturna en el que viven principalmente jóvenes y familias pudientes; y no cultivó un perfil bajo.

En sus primeros meses en Europa, con un pedido de captura internacional sobre su cabeza desde julio de 2013, el ex marino asistió a un curso de alemán y formó una estrecha amistad con un grupo de jóvenes al que luego siguió frecuentando. Gustaba de ver música en vivo, ir al cine e incluso salía por las noches con su mujer a bailar tango o salsa en una bailanta donde después le negarían la entrada, cuando su pasado se hizo público.

“Se presentó siempre con su nombre real, nos dijo que era de Argentina e incluso contaba que había estado en la Marina. Ninguno de nosotros era argentino y nadie relacionó realmente que podría haber sido militar en los tiempos de la dictadura”, dice a Infobae ahora una amiga de entonces, que prefiere no revelar su nombre y que no puede evitar sentirse de alguna forma en el cliché de la vecina del criminal que asegura para el noticiero que él “siempre saludaba”.

“Era el alma de la fiesta, tenía una gran forma de conectar con las personas. De hecho, tenía varios grupos de amigos y, aunque es un hombre grande, era una persona muy dinámica y social”, dice. Todos lo veían como un hombre elegante, simpático, entrador. Lo recuerdan contando historias de su nieto y de su infancia en Catamarca.

Un día, alguien le envió por mensaje un link con la alerta de búsqueda de Interpol y ella casi se desmaya. “¿Por qué tanto silencio acá? Los extraño y los aprecio”, escribió eventualmente Kyburg en el chat grupal. Nadie volvió a contactarse con él.

“En algunas oportunidades había tenido opiniones políticas muy polémicas sobre la Segunda Guerra Mundial y era un crítico demasiado agresivo de Cristina Kirchner”, recuerda ella, todavía impactada. “Pero, de nuevo, todos pensamos que esto tenía que ver con su edad y no lo confrontamos demasiado. Simplemente adoptamos la actitud que uno toma cuando tu abuela, por ejemplo, dice algo reprochable. Era nuestro amigo, lo queríamos”.

En 2014, sin embargo, ya había llegado a Interpol una denuncia anónima con información sobre su paradero a través de la Embajada Argentina en Berlín. Así, a principios de 2015, el juez federal Santiago Inchausti solicitó a Alemania la extradición de Kyburg para que sea juzgado en su país. Pero la Constitución alemana no permite la extradición de sus ciudadanos y, unas semanas más tarde, la Procuraduría General de Berlín rechazó formalmente el traslado del ex militar.

“El pedido fue denegado, pero a partir de esto, la Justicia alemana tiene el deber de investigarlo”, explica Silvia Rojas Castro, asesora legal del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), una organización con asiento en Berlín fundada por el reconocido abogado Wolfgang Kaleck, que hoy representa a las víctimas en la causa. “Así empezó una investigación de oficio en la que casi no hubo avances durante años”.

Mientras tanto, a principios de 2016 en Argentina, los 12 militares que llegaron a juicio en la causa en la que había sido citado Kyburg fueron condenados.

Recibieron la pena de prisión perpetua, Alfredo Manuel Arrillaga, ex jefe de Operaciones de la Agrupación ADA 601; Juan José Lombardo, ex jefe de la Base Naval y comandante de la Fuerza de Submarinos; Raúl Alberto Marino, también ex jefe de la Base y comandante de la Fuerza Submarinos; Rafael Alberto Guiñazú, ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y ex subjefe de la Base; José Omar Lodigiani, ex comandante de Buzos Tácticos; Alberto Ignacio Ortiz, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Base Naval y comandante del GT6.1; Julio César Falcke, ex jefe de Contrainteligencia de la Base; Daniel Eduardo Robelo, ex jefe de Comunicaciones de la Base y del Departamento Operaciones, y Francisco Lucio Rioja, ex jefe de la sección Inteligencia durante 1978 y 1979.

Juan Eduardo Mosqueda, ex jefe de la Prefectura, fue condenado a doce años de prisión; Ariel Macedonio Silva, ex jefe de la Sección Informaciones de la Prefectura, a diez; y José Francisco Bujedo, el ex suboficial de Infantería de Marina, a ocho.

Luis Kyburg fue el gran ausente en el juicio y el único impune en la causa.

El 24 de marzo de 2017, en el 41º aniversario del golpe militar, Néstor López Corrales, cuyo hermano Fabián fue desaparecido a sus 19 años en Mar del Plata y Luis Tomé, un ex militante peronista exiliado durante la dictadura participaron de una reunión virtual entre activistas de derechos humanos, familiares de desaparecidos y sobrevivientes que residen en Europa y Argentina. En ese evento se mencionó a Kyburg y los dos argentinos, junto con el periodista Toni Hervida, decidieron indagar un poco más en el tema y acercar la información al ECCHR.

Así conocieron a Simon Rau, un joven abogado alemán que falleció en 2019 y que resultó clave para el proceso que hoy podría llevarlo a la cárcel. Él examinó el caso y encontró el camino legal correcto: con una querella —que sólo podía ser un familiar directo de una víctima— podía hacerse una denuncia contra Kyburg en Alemania por su responsabilidad en los crímenes cometidos en la Base Naval.

Kaleck y Rau se contactaron entonces con el abogado marplatense de derechos humanos César Sivo, y a través de él llegaron a Anahí Marocchi, hermana de Omar Marocchi, desaparecido junto a Susana Haydeé Valor en la Base Naval en la época en la que Kyburg ocupaba un alto cargo.

Omar y Susana eran novios. Él tenía 19 años y ella 25. Se habían conocido en la ciudad de Tandil donde ambos crecieron, y militaban juntos en Montoneros. Los dos estaban amenazados por su actividad política y a comienzos de 1976 decidieron mudarse a Mar del Plata. “Lo hablaron con sus compañeros y creyeron que cambiando de ciudad se iban a proteger. Obviamente fue una lectura errada, fue muy arriesgado”, dice Anahí Marocchi, hermana mayor de Omar, con todo el peso de la ausencia sobre sus hombros.

El 18 de septiembre de 1976, un grupo de tareas de la Marina irrumpió en su casa, los secuestró y los llevó — según pudo saberse luego a través de declaraciones de otros detenidos— a la Base Naval. Por testimonios de familiares, se cree que Susana estaba además embarazada de tres meses cuando fue secuestrada.

Del destino de Omar Marocchi y Susana Valor o del bebé que podría haber nacido en cautiverio no se tiene ninguna otra información hasta el día de hoy.

Lo que puede haber ocurrido con ellos en su detención es reconstruido gracias al testimonio de sobrevivientes como Andrés y Virginia.

“En la parte de abajo de la Base, en una especie de pequeño subsuelo, estaba la sala de torturas”, recuerda él. “Era un cuarto de 5 x 8 metros más o menos, con un camastro de metal, como la base de una cama con patas de hierro y una plataforma donde te ataban de manos y pies y te aplicaban picana eléctrica. No puedo decir cuánto tiempo duraban porque la noción del tiempo la perdías por completo. A Virginia y a mí nos bajaron dos veces, por separado: nos torturaron con picana eléctrica a los dos y después a ella uno de los oficiales además la manoseó e intentó abusar de ella”.

Pero ellos pueden decir, a pesar de todo, que tuvieron suerte. Después de la Base Naval a ambos los trasladaron a la Escuela de Sub-Oficiales de Infantería de Marina (ESIM), el Buque ARA 9 de Julio y luego a cárceles comunes -él a Sierra Chica y ella a Devoto-, donde se “blanqueó” su detención y pudieron solicitar, a través del padre de Andrés, que era abogado, la salida del país junto a su pequeña hija en 1977.

La complejidad del proceso que continúa abierto en Berlín es que Kyburg no puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, como sí ocurriría en Argentina. Alemania tiene un Código Penal de Derecho Internacional para el tratamiento de este tipo de delitos que está vigente desde 2002, pero que no aplica en retroactivo. Por este motivo, el fiscal Dirk Feuerberg de la Fiscalía General de Berlín investiga a Kyburg por el delito de homicidio, que en el Código Penal Alemán es el único que no prescribe.

“Aunque esta postura tiene muchos desafíos”, explica Rojas Castro. “Por ejemplo, el principal problema es que no tenemos un cuerpo. Entonces tenemos que demostrar a la fiscalía cuál fue el nivel de represión y de sistematicidad de los crímenes en la Argentina que nos llevan a pensar que Omar Marocchi y todas las otras personas desaparecidas por la dictadura en estas circunstancias fueron efectivamente asesinadas”.

“Hay que acercar a la fiscalía a la lógica de la dictadura de Argentina”, insiste Wolfgang Kaleck, que desde los años 90 integra equipos legales en causas sobre la dictadura argentina. “Ya en esa época juristas y familiares nos decían que no podíamos tratar a las desapariciones como homicidios, pero esta es la única alternativa que tenemos para que exista la causa”.

La pandemia de COVID-19 atrasó todo. La fiscalía buscaba viajar a Argentina para tomar personalmente las declaraciones de los testigos de la causa y, como esto no fue posible, tras una gran demora finalmente se resolvió entrevistar a familiares y sobrevivientes a través de videoconferencias. Recién a principios de este año terminaron de realizarse las últimas, que son extensas y deben ser transcritas, traducidas y verificadas en un proceso que es lento.

La etapa de investigación, sin embargo, ya terminó. Ahora la fiscalía debe tomar una decisión: acusar formalmente a Kyburg o dar por concluída la investigación sin procesarlo. En julio de este año, el secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, visitó Alemania y se reunió tanto con el fiscal Feuerberg como con los abogados del ECCHR para remarcar el interés del Gobierno en el avance de la causa.

Una vez tomada la decisión, un juicio podría durar entre 6 meses y dos años y Kyburg podría ser condenado a prisión perpetua. Llegado el caso, por su edad y estado de salud probablemente sea en un régimen domiciliario.

A mediados de 2020, cuando el caso se hizo público, un cronista y un camarógrafo alemanes interceptaron a Kyburg en la calle y lo interrogaron por su situación y los 30 mil desaparecidos. “No, yo leí la causa. La historia es distinta. Como nosotros no confesamos, nos endilgaron todas las muertes desde el 76 al 79. Pero ese número no es cierto, son muchos menos”, respondió él.

En ese momento el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata denunció que Kyburg recibió “durante años” una pensión honorífica como veterano de Malvinas sin haber participado nunca de ninguna acción de combate ni haber estado siquiera en las islas.

“Por eso la condena no es lo importante para nosotros ahora”, remarca Kaleck. “Primero queremos que haya un juicio. Porque él hasta ahora no quiere entender nada, no entra en razón. Mejor. Me imagino una confrontación muy interesante con los hechos frente a un tribunal. La Justicia argentina ha probado que sabe tratar con crímenes de lesa humanidad como casi ningún sistema judicial nacional lo ha logrado. La experiencia argentina es un ejemplo, los alemanes no tienen que enseñarle a los argentinos cómo funciona la Justicia”.

“Alemania todavía juzga y condena a gente que cometió crímenes en el nazismo. Si ellos realmente sintonizan con esa idea y esa tradición, entonces yo tengo esperanza”, dice Andrés en esa misma línea. “Me encantaría que lo condenen pero que lo investiguen ya es un paso adelante. Es fundamental que no quede en la historia la memoria de los vencedores, sino la de los vencidos. Es un legado que hay que dejarle a las generaciones que vienen”.

Esto mismo pensó Ezequiel Monteros, representante de la filial alemana de H.I.J.O.S, que en septiembre de 2020 organizó un “escrache” en el barrio de Prenzlauer Berg para alertar a los vecinos sobre la presencia de Kyburg. “No se puede vivir tranquilo si tenés un criminal suelto haciendo de abuelo bueno. No es un tema del pasado. Al no estar Kyburg preso es un problema del presente. Y Alemania tiene la responsabilidad histórica de juzgar los crímenes de lesa humanidad”.

Para Anahí Marocchi también hay mucho en juego en este caso. “En lo colectivo siento que si uno no desarma esa impunidad, entonces permite la repetición. Parece mentira que todavía haya que explicar que no se trata de venganza. Nosotros les damos todas las garantías que ellos no le dieron a nadie, sólo queremos justicia”.

Luego su voz se quiebra, es el recuerdo de Omar: “Quienes tenemos a nuestros seres queridos desaparecidos nunca podemos hacer un duelo y cargamos un dolor muy grande. Por eso, en lo personal, siento que cada paso que damos me ayuda a reconstruir los últimos momentos de mi hermano y de Susana. Y eso me permite acompañarlos”.

Esta investigación fue realizada con el patrocinio del Internationale Journalisten-Programme (IJP). Otra versión del artículo fue publicada en el diario alemán Tageszeitung (TAZ)

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