La Cámara de Casación Federal anuló un fallo que beneficiaba a un ex juez y pidió investigar la corrupción en la Justicia de Mar del Plata

“¡Feliz cumpleaños, viejito! Que lo pases bien y andá pensando cuándo pagás una cena”, escribió uno. Y su interlocutor respondió: “Gracias, cuando quieras, un abrazo”. Esa fue una conversación de WhatsApp del 7 de marzo de 2015. Nada fuera de la común de no ser por quiénes se mensajeaban. Se trataba de Alejandro Ferrarello, abogado marplatense, y Jorge Ferro, ex juez federal de la Cámara de Apelaciones de esa ciudad. Ambos se conocían desde 2002. En marzo de 2018, el magistrado renunció tras casi 35 años en el Poder Judicial. Su vínculo con el letrado fue la causa e incluyó una denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura, que terminó con una revocación del procesamiento de la Cámara Federal de Mar del Plata. Sin embargo, en las últimas horas ese fallo fue anulado. En el medio, un prostíbulo vip como nexo.

La Cámara de Casación Federal ordenó en las últimas horas investigar los casos de corrupción en la Justicia marplatense. Así, según el fallo al que accedió Infobae, revocó el procesamiento dictado por la Cámara Federal de Mar del Plata contra Ferro por violación a los deberes de funcionario público en nueve hechos; y el de Ferrarello por tráfico de influencias agravado: o sea, por lavar el dinero del cabaret Madaho’s, que luego se convirtió en un centro cultural y educativo.

Es que todo comenzó a raíz de la información obtenida en los peritajes realizados en dos teléfonos y una computadora de Ferrarello secuestradas en el marco del allanamiento ordenado en 2015, en la causa donde se investigaba la posible comisión del delito de trata de personas en Madaho’s.

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En el marco de esa causa, se investigan diversos hechos en los que habrían participado Ferro mientras cumplía funciones como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y los integrantes del estudio jurídico “Games y Asociados”, integrado por Ferrarello, María de las Mercedes Hernández Morahín y Federico Gil de Muro.

En ese marco fue que este martes la Sala IV de Casación Federal hizo lugar al recurso de casación presentado por el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) contra el ex camarista Ferro. La decisión fue de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, quienes anularon por unanimidad la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata, que también había revocado los procesamientos de Hernández Morahín y confirmado el sobreseimiento de Gil de Muro.

El juez Hornos fue quien lideró el acuerdo y contó con la adhesión de sus colegas: la decisión fue unánime y se remarcó que en este tipo de investigaciones “la tarea jurisdiccional debe llevarse adelante con particular minuciosidad y responsabilidad, toda vez que el Estado argentino se comprometió a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promoviendo la probidad y la transparencia, así como también buscando erradicar cualquier atisbo de corrupción del ámbito público”.

En la sentencia, el juez Hornos destacó: “No es posible omitir las distintas comunicaciones mantenidas entre los imputados relacionadas a cada proceso analizado en el marco de estas actuaciones -acertadamente destacadas en forma precisa, clara y concordante por el juez instructor al dictar el auto de procesamiento-; dado que esos elementos probatorios necesariamente deben ser analizados en forma conjunta para determinar si nos hallamos en presencia de un injusto penal y no de simples y aisladas infracciones disciplinarias, como entendió la Cámara Federal de Mar del Plata”.

Por último, los jueces destacaron, además, que existen medidas de prueba pendientes de producción en orden a investigar la posible comisión de delitos de índole económico por parte de los imputados.

Fue una notebook y un teléfono LG vinculados al abogado los que fueron encontrados en una redada a Madaho’s en 2015, puntapié inicial del caso. Los aparatos fueron enviados a la división Apoyo Tecnológico de la PFA para extraer sus contenidos. Además del saludo cumpleañero por WhatsApp, se revelaron contactos y mails que databan desde 2010, un flujo de llamadas entrantes y salientes, según publicó Infobae en 2018.

La casilla de Outlook en la notebook de Ferrarello reveló, por ejemplo, un contrato de alquiler entre Ferro y un supuesto empleado del estudio en donde trabajaba el abogado, en otros correos Ferro le enviaba fallos completos. Una empleada del estudio le preguntó a Ferrarello en marzo de 2010 si “se podrá hablar con Ferro o con alguien de menor jerarquía para que me dejen fotocopiar el expediente.” La misma empleada aconsejó poco después que “estaría bueno que hables con Ferro para que nos concedan el recurso y no lo manden a la Corte Suprema.”

Esos resultados llevaron a la PROTEX, la PROCELAC y al fiscal Nicolás Czizik a denunciar a Ferro en el Consejo de la Magistratura. Los ejes de la acusación: la “relación de afinidad personal” entre ambos, la “cooperación profesional mutua” con movimientos de Ferro que beneficiaban al estudio de Ferrarello y la aparente “influencia indebida” del abogado sobre el juez.

O sea que, según la denuncia, Ferro favoreció a Ferrarello en la causa Madaho’s y a los imputados en general. En un voto de julio de 2015, el ex juez aseguraba que no advertía de la prueba recolectada “elementos que permitan mínimamente presumir al menos con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal” la existencia del delito de trata de personas: el ex camarista argumentaba que las mujeres contaban con libertad de movimiento y poseían sus propios documentos, entre otros puntos.

Luego, pidió que se le devuelvan los teléfonos y la computadora incautadas al abogado, que la retención “ha dejado de ser necesaria y sí arbitraria”. Ferro validó también un planteo de recusación de la defensa de Ferrarello contra el juez federal del caso, Santiago Inchausti, en disidencia con los otros dos magistrados de la Sala, Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, un voto emitido en agosto de 2016.

César Sivo, defensor de Ferrarello, aseveraba por 2018: “Ferrarello es una persona de trabajo, estuvo toda la vida vinculado al mundo del derecho. Hay una vinculación innegable con el camarista, las vinculaciones entre gente del derecho son normales. Ha aparecido inconveniente  porque Ferrarello terminó de manera indebida dando vueltas en un proceso penal. Que haya una vinculación no tiene nada grave, no invalida el conocimiento ni el trato previo. Al día de hoy no hay nada acreditado. Es poco probable que pueda haber un favorecimiento específico”.

Así llegó la revocación del procesamiento que ahora la Cámara de Casación Federal anuló y ordenó investigar los casos de corrupción en la Justicia de Mar del Plata.

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