La trama detrás del cura acusado de violar monjas que uno de los jefes de la Iglesia católica quiso beneficiar: le pidieron 15 años de cárcel

El sacerdote Manuel Fernando Pascual todavía cobra su sueldo de 50 mil pesos del Arzobispado de Buenos Aires, con aportes incluidos, pero ya no celebra misa hace tiempo, ni da ningún sacramento. No quiere hacerlo. Perdió el deseo, dicen cerca suyo. Tal vez necesite su fe para tiempos mucho más graves. Ayer por la tarde, luego de más de dos años de juicio, el fiscal Andrés Madrea pidió ante el Tribunal Oral N°3 que Pascual sea condenado a 15 años de prisión. El delito del que se lo acusa: violar a dos monjas durante cuatro años, abuso sexual gravemente ultrajante, episodios de tocamientos y sexo oral. La imputación está agravada por el rol de poder que Pascual tiene como sacerdote. Más todavía, como pastor y confesor de sus víctimas.

Entre 2012 y 2016, Pascual, de acuerdo a la acusación en su contra, atacó a las religiosas integrantes de la congregación Hermanas de San José que tenía a su cargo. Los hechos, de acuerdo a los testimonios, ocurrieron en un campo en el partido de Capitán Sarmiento llamado La Ermita, donde la orden realiza retiros espirituales, o en una obra a cargo de las Hermanas en la calle Ernesto Bavio en Núñez, el Hogar Amparo Maternal, que alberga a mujeres en situación de calle junto a sus hijos.

Hay momentos particularmente denigrantes en el expediente, provenientes de los relatos de las víctimas. Una de las religiosas, según su testimonio, habría sido abusada en el campo de las Hermanas de San José, mientras el cura daba misa en privado, en el momento exacto de la consagración de la Eucaristía. En la privacidad del campo, con el pan en su mano, Pascual tomó a la religiosa y la acarició. Luego, sin soltar la Eucaristía, subió con su otra mano hasta su entrepierna. La monja, al sentirlo, rompió en llanto.

Pascual intentaba que hablaran de sus traumas o les hablaba de soltar esa “mujer de deseo” oculta quizás en su interior. Se forzaba sobre ellas, las obligaba a ciertas prácticas. También tenía otras excusas. Una de sus víctimas declaró que “lo hacía para para que gozara y aprendiera a gozar”. El expediente en su contra tiene como prueba un escrito que el cura le entregaba a sus víctimas, titulado “Lectura cristiana de la sexualidad femenina”.

El sacerdote, de 68 años, hoy goza de una exención de prisión, tras haber estado encerrado en el penal de Ezeiza. El fiscal Madrea pidió que vaya a la cárcel otra vez. Un amigo lo aloja en Palermo, aseguran fuentes judiciales. Tal vez, podría haber recibido una residencia más institucional.

El 30 de abril de 2020, Mario Poli, cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires, uno de los hombres más poderosos de la Iglesia en Argentina, se presentó en el Tribunal N°3 con un documento firmado por él mismo. Era, en cierta forma, una intercesión.

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Poli se presentó, precisamente, en medio de un incidente de prisión domiciliaria planteada por la defensa del sacerdote. Según el texto, lo hacía por segunda vez. El documento, con el membrete del Arzobispado porteño, estaba dirigido al entonces presidente del Tribunal N°3, el juez Gustavo Valle. “De mi distinguida consideración”, saludó el cardenal primado.

“Reitero el ofrecimiento que oportunamente hiciera de constituirme en fiador personal para la concesión de su exención de prisión, a fin de ofrecer al Tribunal -para el caso en el que se considere inadecuado el domicilio aportado por la Defensa-, de cumplir la prisión domiciliaria en un domicilio del Arzobispado de Buenos Aires, del que soy el titular”.

Luego, Poli firmó. El mensaje es obvio: el cardenal primado ofreció propiedad de la Iglesia a su cargo para que un sacerdote acusado de violación evite la cárcel. Ni siquiera el padre Julio Grassi, que recibió una cerrada defensa institucional, tuvo esta oportunidad. Hay otra línea llamativa. En el documento, Poli incluyó el nombre de la religiosa querellante.

Sin ser parte de la causa, el cardenal primado sabía quién acusaba al cura.

La oferta no prosperó. En mayo de este año, en una denegatoria del arresto domiciliario de Pascual, el juez Julio Báez aseguró en su voto: “Finalmente debo señalar que el titular del Arzobispado de Buenos Aires, no solo ha ofrecido ser fiador personal del detenido, sino que ha propuesto un lugar alternativo para el cumplimiento de la medida de coerción personal dispuesta por este Poder del Estado. Más allá del profundo respeto que tengo por la dignidad Episcopal del presentante, en su calidad de Cardenal Primado de la Argentina, estimo que la variante que se propone tampoco logar aventar los riesgos procesales como simiente del encierro anticipado y que ya fuera explicado, no solo en este interlocutorio, sino en todo tratamiento similar a la que fue sometida su situación”.

Es decir, la oferta de Poli no cambiaba ningún problema de fondo en los cálculos de la Justicia. La carta del cardenal, por otra parte, no hizo referencia al proceso canónico que Pascual enfrenta en el seno de la Iglesia y que comenzó desde 2019.

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Cerca de Pascual aplauden a Poli, aseguran que hizo lo correcto, que “no le dio la espalda”. “Poli hizo lo que tenía que hacer”, repiten. “En un momento se quiso hacer creer que la Iglesia lo había abandonado y después el cardenal tuvo este gesto”, agregan.

Los mismos partidarios del cura Pascual afirman que la causa es una fabulación, una maniobra armada para afectar al cura, una teoría que sostuvieron históricamente a lo largo del caso, en medio de una interna eclesiástica despiadada. Hablan hasta de “un reclutamiento de denunciantes” y un “guionado” de las víctimas. Hasta afirman que le estarían preparando un lugar especial “con vidrios esmerilados” para que resuma su ministerio tras su absolución, porque hay gente que lo espera. “De todas formas”, aseveran, “el daño está hecho”.

Pascual se encuentra excarcelado gracias a una decisión judicial, pero esa decisión no le pertenece al TOC N°3, sino al juez de instrucción de otro expediente. El sacerdote sumó una nueva imputación por acceso carnal en octubre de este año, hoy investigada por el fiscal Marcelo Roma. La víctima es otra religiosa, una monja que hoy tiene cerca de 40 años.

Tras llegar a la Justicia acompañada por una hermana superiora de su orden, relató supuestos hechos ocurridos hace menos de una década. Roma, por lo pronto, planea pedir la indagatoria. Dados los plazos temporales y el pedido de pena del fiscal Madrea en su alegato, es poco probable que este caso sea juzgado en el proceso actual.

Si el expediente prospera, será otro juicio. Todo otra vez.

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