La fiscal María Luz Castany, en representación de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, pidió la condena a prisión perpetua para Ángel Eduardo Lozano Azuaje, señalado como el autor material del crimen de Matthew Gibbard (50), el turista inglés asesinado en diciembre de 2019 en un asalto en la puerta del Hotel Faena de Puerto Madero.
Además, Castany solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°17 penas de entre tres y cuatro años de cárcel para otros nueve integrantes de una banda de ciudadanos venezolanos que se dedicaba a asaltar a extranjeros, a quienes seguían desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Junto a Lozano Azuaje, están siendo juzgados Carlos José Manzo Tortolero —aunque en el debate refirió apellidarse López Sánchez—, Luis José Lozano León, Aly José Ramos Ladera, Miguel Ángel Aguirre Cancine, Rubén Dario Cañete Lobo, Elvis Javier Escalante Blanco, Christian Rafael Caicedo Lobo, Samuel Francisco Zerpa Menezes y Carlos Alberto Martínez Moreno.
La Fiscalía los acusa de haber integrado una asociación ilícita que funcionó entre el 12 de noviembre y el 14 de diciembre de aquel año, destinada a cometer distintos delitos contra la propiedad, en su mayoría con ataques desde motocicletas, contra turistas que recién ingresaban al país. En total, les endilgaron siete robos a viajeros por los cuales llegaron a juicio, al margen de las imputaciones por el asesinato de Gibbard y la tentativa de homicidio del hijastro de la víctima, Stephan Joshua Zone (31).
El día del crimen, Lozano Azuaje se acercó a Gibbard y a Stephan, cuando bajaban de una combi, y los intimidó con un arma de fuego para que entregaran sus valijas y relojes. Las víctimas se resistieron y fue entonces que el delincuente mató al turista de 50 años por la espalda y baleó en una pierna a su hijastro.
A pocas horas del homicidio, se ordenó la realización de 18 allanamientos en Ciudadela, Exaltación de la Cruz y Tigre. En los operativos, efectivos policiales lograron detener a varios de los acusados. Sin embargo, el resto de los cómplices trataron de darse a la fuga. Ese fue el caso de Lozano Azuaje, que en ese entonces tenía 21 años. Su detención se produjo mientras viajaba en un micro de larga de distancia en la provincia de Salta. Se presume que su intención era huir del país.
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A su vez, a Ramos Ladera —que al momento del crimen tenía 37 años— lo atraparon efectivos de la Gendarmería Nacional cuando intentaba cruzar el paso fronterizo en La Quiaca, con destino a Bolivia. Su identificación fue realizada de inmediato, dado que para huir usó su pasaporte verdadero.
Trece días después del crimen de Gibbard, la policía detuvo en Recoleta a una mujer cuyo rol consistía en poner a disposición los vehículos para hacer los seguimientos y robos, como así también, señalar a posibles víctimas en Ezeiza. En la misma jornada pero en la localidad de Ciudadela se arrestó a un hombre que fue filmado en hechos anteriores de la banda y sería el encargo de trasladar a los “marcadores” de las víctimas.
En la audiencia de ayer, desde el Ministerio Público Fiscal también requirieron la absolución de Anailuj Yesenia Aguilar Tovar, Daniel José Reinosa Zembrano —ambos venezolanos— y del ciudadano argentino Franco Antonio Rodríguez respecto a su participación en la asociación ilícita y en tres robos. Además, solicitaron la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para que disponga la expulsión del país de los involucrados, tal como ya se hizo con Cañete Lobo. Finalmente, pidió el decomiso de los distintos vehículos y motocicletas empleados por la organización.
Las jornadas de juicio se realizan los lunes y como el próximo es feriado, se reanudarán el 28 de este mes. Fuentes judiciales indicaron a la agencia Télam que en este debate no habrá veredicto al menos hasta diciembre, ya que todavía faltan que aleguen las defensas de los 13 imputados.
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