Las historias marginales de los “Walking Dead”, la nueva banda de adictos narco de la Villa 31

El lunes 7 de este mes, la Policía de la Ciudad ingresó a la Villa 31 bis para arrestar a Zulma Luz Aquino Muñoz, oriunda de Perú. La allanaron en su casa en la calle Colibrí, luego, en el kiosko narco con puerta de metal que controlaba en la manzana 113, en medio del barrio San Martín. La División Investigaciones Antidrogas Área Norte bajo la fiscal Cecilia Amil Martín, titular de la UFEIDE, le incautó el stock que guardaba en su casa. Había 91 gramos de pasta base, 13 de cocaína, balanza, teléfonos, efectivo. En el bunker en la 113 -un monoambiente en un segundo piso decididamente precario, un cubo de ladrillo hueco con reja soldada, al que se llegaba por una escalera caracol- ocultaba otros 107 trocitos de pasta base para vender.

“Peluca siempre presente”, dice la pintada en su frente.

Allí también se llevaron a sus cinco cómplices, sus presuntos dealers.

Decir que cayó un jefe o jefa de la droga en la Villa 31 es uno de los títulos más repetidos en la historia reciente del periodismo policial argentino. Cíclicamente, cada tanto, uno cae.

Los grandes señores que controlaban el negocio a diez minutos de la Casa Rosada terminaron todos presos con el tiempo. Estuvo el peruano “Ruti” Alionzo Ramos Mariños, el traficante original de Retiro, y su pareja y aparente sucesora, “La Chona”. Estuvo la banda de Los Sampedranos, los narcos paraguayos que marcaron su parte del territorio, con jugadores como “El Groso” Ortigoza. También, y por sobre todos los demás, César Morán de la Cruz, el más temible, jefe de sicarios, sin dudas para ordenar una muerte, preso por homicidio.

Todos ellos hoy están en la cárcel. La edad dorada de la violencia en Retiro, con ejecutores como “Piedrita” Arredondo, condenado por dos homicidios y sospechado de otros dos más, se terminó hace tiempo. Ahora, solo queda el territorio y ver quién lo ocupa.

Zulma Aquino, de 42 años, no tiene al parecer una gran historia en el negocio narco de Retiro. Beneficiaria de varios planes sociales, había pasado por la manzana 10 antes de llegar a la calle Colibrí. Su nombre no figura en condenas de los años recientes en el fuero federal, investigadores en Comodoro Py que rastrearon la villa tampoco la recuerdan. No figura como imputada en ningún expediente de la Cámara Criminal y Correccional. Los registros de fiscalías federales que investigaron los pasillos de la cocaína y la base en Retiro durante la última década tampoco la mencionan.

Sin embargo, el territorio donde montó base, en más de un sentido, es el más crudo de toda la 31 bis, la literal zona cero de la muerte narco en Retiro. Y por sobre todas las cosas, lo que llama la atención son los miembros de su banda.

Te puede interesar: La macabra historia detrás de los tres cadáveres quemados en la Villa 31

La manzana 113 es parte del barrio San Martín, uno de los territorios más conflictivos del asentamiento, marcado por una gran cantidad de jóvenes adictos en sus pasillos. Allí, por ejemplo, en esa manzana, mataron a tiros a Héctor, hermano de César Morán. En ese barrio, en 2018, ocurrió el crimen más feroz en la historia de la Villa 31, la masacre entera de una familia ocurrida en 2018, dos hombres y una mujer incinerados en un carrito de cartonero, los cadáveres fueron hallados ennegrecidos, con miembros que se desprendieron por la acción del fuego. Se habían asentado en la manzana 111 del barrio, donde el clan de Morán de la Cruz solía guardar su arsenal.

El fiscal Martín Mainardi había establecido que la familia había llegado de Perú para montar un restaurant. Murieron, se cree, porque se negaron a pagar un apriete de narcos para vender pollo broster y ceviche.

Y en el medio de todo este mundo, según la acusación en su contra, Zulma Luz vendía pasta base. No lo hacía con los típicos dealers que suelen verse en la 31, chicos oriundos de Perú o de Paraguay, que van en sus motitos, rápidos por los pasillos, sin decir mucho, despiadados si hace falta. Lo hacía, literalmente, con adictos. Los “Walking Dead”, los llamó la policía.

Te puede interesar: “Vení morocho, vamos a contar la mercadería”: las escuchas a la nueva generación de narcos de la Villa 31

Los cinco detenidos, tres mujeres y dos varones, la mayoría de nacionalidad argentina, de 22 a 29 años, ni siquiera pudieron indicar un domicilio dentro del asentamiento. Todos reconocieron estar en situación de calle. Uno venía de Máximo Paz, tenía un domicilio ahí, pero no lo recordaba. Otro, directamente, era analfabeto.

Usar adictos para vender droga rara vez termina bien en la historia de la Villa 31. Cinco años atrás, Jorge Luis Yirigoitía fue ejecutado a tiros en un pasillo después de haber sido torturado por la banda de Morán de la Cruz en su aguantadero, llamado “La Casa del Pueblo”. Lo acusaban de quedarse con una bolsa indebida y lo mataron por la espalda.

Las historias de al menos dos mujeres de la banda están marcadas por el robo piraña en la zona de Retiro y la violencia de género.

P., de 26 años, venía de Pablo Nogués. Estuvo presa en una cárcel federal, donde le dieron el DNI para detenidos indocumentados, número 62 millones. Su historia en Retiro es larga. En 2015, fue acusada de arrebatar a un hombre que bajaba del 106 en Libertador para tomarse el Mitre, cerca de las 4 AM. Junto a dos cómplices, le robó el celular y la billetera. Le hicieron un teatro de pedirle cigarrillos, para luego asaltarlo.

“Te voy a cortar”, le gritaban, mientras le metían las manos en los bolsillos, sosteniéndole un objeto desconocido en el cuello. Los tres ladrones terminaron reducidos por unos policías de la Federal que escucharon los gritos. P. ya tenía una condena previa del Tribunal de Menores N°1, un año y seis meses en suspenso, La Sala 2 de la Cámara tomó como agravante su pena anterior, a la que le revocaron la condicionalidad. Por otra parte “su bajo nivel socio económico y su carencia de estudios completos” fueron tomados como atenuantes. Por el nuevo robo en Retiro le dieron siete meses. Así, se computaron ambas penas, un año y medio de cumplimiento efectivo.

F., otra detenida de la banda de Zulma, antes había vivido en Grand Bourg, trabajó en 2015 en una empresa de cosméticos antes de llegar a Retiro. También había sido acusada de robar con una banda integrada por menores, una acusación que data de 2021. La detuvieron por ese expediente y la liberaron. Como no respetó las pautas de la excarcelación como llamar al tribunal cada 15 días, quedó rebelde y pidieron su arresto nuevamente. Tuvo, también, otra condena, dos meses en suspenso por un hurto simple. Según sus registros, pasó al menos siete meses encerrada en un penal federal en los últimos años, donde cobró el sueldo por tareas que realizan los detenidos.

En un momento, en medio de la causa por robo en banda, su defensa solicitó al Programa de Atención a las Problemáticas Sociales de la Defensoría General de la Nación que se realice un informe socioambiental sobre F. Descubrieron que había sido víctima de violencia de género en el domicilio que había fijado ante la Justicia, una violencia que la empujó a vivir en la calle. Poco después, pasó a vivir en un hogar de Cáritas en Quilmes. Ante este cuadro de vulnerabilidad, la Sala I de Casación firmó su excarcelación el 23 de noviembre de 2021.

F. es madre de tres hijas, según el informe. Tienen nueve, siete y dos años respectivamente.

Seguir leyendo: