A 25 años del triple femicidio de Cipolletti, la familia de las víctimas cree que hay responsables impunes

El próximo sábado 12 de noviembre en la localidad de Cipolletti tendrá lugar una movilización con el objetivo de recordar y mantener el reclamo de justicia por un episodio trágico que marcó a la ciudad: el triple femicidio perpetrado el 9 de noviembre de 1997. Allí, los familiares y allegados de las víctimas reclamarán que la investigación continúe a los fines de identificar a la totalidad de los responsables, dado que consideran que el único condenado por el caso no actuó sólo.

“No creo que sea el único”, sostiene, a 25 años del crimen, la hija de una de las víctimas del triple femicidio de la ciudad rionegrina de Cipolletti. Según la joven, el único condenado que tiene la causa, Carlos Kielmasz, ‘está encubriendo’ a alguien más con su silencio.

Sus sospechas recaen sobre quien para la justicia es el responsable del homicidio de las hermanas María Emilia (24) y Paula González (17), y su amiga Verónica Villar (22), quienes el 9 de noviembre de 1997 fueron vistas con vida por última vez y dos días más tarde las encontraron asesinadas y semienterradas junto a las vías del tren.

”Para mí está encubriendo a alguien”, indicó Agustina, quien recordó que, en su momento, Kielmasz se acercó voluntariamente a entregar el arma homicida y así pasó de ser testigo a ser sospechoso.

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A pesar de las dudas, la joven espera que el detenido diga todo lo que sabe, sin embargo, contempla que las probabilidades no son muchas. “Kielmasz solo no fue, pero hasta que no hable y no diga qué fue lo que pasó, no lo vamos a saber. Esperó que sí (hable), pero no tengo mucha fe”, añadió la hija de María Emilia, quien contó que recién cuando ella tuvo 15 años entendió “cómo las ejecutaron y la brutalidad del hecho”.

Además, para la joven la figura de Kielmasz esta rodeada de polémica, ya que no entiende cómo logra sus salidas transitorias: “Está pidiendo salidas transitorias, pero, la realidad es que ningún psicólogo dio un parte positivo. Está comprobado que es un psicópata”.

Años atrás, la Justicia incluso le otorgaba al detenido salidas transitorias para participar de encuentros culturales fuera del Penal Federal 15 de Río Gallegos. En aquel momento, en el año 2012, el condenado a cadena perpetua por violar y asesinar a las jóvenes Paula y María Emilia González y Verónica Villar en 1997, recibió la autorización del juez de Ejecución Penal de Roca, Juan Pablo Chirinos, para salir de la cárcel.

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En este contexto, Agustina, quien tenía tan solo dos años cuando mataron a su madre, recordó que este sábado habrá una actividad de “estampado de remeras”, con la imagen de las víctimas, a partir de las 17 en la Plaza San Martín del centro de Cipolletti, y que a las 19 se realizará una marcha.

Con las leyendas, “Cipolletti, capital del femicidio” y “más lucha y rebeldía”, la convocatoria empezó a ser difundida en redes sociales. De esta manera buscan recordar y extender la memoria de las hermanas y su amiga que el 9 de noviembre de 1997 salieron a cumplir con su rutina habitual.

Las jóvenes caminaban por los alrededores de la ciudad, sin embargo, al pasar las horas y sin tener noticias, sus familias decidieron radicar la denuncia policial. A partir de entonces se inició un rastrillaje sin precedentes del que participaron decenas de vecinos.

Dos días después, el 11 de noviembre, Dante Caballero con su perra ovejera, encontró los cadáveres de las jóvenes semienterrados en una zona conocida como Los Olivillos, a la vera de las vías del ferrocarril.

La autopsia indicó que los cuerpos presentaban heridas de arma blanca, disparos de armas de fuego y golpes que evidenciaban la violencia que habían sufrido antes de ser asesinadas.

El hallazgo provocó que toda la comunidad de la región se movilizara pidiendo justicia. Las marchas fueron encabezadas por los padres de las víctimas, Juan y Ofelia Mosconi y Ulises González y Susana Guareschi.

A pesar de la demanda popular, la investigación no logró el esclarecimiento total del hecho y el 5 de julio de 2001, la Cámara Segunda de General Roca, condenó a Kielmasz a prisión perpetua y a Guillermo González Pino a 18 años de cárcel. No obstante, años más tarde, en 2002, el Supremo Tribunal de Justicia de Neuquén decidió absolver a este último.

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