La Sala IV de la Camara Federal de Casación Penal resolvió confirmar las condenas a tres integrantes de una banda criminal condenada por el delito de trata de personas con fines de explotación para el transporte de drogas. La modalidad: envío de mulas a Tierra del Fuego, uno de los movimientos más crueles del narcotráfico local, donde mujeres pobres son explotadas por pocos pesos, arriesgando su vida, su salud y su libertad, tragando preservativos con cientos de gramos de cocaína. La droga, cortada y revendida en Tierra del Fuego, puede cuadruplicar su valor porteño.
La Cámara integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo rechazó los planteos de la defensa y confirmó las condenas de 11 años para Eder Joao Espinoza Linares y de 8 años para Nathaniel Junior Pérez Almontes y para Francisco Manuel Martínez de Lance. El delito por el cual fueron condenados fue el de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en concurso ideal con el delito de trata de personas agravado por el abuso de la situación de sus víctimas, la intervención de tres o más personas y la consumación de la explotación.
El inicio del caso se remonta a septiembre de 2018, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo en el aeroparque Jorge Newbery a una mujer que intentaba viajar a Ushuaia con 846 gramos de cocaína. La joven intentaba trasladar la droga escondida en diferentes partes del cuerpo: una parte estaba envuelta en un apósito femenino y el resto, un envoltorio cilíndrico confeccionado con un preservativo que tenía introducido en su vagina y dos envoltorios circulares escondidos en las copas de su corpiño.
La investigación de ese caso recayó en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 4, a cargo del doctor Carlos Stornelli.
Durante la investigación de ese momento se pudo constatar que esta banda operó al menos entre septiembre de 2018 y enero de 2019 y cada uno de sus integrantes cumplía un rol diferente en el mecanismo delictivo.
Espinoza Linares era el supuesto proveedor de la droga y operaba desde la Ciudad de Buenos Aires junto a un presunto colaborador llamado Francisco Ramos Minaya. En tanto, la hermana de Espinoza Linares, llamada Rosario, quien está prófuga y es sindicada como la líder de la organización, se encargaba de captar a las mujeres. Elegía a chicas en situación de extrema pobreza y que ejercían la prostitución para ofrecerles una ganancia de una suma importante de dinero a cambio del traslado de cocaína a Tierra del Fuego.
La líder de la banda citaba a las mujeres en su domicilio de la Capital Federal. Una vez llegadas a ese lugar, se encontraban con Eder Espinoza Linares, quien las acondicionaba, les entregaba la droga y las asistía con la metodología de ocultamiento de los estupefacientes antes de viajar.
Una vez que las mujeres llegaban a Tierra del Fuego, se contactaban con Pérez Almontes y Martínez de Lance, quienes se encargaban de la venta de la droga en las ciudades de Ushuaia y Río Grande.
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La operación de la banda continuaría: en enero de 2019, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 6, a cargo del fiscal Federico Delgado, inició otra investigación luego de que una mujer fuera detenida también en el aeropuerto Jorge Newbery, intentando trasladar 793 gramos de cocaína ocultos en su corpiño, entre sus piernas y dentro de sus partes íntimas. También se detectaron otros dos casos de una joven quien fue detenida con 517 gramos, en su haber, otra también fue arrestada con poco más de un kilo repartidos en diferentes partes de su cuerpo.
Se pudo corroborar que al menos cuatro mujeres fueron captadas y explotadas por esa organización para el tráfico de estupefacientes. Todas ellas fueron sobreseídas por la Justicia al considerarse que habían sido víctimas de trata, según lo establecido en la Ley 26.364 de Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas.
El juicio se llevó a cabo en el mes de mayo por el Tribunal Oral Nº 2 de la Capital Federal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Javier Ríos. En ese mismo debate, se resolvió absolver a la joven Salguero Mujica y absolver también a Ramos Minaya, por quien el fiscal Diego Luciani había solicitado una pena de cuatro años de prisión.
En los votos de los tres jueces de la Cámara de Casación, Borinsky, Hornos y Carbajo, se resaltó que “los imputados redujeron a las víctimas a su entero dominio, anulando su capacidad de autodeterminación, en claro detrimento de todo ámbito de libertad que hace a la dignidad del ser humano, y que ello fue lo que demostró su finalidad de explotación de las víctimas, a la cual redujeron a un trato degradante para toda persona, y con mayor gravedad por tratarse de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad”.
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