Los espantosos 5 años de Lucio Dupuy, el nene torturado y abusado cuyo crimen tiene a su madre en el banquillo de los acusados

A Lucio Dupuy lo asesinaron el 26 de noviembre del año pasado, pero su destino había comenzado a escribirse mucho antes. Durante largo tiempo, el nene de 5 años fue víctima de un trajín judicial que incluyó regímenes de visitas, disputas entre familiares y un acuerdo final entre las partes que les otorgó a la mamá y a su novia la posibilidad de quedárselo definitivamente. Esa resolución de la Justicia de La Pampa se homologó a principios de noviembre de 2020. Poco más de un año después, las mujeres que debían cuidar al chico fueron acusadas de haberlo torturado, abusado y golpeado hasta la muerte.

El espantoso crimen tocó una fibra sensible de la sociedad. Enmudeció a todo el país y, a la vez, hizo brotar el grito de justicia en movilizaciones que se organizaron en diferentes provincias. La conmoción se fue magnificando a medida que fue saliendo a la luz el calvario que padeció Lucio hasta llegar al triste, doloroso y -probablemente- evitable desenlace que tiene como acusadas del horrible asesinato a la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti (25), y a su pareja, Abigail Páez (28).

El chico convivía con ellas en un departamento ubicado en la calle Allan Kardec 2.385 de la ciudad de Santa Rosa. Llevaba menos de un año radicado en ese domicilio. ¿Dónde y con quién había estado antes? Para responderlo hay que retroceder en el tiempo. Magdalena y el padre de Lucio, Christian Dupuy, se separaron a principios de 2019. Como la mujer estaba sin empleo y el papá del nene trabajaba en Luján, en ese momento ambos decidieron que lo mejor era que el menor viviera con sus tíos Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, en General Pico. El acuerdo fue de palabra y, luego, mediante un trámite judicial, la Justicia le otorgó en junio de 2019 a los tíos la guarda por un año.

Sin embargo, aquel acuerdo empezó a derrumbarse en los últimos días de enero del 2020. En el interín, Magdalena había comenzado un emprendimiento de venta de tortas con Abigail, su pareja, y juntas lograron alquilar un departamento. Su situación económica había mejorado y entonces se propuso recuperar la tenencia de su hijo. Se iniciaron así los conflictos.

Primero, se estableció un régimen de visitas. La madre podía ver a Lucio cada 15 días, podía llevárselo los viernes pero debía devolverlo el lunes a primera hora. Incluso, tenía la posibilidad de trasladarlo a Santa Rosa y, luego, regresarlo a General Pico. Esta modalidad no prosperó más de un mes debido a varios encontronazos. “Cada vez que la madre iba a buscar al nene era todo un escándalo. Llamaba a la Policía y hacía denuncias de impedimento de contacto. Era una situación muy traumática para todos. Para los chiquitos y, principalmente, para Lucio”, contaron desde el entorno de la familia Dupuy.

En medio de las desavenencias llegaron las restricciones de circulación por la pandemia. Era julio de 2020 y, con Lucio en su vivienda, Magdalena no podía regresarlo a lo de los tíos. Semanas después, a fines de agosto, se acordó finalmente que el cuidado del nene pasaría a manos de la pareja ahora detenida. “Leticia firma ese acuerdo porque la situación ya era insostenible. Ella tenía nenes muy chiquitos y los escándalos permanentes con la madre (de Lucio) no les hacían bien. Lo mismo para él. Eran situaciones de suma tensión que afectaban a todos y, más que nada, a los menores. Lo hizo por el bien de todos”, explicaron los allegados.

Desde entonces, nunca se hizo ningún tipo de estudio socio ambiental para saber si el nene vivía en condiciones adecuadas. El resto de la historia de Lucio Dupuy está signada por el sufrimiento.

Aquella noche del viernes 26 de noviembre de 2021, el chico fue llevado al Hospital Evita de la capital pampeana por su madre y la novia, con múltiples lesiones. Había recibido una golpiza bestial y casi no tenía signos vitales. No pudo ser reanimado y su muerte se confirmó en pocos minutos. Las mujeres mintieron ante los médicos: dijeron que habían sido víctimas de un robo y que los atacantes habían agredido a Lucio. Desde el hospital llamaron a la Policía provincial y Magdalena y Abigail fueron detenidas.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones. Además, reveló que Lucio tenía lesiones antiguas y recientes. De hecho, había sido ingresado varias veces a centros de salud con fracturas de brazos y dedos. Su cuerpo estaba golpeado, mordido y quemado con cigarrillos.

Juan Carlos Toulouse, el médico forense a cargo de la autopsia, dejó su contundente impresión: “En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así. Este nivel de golpes y ensañamiento no lo vi nunca. Eran evidentes las lesiones, yo creo que alguien lo tiene que haber visto andando o por la calle y podía darse cuenta”. No se pudo determinar la antigüedad de esas lesiones, por lo que tampoco se sabe con exactitud desde cuándo el chico era sometido.

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Quizás el destino de Lucio pudo haber cambiado si alguien daba aviso a las autoridades policiales y judiciales, pero no se registraron denuncias de los profesionales que lo habían atendido en las anteriores ocasiones, y tampoco de los encargados del jardín de infantes al que asistía. Esto derivó en una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer las responsabilidades de los funcionarios implicados en la omisión de denuncias.

El caso, por otro lado, dio origen a la Ley de Prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que lleva el nombre de Lucio y que este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad. Impulsada por el legislador Martín Maquieyra, la norma establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que tengan contacto con la niñez; un sistema de alerta temprana; y campañas de difusión para la protección de derechos de los menores, junto a otras medidas contra los casos de abusos, maltratos y abandono.

Tras el arresto inicial por la muerte de Lucio, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez estuvieron alojadas en la seccional 6ª de Santa Rosa. A los tres días, las trasladaron al Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis por el peligro latente de que ocurriera una pueblada. Dentro de la cárcel viven en un lugar que fue acondicionado especialmente para ellas. Se trata de un viejo pabellón, algo más espacioso que el resto, destinado para mujeres que debieran cuidar a sus hijos en prisión. La excusa inicial para alojarlas allí fue que aún no estaban listas para mezclarse con el resto de la población carcelaria. La realidad es que las autoridades penitenciarias no las quisieron sumar al resto de las presas por miedo a que las lastimen o, directamente, las maten. De hecho, al día de hoy solo están acompañadas de varias reclusas acusadas del mismo delito: matar a sus hijos.

Según se pudo saber, apenas llegaron a la prisión puntana las mujeres decidieron confesarse. Lo hicieron ante el capellán. Si dijeron algo sobre el asesinato de Lucio, esas palabras no tendrían validez en un expediente. También se anotaron para terminar el secundario. Para pasar el tiempo, charlan entre ellas, leen algunos libros que les llevan sus familias y, como mucho, salen una hora al patio interno a caminar. La única que recibió visitas en todos estos meses fue Abigail.

Las imputadas comparten pabellón, pero se alojan en celdas diferentes. Esto, igualmente, incomoda a la familia paterna de Lucio. “Pedimos prisión perpetua sin beneficios y que permanezcan separadas. Están juntas en la penitenciaria. Parece que están de vacaciones porque tienen un pabellón para ellas solas, miran la televisión y tienen juegos de mesa”, se quejó Ramón, abuelo de la víctima. El abogado querellante José Mario Aguerrido hizo un planteo para modificar está situación: la Justicia se lo rechazó.

Esta semana, las mujeres fueron trasladas de regreso a La Pampa: esperan el inicio del juicio en la Unidad N°13 de Santa Rosa.

Las dos mujeres adoptaron desde el comienzo la misma postura: no reconocer el homicidio y culpar al padre del nene por lo que pasó. Al menos, así lo expresaron en privado. Solo Magdalena rompió el silencio una vez. Fue durante una de las audiencias judiciales tras estar casi un mes detenida. Accedió a decir unas palabras para criticar a su ex pareja. “Quería aclarar que el término de víctima al progenitor no le queda nada bien”, dijo. Abigail, en cambio, continuó en silencio.

Según consta en la acusación de los fiscales, las mujeres habrían sometido al niño a diferentes tipos de castigos, palizas, amenazas y abusos. Tanto la versión de la supuesta agresión en el marco de un robo como la posible participación de terceras personas en el crimen fueron descartadas. Por otro lado, la pericia psicológica y psiquiátrica realizada a ambas concluyó que son personas imputables y comprenden la criminalidad de sus acciones y sus actos. El informe también determinó que las dos cuentan con ciertos rasgos de personalidad perversa.

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Un mes antes de que Lucio fuera golpeado hasta la muerte, Abigail reflexionaba en su cuenta de Twitter sobre la maternidad: “¡No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas! No traigan pibes al mundo para sufrir, la concha de su puta madre”. El mensaje no era aislado. Su perfil en esa red social está repleto de otros referidos a la vida cotidiana con su hijastro y el conflicto entre su novia y el papá del nene.

La investigación se dio por finalizada tras seis meses y la causa fue elevada a juicio a mediados de junio pasado. El debate comenzará este jueves y se desarrollará a puertas cerradas. Esto se debe a que la víctima era menor de edad y a que también se trata de un delito contra la integridad sexual. Se esperan las declaraciones de más de 100 testigos: el primero será Christian, el papá del menor. “No sé cómo voy a reaccionar al verles la cara (a las imputadas) y a escuchar las atrocidades que sufrió Lucio”, escribió el hombre en su perfil de Facebook.

La fecha de alegatos está programada para el próximo 22 de diciembre y se prevé que la lectura del fallo sea en febrero de 2023.

La imputación de Magdalena es particularmente larga: llega a esta instancia acusada de “homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”. La querella, además, pidió sumar el agravante de “odio al género masculino”.

Mientras que la otra mujer fue acusada del mismo delito, pero con un agravante menos, ya que no era familiar de Lucio. En ambos casos, igualmente, la pena en expectativa es de prisión perpetua.

“Creemos que las pruebas que hemos reunido son suficientes para acreditar estos delitos”, coincidieron los fiscales Máximo Paulucci, Verónica Ferrero y Marcos Sacco, quienes además adelantaron que pedirán la pena máxima. El Tribunal de Audiencias de Santa Rosa que tendrá la palabra final estará integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

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