Con más de 100 testigos, comienza el juicio por el crimen de Lucio Dupuy

Tras casi un año del horror que enmudeció a todo un país, la madre de Lucio Dupuy y su pareja serán juzgadas el próximo jueves como coautoras del crimen del niño de cinco años. De esta manera, las mujeres deberán enfrentar un debate oral en el que también declararán más de 100 testigos.

Su panorama parece complicado, ya que, en la búsqueda por hacer Justicia, el abuelo de la víctima pidió que ambas acusadas reciban la condena de “prisión perpetua sin beneficios”. “Espero el juicio muy nervioso, con muchas expectativas. Como venimos esperando hace un año. Será un juicio muy largo. Es muy duro volver a revivir todo nuevamente. No olvidamos a Lucio ni un solo minuto de nuestras vidas”, dijo un emocionado Ramón Dupuy, abuelo de Lucio.

Desde las 8, y a cargo del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, el proceso de juicio se desarrollará a puertas cerradas. Esto se debe a que la víctima era menor de edad y también se debate un delito contra la integridad sexual.

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De esta manera, el Tribunal se prepara para un extenso juicio que incluso se extenderá hasta el 22 de diciembre y que verá pasar cerca de 105 testigos. La fiscalía contará con la acusación de Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco, mientras que la familia de Lucio será representada por el abogado Mario Aguerrido.

Tanto la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti, como su pareja, Abigail Páez, permanecen detenidas en el Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis. Por su parte, Valenti llega al proceso acusada de “homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.

Mientras que la otra mujer fue acusada del mismo delito, pero con un agravante menos, ya que no era familiar de Lucio. Sin embargo esto no quita las posibilidades de que sea condenada a prisión perpetua.

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Ese es el reclamo que también lleva adelante Ramón Dupuy, quien denunció que reciben beneficios de la unidad penitenciaria de San Luis en la que permanecen alojadas. “Lo que pedimos es prisión perpetua sin beneficios y que permanezcan separadas. Están juntas en la penitenciaria. Parece que están de vacaciones porque tienen un pabellón para ellas solas, miran la televisión y tienen juegos de mesa”, señaló el abuelo de Lucio.

Las sensaciones del abuelo de la víctima son un misterio ya que afirmó sentirse ‘angustiado’ por ver por primera vez a las imputadas. “No me he detenido en pensar cómo lo vamos a sobrellevar. Yo espero que se dé de la mejor forma. Es la primera vez que les voy a ver a la cara. Tengo sensaciones encontradas. Por un lado, quiero que sufran en el banquillo y por otro lado porque no sé cómo puedo llegar a reaccionar. Me angustia porque venimos acumulando mucha impotencia”, expresó el hombre.

El 26 de noviembre de 2021, Lucio murió a raíz de los golpes recibidos, tras lo cual su madre y su pareja fueron detenidas como principales sospechosas. Esta misma idea es la que respalda la autopsia solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ya que el niño “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y que el deceso se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones. “En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así”, decía el forense Juan Carlos Toulouse.

A partir de entonces, la madre y su pareja estuvieron alojadas en la seccional 6ta de Santa Rosa, donde recibieron duras agresiones por lo que tuvieron que ser derivadas a San Luis.

Al poco tiempo se determinó que el pequeño incluso había sido atendido por problemas similares, al menos cinco veces en un lapso de tres meses. ‘Politraumatismos’, ese era el diagnóstico que habían arrojado distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesionales, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Esta extraña situación generó que se iniciara una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.

“La familia quiere que se investigue el rol de cada una de las áreas del Estado que intervinieron y no denunciaron, como la de Salud. Entiendo que el protocolo ante la intervención con un menor no establece que la situación queda sujeta al criterio del médico, sino que se tiene que denunciar la situación objetiva, que es que un menor ingresa traumatizado”, había manifestado el abogado Aguerrido.

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