Modalidades, evolución y bandas estructuradas: radiografía de los secuestros extorsivos en Argentina

La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, presentó un informe sobre este tipo de delitos cometidos en Argentina entre 2016 y 2022. El documento analiza las particularidades, modalidades de ejecución, evolución y tendencia de casos. Aborda datos de más de 650 hechos registrados a lo largo de estos seis años.

En primer lugar, la UFESE señaló que “la abrumadora mayoría” de los secuestros extorsivos en los que ha intervenido a partir de 2016 fueron secuestros de corta duración, aquellos comúnmente llamados “exprés”. En general, no superan las seis horas. Las bandas, además, actúan sin planificación previa. A las víctimas las interceptan en la vía pública y antes se fijan, por ejemplo, en los vehículos en los que circulan: eso lo toman como parámetro de que ellos o sus familias podrían contar con medios para afrontar el pago del rescate.

Son grupos “poco sofisticados o con alto grado de improvisación”. Con antecedentes en robos, hurtos, portación ilegítima de armas y otros delitos, ejercen violencia verbal y psicológica contra la persona que tienen secuestrada. El primer llamado extorsivo se hace inmediatamente después de la captación y pocas veces todo finaliza de la manera que pretenden: “La precariedad y la celeridad para lograr su beneficio económico implica que el rescate cobrado sea escaso y que no se llegue a cobrar”, añade el informe.

Este accionar contrasta con aquellos casos que tuvieron su auge entre 2001 y 2005, en los que los grupos criminales tenían cierto grado de “profesionalización”. A diferencia de la actualidad, “escogían previamente a sus víctimas y realizaban minuciosas tareas de seguimiento y de inteligencia” para conocer sus movimientos y su situación económica y patrimonial, al igual que la de su entorno. La información les servía de guía para saber cuánto dinero exigir y en qué momento deberían conformarse con el rescate que la familia reuniera.

Ese tipo de secuestros llegaron a durar 30 o 40 días, y en algunos casos más porque este tipo de organizaciones contaba con infraestructura donde mantener cautiva a la víctima, puntualiza la UFESE. Además, “las extorsiones comenzaban en un tono más tranquilo, comparativamente a lo que sucede en los secuestros de corta duración”.

Los datos relevados por la UFESE evidencian que, desde 2015 en adelante, hubo “un decrecimiento generalizado y sostenido en la cantidad de secuestros extorsivos” en el país. En 2020 se registraron 48 hechos, lo que equivale a un promedio de 4,08 casos por mes. En 2021 la cifra disminuyó a 29 (2,42 casos por mes). Y este año se llevan contabilizados 24 (2,67 casos por mes).

Por el contrario, incrementaron los secuestros vinculados al crimen organizado, al tráfico de estupefacientes y con el sistema penitenciario. La mayoría tuvo lugar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aunque desde mediados de 2020 crecieron las denuncias al respecto en las ciudades de Rosario y Santa Fe, y en las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy.

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En estos episodios, las víctimas mantienen vínculos previos con sus captores y suelen ser poco colaborativas con la investigación. La sospecha que surge es que “también pertenecen o pertenecieron al mundo del hampa, y conocen y temen a la organización a la que pertenecen sus victimarios”, indica el análisis.

“Si bien siempre persigue un fin pecuniario, la motivación suele esconder un trasfondo mucho más amplio, con objetivos que exceden la sola obtención de dinero, entre ellos: la dominación de un territorio o el secuestro como medio de financiación de la organización criminal para sostener y motorizar su actividad principal”, describe la UFESE.

El informe también hace referencia a algunos casos perpetrados por grupos estructurados. Por ejemplo, al liderado por Maximiliano Rodrigo Peñaflor (44), alias “Pachu”, sindicado como uno de los secuestradores más peligrosos de la historia argentina reciente. Su historial delictivo incluye al menos una docena de secuestros extorsivos, robos y muertes.

La primera detención mediática de Peñaflor fue en 2004. Desde entonces recorrió distintas cárceles, acumuló causas penales en diferentes distritos y llegó a sumar condenas unificadas por 37 años. Con semejante prontuario, tenía que estar preso al menos hasta 2028. Pero en abril de 2016, tres jueces le otorgaron el beneficio de la libertad condicional y se fue a su casa. Seis meses después, “Pachu” ya estaba secuestrando y cobrando rescates otra vez. En 2017 volvió a la cárcel. Dos años más tarde, la Justicia lo condenó por otros otros cinco secuestros.

Su organización se caracterizaba por utilizar un importante armamento, que incluía fusiles FAL. Operaron en Ituzaingó, Pilar, Lomas del Mirador, Villa Adelina y el barrio porteño de Villa Devoto.

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Otra banda la integraban Carlos Pastor Orsi Gutiérrez, Jonathan Emanuel Asat, Diego Leonel Narvaja, Axel Yoel Villagra, Luis Emanuel García y Facundo Fabiano. Ellos cometieron siete secuestros entre junio y octubre de 2016 en el Conurbano bonaerense. Actuaban con suma violencia: a una de sus víctimas le dispararon en el pie y a otra la golpearon hasta fracturarle dos costillas. Finalmente, asesinaron a uno de sus propios compañeros por desavenencias internas del grupo. Actualmente, siguen presos: recibieron condenas de entre 11 y 24 años de cárcel.

En el informe de la UFESE también se menciona a la “Banda del M19″, que tomó su denominación por el monoblock 19 del barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela. Allí solían juntarse sus integrantes y planificar sus golpes cerca de countries de la zona Norte y Oeste del Conurbano. Estos delincuentes se movían siempre por la autopista Acceso Oeste y la Avenida General Paz, que además de ser vías rápidas que facilitaban una huida exitosa ante una eventual intervención policial, eran el acceso fácil y rápido a su barrio.

Una de las agrupaciones más recientes fue conocida como “La Banda de la Cuarentena”, cuyos miembros aprovechaban la situación de pandemia y la utilización de barbijos para ocultar sus rostros y no ser individualizados por las cámaras de seguridad. Cometieron seis hechos entre marzo y octubre de 2020, siempre en territorio bonaerense. Los delincuentes interceptaban a las víctimas a punta de pistola, las reducían y las subían a su auto. Mientras tanto, otro de los secuestradores le robaba su automóvil y escapaba en otra dirección, para luego revenderlo en el mercado negro.

Luego, les vendaban los ojos y comenzaban las amenazas. Primero les pedían dinero, lo que tenían encima, y después les sacaban su celular y llamaban a sus familiares para exigirles más dinero a cambio de la vida de la víctima. Por último, elegían un lugar para hacer la entrega y terminar con el secuestro huyendo con el botín. Cuatro de sus integrantes fueron detenidos hace dos años. Al líder, apodado “Gordo Ale”, lo atraparon a mediados de 2021 en Corrientes. El último fue capturado en marzo pasado, en el partido de Merlo.

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