A 20 años de la caída del padre Grassi: cómo vive hoy la víctima que lo condenó y el millón de dólares que le reclama al cura en la Justicia

Veinte años atrás, Gabriel encendió el televisor para ver Hora Clave, el programa conducido por Mariano Grondona. Allí estaban los abogados y apologistas del padre Julio César Grassi.

Poco antes, el joven había dado ese seudónimo su testimonio contra el sacerdote en el programa Telenoche, luego en los tribunales de Morón. Relató como Grassi, el jefe de la Fundación Felices Los Niños, el hombre que quería ser Don Bosco, que había montado un imperio solidario de hogares y merenderos gracias a su exposición mediática y a sus alianzas con el poder, a generosas donaciones gestionadas por Domingo Cavallo, el mismo que se mostraba en el programa de Susana Giménez, lo había violado siete años antes. Lo que esa acusación implicaba era decadente: el hombre que había sido la cara de la solidaridad en la Argentina había violado un huérfano a su cargo. No era el único. Otros chicos de Felices Los Niños habían dado sus testimonios. El caso se convertía en una narrativa nacional casi absoluta, el shock moral de un país arruinado por la crisis.

Gabriel era apenas un adolescente. Tenía 19 años. Hijo de una familia rota de Quilmes, su madre murió y su padre lo echó de casa a los 8. Pasó a las calles, a ser líder de una ranchada de chicos que pululaban por los subtes. A esa edad, lo hallaron robando en una frutería de Zona Sur, un robo para comer. Esa fue su entrada a Felices Los Niños. En el living de Hora Clave, vio como los apologistas de Grassi, los costosos abogados del supuestamente humilde sacerdote que lo defendieron durante años, le devolvían el fuego a él. Comenzaron a desacreditar su testimonio, a desarmarlo e intentar desmentirlo. Luego, cruzaron ciertos límites, un tabú. Uno de ellos pronunció en voz alta, en vivo, ante cámaras, el nombre verdadero de Gabriel. Había expuesto a una presunta víctima de violación, solo para desmentirla.

Entonces, Gabriel llamó a su psiquiatra, Enrique Stola, el especialista que lo contenía en ese entonces y quien lo acompañaría durante veinte años más.

Le dijo:

-Enrique, me robaron lo único que me quedaba.

No exageraba. Su nombre era lo único que le quedaba. El desamparo lo arrasó por dentro.

Finalmente, la historia le daría la razón, instancia por instancia.

En 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón condenó a 15 años de prisión a Grassi solo por su caso y lo absolvió de dos acusaciones, con una extensa investigación del fiscal Alejandro Varela. Gabriel fue representado por su abogado querellante, Juan Pablo Gallego, junto al letrado Sergio Piris. Grassi recibió prisión domiciliaria en una quinta llamada La Blanquita, justo enfrente de la sede de Felices Los Niños en Hurlingham, comida por el óxido y por las malezas, asediada por deudas millonarias, con su personal que vendía tortas y budines para subsistir. Todavía había chicos allí. “El ego del cura nos está matando”, decía una colaboradora. Grassi tenía la entrada prohibida a los terrenos, incluso fue investigado por malversar fondos de la Fundación para pagar el alquiler de su lugar de arresto, pero se rumoreaba que volvía para dar misa en la capilla. En Domingo de Ramos de 2011, una camioneta 4x4 con los vidrios polarizados salió del lugar a toda velocidad.

En 2013, la Suprema Corte bonaerense ratificó la pena y el Tribunal ordenó su detención. La calificación en su contra es la historia de un cura violador de chicos y refleja el tormento que Gabriel sufrió. Se lo consideró autor reiterado de los delitos de abuso sexual, agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y guarda del menor-víctima, en concurso real corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda.

En 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó su culpa. Grassi fue a la cárcel, la Unidad N°41 de Campana, donde sigue hasta hoy. Se encuentra en el pabellón número 6, reservado a detenidos de buena conducta, no tiene problemas con otros detenidos ni con penitenciarios. Estudia Derecho a distancia en la Universidad Siglo XXI, aseguran fuentes que siguen de cerca su encierro. Su condena se considerará cumplida el 30 de mayo de 2028, luego de una ampliación dictada en junio de este año por la Cámara de Apelaciones de Morón.

El cura volverá a la calle, pero Gabriel deberá seguir viviendo. La víctima que lo condenó no es solo un sobreviviente del abuso: también es un sobreviviente de la pobreza.

Hoy, Gabriel tiene 39 años. Tal como lo hizo durante la última década, subsiste gracias a changas en el rubro de la construcción, no tiene casa propia, alquila piezas. Nunca logró acceder a un empleo en blanco. Sus charlas con sus viejos conocidos se basan, puntualmente, en su preocupación de tener qué comer. Su historia con Grassi sigue presente en su cabeza. En ocasiones, se siente satisfecho con las decisiones de la Justicia. En otras, piensa si realmente sirvió de algo. Se mantiene fuerte. Todavía mantiene entrevistas ocasionales con Stola, que considera que Gabriel no padece ningún trastorno. Los embates que sufrió de Grassi y los viejos allegados de Felices Los Niños desaparecieron hace tiempo.

Stola -que jamás lo medicó- recuerda una noche a fines del 2004. Había llegado a la puerta de un edificio en Capital donde Gabriel alquilaba una pieza. Lo encontró al chico en la vereda, llorando. “Habían entrado tipos a su casa, lo golpearon, destrozaron sus muebles. ¿Quién puede vivir su vida con eso encima?”, dijo el psiquiatra en ese entonces. Esos ataques eran moneda corriente en la década pasada. Hubo otras ocasiones, como una golpiza en Constitución a la salida de un baile, o cuando dos personas ingresaron en su domicilio por la noche y Gabriel tuvo que saltar a un balcón vecino donde una anciana lo encontró, espantada. Si Grassi los comandaba, jamás quedó del todo claro.

Pero la violencia física no fue la única violencia. Aliados mediáticos del cura como Raúl Portal también se encargaban de ventilar el nombre del chico. Luis Moreno Ocampo, el ex primer fiscal de la Corte Internacional de La Haya, incluso representó al cura en una demanda por una supuesta extorsión, donde Gabriel le habría exigido a Grassi 50 mil dólares para frenar su denuncia. Jamás se presentó una prueba al respecto. Grassi mismo continuó demandándolo, entre más de cien demandas que según el fiscal Varela entabló a testigos del caso. Hubo un episodio en el 2010, ridículo, donde el sacerdote se constituyó como querellante de la denuncia de una mujer trans, patrocinado por una abogada ligada a acusados de crímenes de lesa humanidad, donde se decía que Gabriel había ventilado en una peluquería que era “todo mentira”.

En 2008, luego de que declarara en persona en el Tribunal N°1 sobre los abusos que sufrió, con Grassi mirándolo fijo en la sala, las amenazas y los hechos de violencia habían llevado a Gabriel a un lugar casi inevitable: el Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia, donde permaneció por tres años. Eduardo Valdes, una cara histórica de la política argentina, comenzó a representarlo legalmente en ese entonces a pedido del psiquiatra Stola. El Programa fue una jugada de Valdes que resultó: los ataques ya no serían posibles. Pero mientras Grassi seguía libre en La Blanquita, la quinta que ocupó durante sus años como condenado sin cárcel frente a la sede Felices Los Niños en Hurlingham, Gabriel se enfrentaba a la realidad de ser un testigo protegido, lo mismo que vivir como un virtual preso. Comunicarse por teléfono con su círculo de confianza era casi imposible, no podía manejar dinero ni tenía libertad de movilidad.

A través del tiempo, Gabriel vivió esparcido en el mapa en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, en departamentos o piezas que le prestaban, lugares de ocasión. También se interesó por la fotografía y la defensa de los derechos humanos. Miriam Lewin, la periodista que llevó solía cruzárselo con su cámara, en las marchas por aniversario del golpe militar o en las rondas de los miércoles de Madres de Plaza de Mayo.

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Volver a estudiar representó un problema. Gabriel frecuentó varios bachilleratos acelerados y escuelas nocturnas, uno de los pocos lugares donde hacía amigos. Pero obtener el certificado de equivalencia para cursar fue casi imposible. Tenía hecho hasta segundo año de la secundaria, pero en la escuela de la Fundación. Dejó de estudiar en un momento, en un centro al que asistía en el barrio de Flores, cuando vio que a la salida de clases lo seguían y le tomaban fotos.

Mientras tanto, en la sede de Hurlingham de Felices Los Niños, Gabriel se había convertido en una especie de mito. “Era un nene normal, no sé por qué nos hizo esto”, decía en 2013 un viejo colaborador de Grassi. “Me dijeron que está lleno de plata y se da la gran vida”, afirmaba un voluntario. “Lo compró el capitalismo feroz”, aseguraba una docente en la escuela del lugar.

La cárcel no arregla todo, no realmente. A Grassi le queda todavía una cuenta pendiente con su víctima. Hoy, y desde 2011, hay una demanda en proceso en la Justicia, hoy en radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11. Allí, representado por Gallego, Gabriel reclama un resarcimiento por daños y perjuicios. “El reclamo derivado de los daños ocasionados y que emergen de la sentencia de condena firme representa un valor actualizado de U$S 1.250.000″, asegura Gallego a Infobae.

El expediente, cuyos contenidos no trascendieron hasta hoy, continúa en curso de acuerdo a información judicial. Según un documento que data de 2017, el reclamo va mucho más allá del cura. Gabriel “promovió demanda contra Julio César Grassi, la Fundación Felices los Niños, el Obispado de Morón, la Iglesia Católica Argentina, el Vaticano, el Arzobispado de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, en razón de los daños y perjuicios derivados de los hechos motivados en el abuso sexual agravado”.

En febrero de este año, Gallego insistió con un pedido de exhorto al Vaticano que requirió un año antes. Habló, incluso, de una “dilación escandalosa”. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió, literalmente,

Gallego contraatacó. Pidió que el Vaticano sea declarado rebelde por no responder. Requirió, incluso, que se lo embargue al Vaticano en su Instituto Para Las Obras de Religión por más de 20 millones de pesos.

Hubo una respuesta reciente, que data del 23 de agosto último. “Atento el resultado negativo del exhorto que da cuenta el informe de la Cancillería Ministerio De Relaciones Exteriores Y Culto De La Nación de fecha 25/02/2022, no corresponde decretar la rebeldía del codemandado ESTADO DEL VATICANO”.

Las presentaciones de Gallego fueron constantes a lo largo de los años, un peregrino de la mesa de entradas. Su indignación por la demora de la Justicia argentina en evidente en diversos escritos. Mientras tanto, hay una pila de cenizas en el viejo predio de Felices Los Niños. La casa en donde Grassi vivía, que incluía un oratorio privado, y donde según el expediente ocurrieron los abusos, fue incendiada misteriosamente en 2018. Quedó parcialmente derrumbada. Había cintas de video, revistas incineradas, viejos stickers que proclamaban la inocencia del cura desgastados en las paredes.

Hoy, el predio de la Fundación fue revitalizado por la fundación cristiana Buen Samaritano. Comenzó refacciones, plantó huertas. La casa sigue allí.

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