En 2021, E.C.L, un joven de 25 años que padece esquizofrenia, atacó salvajemente a su propia mamá en su casa de la provincia de Misiones. De un momento a otro, tomó una silla de metal, la golpeó en la cabeza y la dejó completamente inconsciente. Por la agresión quedó detenido, pero al poco tiempo un fiscal lo liberó debido a su condición médica y ordenó que su hermana -que vive en el partido bonaerense de Vicente López- se hiciera cargo de él. Sin embargo, ese no sería el único episodio violento que protagonizaría el muchacho. Poco más de un año después, E.C.L. nuevamente aparecería en los partes policiales, aunque esta vez sí de manera pública: fue la persona que el martes pasado quemó cinco autos, siete contenedores de basura y un local en pleno barrio porteño de Palermo.
Infobae dialogó con su hermana, una joven de 32 años cuyo nombre se mantendrá en reserva, quien relató el suplicio que ha vivido desde el momento en que le dieron la tutela de E.C.L. hasta el día en que se enteró por la televisión de que su hermano era el “quemacoches de Palermo”. Contó los innumerables pedidos de ayuda para que internaran a su hermano o que al menos lo medicaran. No hubo manera, los profesionales del servicio público médico de Vicente López hicieron caso omiso durante casi todo el año.
“Cuando él vino, comencé a ir a diferentes centros de salud acá, en Vicente López. Pero me dijeron que primero lo tenía que ver una psicóloga y luego sí lo derivarían a psiquiatría. En enero comenzó a mostrarse peor, como violento. Él estaba tranquilo y de repente empezaba a ser violento. Entonces lo dejábamos en su cuarto hasta que se calmara”, contó la mujer a este medio.
Pero no fue lo único. Ante cada descuido de su hermana, que además es madre de cuatro hijos, el joven de 25 años se escapaba de la casa. Se ausentaba del hogar durante varios días hasta que la Policía o la misma familia lo encontraba. En total, ella hizo cinco denuncias en la Comisaría cada vez que su hermano huía. En el medio, seguían sus desesperados intentos para que los médicos lo ayudaran.
“Volví a hacer la consulta con la psicóloga para que lo antes posible lo viera un psiquiatra pero no me dieron bola. Le dije que necesitaba que lo medicaran porque no lo podía tener así enfermo en mi casa. Tengo hijos. Me dijeron que eso llevaba tiempo, que no es medicarlo nada más. Después me dijeron que con el transcurso del tiempo me darían algo, pero nada”, denunció.
Mientras los médicos se decidían -continúa la hermana- E.C.L. escapaba con destino desconocido hasta que otra vez volvía a la casa. “Esto fue así durante un año completo. La última vez que escapó de casa fue hace dos semanas. Hice la denuncia correspondiente y lo buscamos por todos lados. Rompí las p... todos los días pero me decían que no lo habían visto. Después vi en la tele lo del quemacoches de Palermo y ahí supe que era él”, agregó.
Por el hecho, el joven fue detenido pero un día después la auxiliar fiscal Natalia Pla obviamente lo declaró inimputable debido a que las pericias confirmaron que se trata de un paciente psiquiátrico. Hoy permanece internado en el hospital Fernández a la espera de que se abra un lugar en el hospital Borda, donde será finalmente tratado. “Tuvo que pasar esto para que se decidieran a tratarlo”, criticó la mujer.
Los peritajes estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal y de un informe interdisciplinario elaborado por una junta médica del Fernández. Según el CIJ, el sospechoso presentaba “signos y síntomas que configuran una entidad nosológico psiquiátrica, compatible con alienación mental, por alteración morbosa de sus facultades mentales”. Y sigue: “Se evidencian manifiestos indicadores psicopatológicos de riesgo inminente para sí y terceros. Al momento de la presente evaluación, no posee capacidad psíquica para afrontar un proceso penal en su contra”.
Asimismo, el informe confeccionado por los profesionales del hospital Fernández arrojó que el sospechoso presentaba riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, por lo que se indicaba su internación involuntaria.
El caso del quemacoches puso nuevamente en el centro de la polémica a la Ley de Salud Mental, aprobada en 2010, de marcado tono antipsiquiátrico, que pone muchas trabas para la internación, estigmatiza la medicación, utiliza eufemismos para referirse a la enfermedad mental y niega que dicha condición pueda ser, en ciertos casos, irreversible (aunque tratable, desde ya). Además, la ley le quita preeminencia en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental al profesional médico; habilita a un psicólogo a diagnosticar psicopatologías, a internar y a externar. Algo que ocurrió en el caso de E.C.L., cuya ausencia de tratamiento casi termina con una muerte en Misiones y pudo haber derivado en un verdadero desastre este martes en Palermo, más allá de las pérdidas materiales.
Según la Ley, psicólogo y psiquiatra son prácticamente equivalentes e intercambiables. El artículo 16, por ejemplo, fija como requisito para una internación “la firma de al menos dos profesionales” del establecimiento, “uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra”.
“Me dijeron en la Justicia que ahora sí va a tener custodia policial para que cumpla con el tratamiento. Tuvo que pasar esto para que se ocuparan. Cada vez que la familia de un paciente pida auxilio deben darle atención. Que lo atiendan de urgencia y que se lo pueda medicar al menos. Que haga el tratamiento. Es muy complicado tener a una persona con problemas psiquiátricos en casa sin ayuda”, suplicó la mujer, mientras se dirige en el colectivo desde su casa hasta el Fernández a ver cómo sigue el joven. Habla con todo el sentido común de que carecieron los legisladores.
El año pasado, tras el ataque con la silla de metal, a la madre le tuvieron que dar 32 puntos de sutura pero las secuelas continuaron. Con frecuencia tiene sangrado nasal y debe estar al cuidado del mayor de sus hijos. Fue por eso que el fiscal ordenó que E.C.L. viajara hasta territorio bonaerense para vivir con la hermana. Pero es un despropósito pretender que los familiares se hagan cargo de personas que tienen que estar internadas o, como mínimo, bajo tratamiento supervisado.
“Mi hermano no estaba cuerdo de lo que hacía. Dijo que tenía 23 años pero en realidad tiene 25. La psicóloga me decía que a veces se manifestaba cuerdo cuando le preguntaba cosas. Yo le decía que cómo era posible si ni siquiera podía decir la edad”, agregó la mujer, nuevamente con más sentido común que los profesionales con los que tuvo que lidiar y que faltaron a su deber.
En total, durante este año, la profesional vio al paciente unas seis veces. El resto de las citas no pudo cumplirlas porque coincidieron con las fugas del joven. Pese a todo, la psicóloga no consideró necesario derivarlo a un psiquiatra.
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