Martín Santiago Del Río, el comerciante detenido y acusado por el presunto doble parricidio ocurrido en Vicente López, atraviesa por una ronda de pericias psiquiátricas que buscan determinar si comprende la criminalidad de los actos que se le imputan. Mientras tanto, en los próximos días su defensa planea apelar la prisión preventiva dictada el viernes pasado por el juez de la causa, según informaron fuentes judiciales.
El análisis del perfil del acusado resulta clave para determinar su rol y, llegado el caso, podría contribuir para definir si efectivamente tiene culpabilidad en el hecho. Las pericias psiquiátricas y psicológicas pedidas para Del Rio por el equipo de fiscales son obligatorias cuando la causa tiene una calificación tan grave como ésta, encuadrada como “doble homicidio cuádruplemente calificado”.
Al igual que la semana pasada, en la que Del Río tuvo dos entrevistas para realizar pericias psicológicas, el acusado será trasladado poco antes de las 12.30 a la sede de la Asesoría Pericial Departamental San Isidro, ubicada en la calle Moreno 623, de ese partido ubicado en el norte del Gran Buenos Aires.
En las ocasiones anteriores, el traslado se hizo desde su, por ahora, lugar de detención, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro. Sin embargo, pronto Del Río abandonará ese lugar, ya que será enviado a una cárcel común. El último viernes, luego de notificarle que quedaba procesado con prisión preventiva, el juez de Garantías 1 de ese departamento judicial, Ricardo Costa, pidió cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Estas nuevas pericias serán realizadas por las médicas psiquiatras Roxana Teresa Lugarini y Liliana Graciela Varela. Si bien ya está programada una segunda entrevista, para el martes próximo, los peritos le avisaron a la fiscalía que buscarán fecha para un tercer encuentro con el imputado.
Tanto los procesos de la semana pasada, como las nuevas pericias que debe afrontar, Del Rio deberá realizarlas sin un perito de parte, ya que según lo que declaró en su última indagatoria, su familia lo abandonó económicamente y no tiene dinero para pagar peritos ni abogados.
Voceros judiciales informaron que los fiscales de la causa, Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería, estiman que los profesionales de la asesoría le elevarán sus informes y conclusiones sobre estos peritajes recién en un mes.
Los resultados permitirán saber si está en condiciones de afrontar una imputación, lo que reflejará si comprende la criminalidad de sus actos y dirige sus acciones, pero además determinar si aparece algún rasgo de su personalidad que permita inferir que pudo ser el autor del crimen que se le adjudica, un doble parricidio.
El crimen
Del Río es acusado de matar a sus padres, el abogado, expolicía y comerciante José Enrique Del Rio (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72). La pareja apareció asesinada -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.
En primera instancia, tras el hallazgo de los cadáveres había sido aprehendida la empleada del matrimonio, María Ninfa ‘Nina’ Aquino, como presunta “entregadora”. Sin embargo, el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.
A pedido de los fiscales y en base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial, el juez Costa dictó el viernes pasado la prisión preventiva de Del Rio como autor de un “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa” (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
Según creen los fiscales, el móvil del detenido fue económico y está relacionado a una frustrada operación inmobiliaria por la que las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar.
Voceros judiciales resaltaron que la abogada de Del Rio, Mónica Chirivin, trabaja desde entonces en lo que será la apelación a la resolución del juez que dejó preso a su cliente, para que sea revisada por la Cámara de San Isidro.
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