Insólita estafa a los empleados de un reconocido shopping que perdieron su obra social

El 30 de agosto pasado, Cecilia Queralt (36), empleada desde hace varios años en un local en el shopping Plaza Oeste de Morón, comenzó a sentirse mal y fue a la guardia de un sanatorio privado de Ituzaingó para atenderse. Cuando exhibió el carnet de su prepaga, en la recepción le dijeron que había sido dada de baja y que era imposible que un médico la viera. Sorprendida, pero aún con el dolor que la aquejaba, la joven fue a un hospital público y pudo tratarse. Pero la duda persistía, investigó un poco qué había pasado y fue ahí que se enteró de casualidad que detrás de su mal momento en el sanatorio se escondía una increíble y sofisticada estafa.

En diálogo con Infobae, Cecilia contó que después de la negativa del hospital de Ituzaingó a atenderla llamó directamente a la Superintendencia de Salud de la Nación para saber qué ocurría. Allí le confirmaron que ya no estaba inscripta en Osmmedt, la obra social que regula su empresa prepaga, sino que había sido de alta desde el 1º de agosto en una completamente ajena a su actividad y que jamás había elegido: la Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (Ospilm).

Sin respuestas concretas, en ese momento habló con el sector de Recursos Humanos de la compañía en la que está contratada y le dijeron que es inexplicable lo que había pasado. Lo que indicaron fue que la única forma para cambiar de obra social era de manera personal. Cecilia estaba segura que nunca lo hizo, por lo que nuevamente llamó a la Superintendencia de Salud y fue ahí que se dio cuenta de todo. “Allí me dijeron que si yo no había hecho el cambio, entonces había sufrido una estafa”, contó.

Los empleados estafados no trabajan para Plaza Oeste sino que están vinculados a los locales que alquilan dentro del shopping. Son externos al centro comercial o a Cencosud.

De pronto en su cabeza cayeron las imágenes de lo que había pasado y por fin encontró una explicación. Recordó que el 4 de julio anterior dos supuestas empleadas del Ministerio de Trabajo se presentaron en el local donde trabaja con la intención de controlar que los aportes de su empresa empleadora durante la cuarentena fueron hechos de manera correcta. El argumento era verosímil. Las funcionarias lucían ropa oficial, credenciales y un maletín que las identificaba. Además, usaron argumentos que las convencieron.

Con la confianza ganada, hizo que se dirigieran hasta uno de los vestidores con la excusa de que tenía que grabar un video de ellas en el que debían decirles sus datos personales. Cecilia y sus compañeras accedieron y a los pocos minutos, las empleadas oficiales se fueron.

“Creímos de buena fe que querían verificar los aportes nuestros. Me acordé en la Superintendencia ellas y ahí me dijeron que había sido estafada, y que cambie cuanto antes las claves fiscales. Llamé a la AFIP, las cambié. Pero pasó una semana y una empleada en el shopping, se acercó para decirme que le pasó lo mismo. Esa chica tiene un nene con una enfermedad crónica al que dejaron sin obra social durante dos meses”, relató Queralt, quien además padece asma y necesita del servicio médico de manera constante.

El comienzo de la denuncia

Esa empleada que Cecilia menciona es Carolina Escobar, una mujer de 27 años. Al igual que Cecilia, fue víctima de ese tipo de estafa y también apareció anotada en Ospilm. El modus operandi fue el mismo. De hecho, ocurrió el mismo día. La joven se dio cuenta de que ya no estaba anotada en su obra social, Ospoce, cuando fue a una sesión con su psicólogo.

“Llamé a la Superintendencia de Salud y me dijeron que para hacer el cambio es necesario hacerlo con la clave fiscal número 3″, dijo Carolina, a su turno, a este medio. Les explicó que nunca hizo la clave fiscal y cuando fue a la AFIP a preguntar si la tenía, le dijeron que sí. “Les dije que no era posible. Entonces me dicen que no hay manera de hacerla si no es con mi cara”, agregó.

Ahí recordó el momento en que las falsas empleadas del Ministerio de Trabajo la dirigieron hasta los probadores para filmarla. Entonces supo que había sido víctima del insólito engaño. “Nos hacen hacer un video donde decíamos el nombre completo y el DNI. Me preguntaron si había tenido COVID, si tomaba alguna medicación, con quién vivía y si lo habían operado”, añadió. Las preguntas de rutina sirvieron para consumar el engaño.

El caso de la joven era aún más delicado porque de su obra social depende su hijo, que padece asma bronquial crónica. Necesita tomar mediación todos los días y por el problema que le causó, perdió muchos turnos médicos. Su vida fue trastornada.

Indignada, Escobar tomó las riendas del caso después de enterarse de que empleados de otros locales también cayeron en el engaño. Elevó primero una denuncia ante la UFI Nº7 de Morón y decidió contactarse con la obra social de los ladrilleros. Allí, mantuvo contacto con un hombre identificado como “Rodrigo”, quien se presentó como el responsable de la obra social pero que se desligó del hecho.

Le explicó que las afiliaciones estaban a cargo de una empresa tercerizada que no tenía nada que ver con Ospilm y que la falsa empleada del Ministerio no tenía vínculo con ellos. Lo que no supo explicar cómo empezaron a recibir los aportes de un buen número de empleados sin que se dieran cuenta. El hombre en todo momento, sin embargo, se manifestó dispuesto a resolver el tema e incluso les ofreció hacerse cargo de los gastos médicos que se presentaran. Las damnificadas lo rechazaron. Lo único que les aportó fue el DNI de la mujer que las había engañado: una mujer de nombre Julieta Garrido.

“Le digo que me muestre un papel donde yo aceptaba ser afiliada a esa obra social y ahí me dice que desde la pandemia aceptan videos. De hecho, me dijo que tenían el mío. Tenía los videos de todos. Me da el número del encargado de las afiliaciones, un tal Paulo Esteban Sotille”, relató Carolina. La joven lo llamó y recibió una respuesta agresiva por parte de este último hombre, quien negó cualquier tipo de acusación.

Hubo al menos 12 estafados. Nueve mujeres que sí hicieron la denuncia y tres hombres que optaron por no presentarse ante la Justicia. Por consejo de trabajadores de un local por fuera del shopping que también fueron estafados hace algún tiempo, denunciaron el caso a mediados del mesa pasado ante la Fiscalía Federal Nº8 de Morón, subrogada en ese momento por el fiscal Santiago Marquevich.

Allí aportaron toda la documentación que certificaba el cambio de obra social, las conversaciones con “Rodrigo”, la foto del DNI de Garrido y hasta un video de una cámara de seguridad del shopping Unicenter, donde la falsa empleada pública también hizo de las suyas. Esas imágenes fueron aportadas por empleados de ese centro comercial de la zona norte cuando se enteraron del caso de Morón.

En las denuncias, a las que accedió este medio, nombraron a todos los involucrados en la historia. En la Fiscalía les comentaron que por lo expuesto se trataría de delitos como robo de identidad y estafa colectiva. El expediente finalmente recayó el Juzgado Federal Nº1 de Morón, a cargo del juez Martín Ramos. Desde la sede judicial indicaron que el caso está en trámite. La investigación recién comienza.

La principal preocupación de los empleados del shopping radica no sólo en el hecho de que no puedan atenderse con quien ellos quieran. O incluso que sus aportes fueron desviados durante al menos dos meses hasta Opilm. En realidad, el mayor de los incordios es el cambio de obra social. Es decir, volver a tener la que tenían antes del 4 de julio no es tarea sencilla. Cuando se dirigieron a la Superintendencia les indicaron que por ley están obligados a permanecer un año en la obra social de los ladrilleros. La única forma de darla de baja es si certifican que están bajo un tratamiento médico de importancia. De lo contrario, será imposible.

Carolina, a través de la enfermedad de sus hijo, pudo retrotraer la situación y desde el sábado pasado pudo volver a contar con Ospoce. Cecilia aportó los documentos médicos sobre su cuadro de asma y pudo anular la inscripción, aunque todavía espera que su prepaga la acepte de vuelta. Este medio habló también con Melany, otra de las que se presentó ante la Justicia. Según dijo, todavía no logró solucionar el problema y sus dos hijos están si cobertura.

“Tengo dos chicos chiquitos de tres y un año. Tengo que hacerles estudios. En la Superintendencia nos trataron muy mal. Me dijeron que tenía que bancarme un año porque mis hijos no tenían ningún problema médico. Estoy juntando historial clínico y todo lo que pueda para devolverme mi obra social”, dijo la mujer.

La respuesta oficial

Infobae se contactó con la Superintendencia de Salud. Explicaron que, al estar judicializado el tema, ya no depende de ellos. En ese sentido, sostuvieron prácticamente lo mismo que le dijeron a la denunciantes: tienen que esperar un año o presentar certificados médicos.

Sin embargo, admitieron que no es la primera vez que reciben este tipo de denuncias, en la que incluso oficiaron como querellantes. Además, admitieron que no es la primera vez que escuchan el nombre de Ospilm vinculado a este tipo de acusaciones. En este punto, la respuesta oficial coincide de manera inquietante con un dato aportado por Carolina. Cuando fue al organismo de control, recibió una contestación que lo único que le generó fue dudas.

“Cuando fuimos, la secretaria nos dijo que era una obra social fantasma. ¿Cómo puede ser que regulen una obra social a la que consideran fantasma?”, se preguntó.

Ahora, la Justicia deberá responder.

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