S.C, panadero, de 69 años, caminaba por una calle de Florencio Varela cuando notó que un auto lo seguía. Creyó que era paranoia, pero, en realidad, su instinto no le fallaba. Algunos segundos después, un patrullero de la Policía Federal se cruzó en su camino. Dos efectivos bajaron del móvil y lo esposaron. S.C no opuso resistencia ni se sorprendió. Parecía como si conociera su destino. Es que los agentes tenían en su mano una orden de captura por uno de los delitos más aberrantes que prevé el código penal: abuso sexual y corrupción de menores.
Las víctimas del panadero, según la justicia, fueron sus propios hijos, uno de ellos con síndrome de Down, que al momento de los abusos tenía entre 7 y 10 años.
La detención de S.C, de origen chileno, tiene detrás una historia truculenta de abusos y mentiras, pero también de incapacidad judicial. Es que la Justicia lo absolvió insólitamente en 2014 luego de un juicio en el que declararon las víctimas. Sin embargo, tres años después la Cámara de Casación decidió revertir la situación y condenarlo. Cuando lo fueron a buscar para detenerlo, como era previsible, se había fugado. S.C -cuyo nombre se mantiene en reserva para no afectar la identidad de sus víctimas- permaneció a la fuga hasta ayer, cuando quedó detenido luego de un operativo de PFA.
Según quedó asentado en el expediente, al que accedió Infobae, la denuncia original del caso fue realizada por la madre de las víctimas el 30 de noviembre de 2006. Allí la mujer contó que ingresó a la habitación de sus hijos menores de edad. “Cuando le pregunté que hacían, el más chico me dijo que se bañaban con su papá y que le ponía el pito en la boca. Le comenté a mi ex marido lo sucedido, pero no dijo nada”, declaró.
Luego de esa denuncia, una de las víctimas fue revisada por un médico forense de la Asesoría Pericial de Quilmes. En su informe, el profesional fue contundente: “la víctima tiene lesiones en su cuerpo a causa de un abuso sexual”, señaló.
A pesar de este informe, y de otro peritaje psicológico donde se expresaba que los niños no mentían, el panadero no quedó detenido. De hecho, estuvo en libertad durante toda la investigación. Este medio intentó encontrar una explicación en el expediente a esa situación pero no obtuvo respuesta. Tampoco las fuentes consultadas lograron esclarecer el porqué de la no detención ante un hecho tan grave.
Lo cierto, es que recién en el 2014, ocho años después de la denuncia original, la Justicia decidió realizar el juicio oral en contra del panadero. Llegó al debate oral en completa libertad. El tribunal designado fue el N° 5 de Quilmes. Fueron varias jornadas cargadas de tensión y dramatismo que se realizaron en marzo de aquel año.
El juicio contó con la palabra de los hijos del acusado. El primero en hablar fue E., el mayor, que ya era mayor de edad en ese entonces y comenzó su relato con una frase que hizo estremecer a todos los presentes: “Mi padre me robó mi infancia”, dijo. Luego detalló que primero vivían con su madre y su padre en una casa de Quilmes hasta que su madre se mudó a una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires por cuestiones laborales. La mudanza se hizo en enero de 2006 y en marzo fue el momento en que su madre los descubrió.
“No tengo recuerdos felices de mi casa, mi viejo me golpeaba, la última vez fue con un caño. Mi viejo nos manoseaba. Nos hacía tener contacto entre los dos. Me tocaba las partes íntimas. Nos juntaba en el baño, en la panadería o en casa. A mí nunca me penetró, pero R., mi hermano menor, si”, dijo la víctima.
Además, el joven relató que luego de esas situaciones su vida fue un infierno y quedó marcada para siempre. Expresó que le costó mucho relacionarse con una mujer, que prácticamente su vida se detuvo en ese instante. Para graficarlo ante el tribunal, utilizó una metáfora más que gráfica: “a mi modo de ver, un abuso es como un brazo roto. En apariencia se puede curar, pero después los días de humedad sigue doliendo. Esto es lo mismo cada tanto lo revivís, te persigue”.
En el juicio también habló R, el hijo menor del panadero, un chico con síndrome de Down y una deficiencia madurativa que, a pesar de que tiene 17 años, lo hace expresarse como alguien de menos de 10. Frente a los jueces contó: “Mi papá es un sucio, cochino”. Allí, relató las violaciones que sufrió en detalle y dijo que su hermano fue testigo.
A la contundencia de los relatos de los menores, que además agregaron circunstancias de tiempo y espacio de donde se habrían producido los abusos, se sumó el informe médico que hablaba de abusos y la palabra de una psicóloga. La licenciada concluyó que “no encontró mendacidad” en el relato de la madre ni tampoco “síntomas de fantasía, fabulación o mentira” en las víctimas. Además, agregó que los relatos de los menores “eran propios”.
A pesar de esta prueba, los jueces Juan Martín Mata y Gustavo Dario Farina, votaron por la absolución de S.C. Básicamente, sostuvieron que la madre les llenó la cabeza a los chicos y los obligó a mentir. La única que optó por una condena fue la jueza, hoy jubilada, Mónica Rodríguez. Sin embargo, perdió 2 a 1 y el acusado se fue caminando a su casa con una absolución bajó el brazo.
A pesar de esto, el fiscal del juicio apeló el fallo y la causa pasó a la Cámara de Casación. En 2017, tres años después del juicio, los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini revirtieron el fallo. Decidieron que se forme un nuevo tribunal y se dicte una pena condenatoria, sin necesidad de realizar un nuevo juicio: “Entiendo que los elementos de cargo resultan por demás suficientes para tener por acreditados los hechos denunciados. Resulta altamente improbable que una mentira inoculada puedan sostenerla ante a la cantidad de adultos que los interrogan, más aún en niños con síndrome de down”.
Ante esta situación, la justicia fue a buscar a S.C para notificarlo de la situación. Como era de esperar, ya no estaba en el domicilio que había fijado. Durante los siguientes cinco años, el panadero se mantuvo en la clandestinidad.
Esa situación termino esta mañana cuando, gracias a la intervención de la fiscal María de los Ángeles Attarián Mena, la Policía Federal lo ubico y lo detuvo.
Ahora se solicitará la prisión preventiva y un nuevo tribunal, distinto al que lo absolvió, deberá imponer una condena. La pena puede llegar a los 20 años.
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