El abogado querellante que representa a la familia de Blas Correas, el adolescente asesinado por policías de Córdoba en agosto de 2020, sostuvo este martes, en una reconstrucción virtual del hecho que se exhibió en el juicio contra los 13 agentes acusados, que los imputados dispararon contra el auto en el que iba la víctima junto a cuatro amigos tuvieron “intención de matar”.
Para el letrado Alejandro Pérez Moreno, con esta reconstrucción y con testimonios de integrantes de un equipo interdisciplinario de peritos y forenses, “quedó totalmente demostrado que cuando los policías dispararon contra el automóvil tenían intención de matar”.
En ese sentido, el perito balístico Héctor Schiaroni declaró ante el tribunal técnico de la Cámara 8ª del Crimen y los miembros del jurado popular que “todos los disparos estuvieron orientados hacia el vehículo” Fiat Argo Blanco en el que iba Blas y sus amigos, y que podrían haber causado “serios daños” a los otros cuatro ocupantes del coche.
De los seis balazos, cuatro fueron efectuados por el cabo 1° Lucas Gómez (37) y dos por el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33); y cinco tiros impactaron sobre distintas partes del auto. ”Si hoy no estamos lamentando más víctimas fatales es por milagro y no por la voluntad de quienes dispararon”, dijo a la agencia de noticias Télam el abogado Pérez Moreno.
El perito Schiaroni aseguró que los estudios determinaron que el segundo disparo que ejecutó con su arma el cabo 1° Gómez fue el que impactó sobre la espalda (escápula derecha) de Blas.

Por su parte, el médico forense Juan de Uriarte declaró este martes que el proyectil le ocasionó a la víctima lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, en el pericardio, en uno de los ventrículos del corazón y provocó una hemorragia que le ocasionó un shock hipovolémico; y que la causa de la muerte fue por traumatismo de tórax.
De Uriarte aclaró que no puede afirmar si la víctima llegó con vida o muerto a la intersección de Chacabuco y Corrientes, donde el vehículo fue detenido por los policías, porque él no estuvo en el lugar. Sin embargo, dijo que uno de sus amigos atestiguó que Blas todavía respiraba, aunque ya “con muy pocas chances” de sobrevivir.
Al respecto, este testigo dijo que “es probable que haya tenido más chances de vida” en la clínica Aconcagua, donde se negaron a atenderlo cuando sus amigos lo llevaron a ese lugar pidiendo ayuda para salvarlo. Mientras, el médico de un servicio de emergencia municipal Adrián Ventura Zapata fue convocado a prestar servicio de asistencia a Chacabuco y Corrientes y, al llegar al lugar, a las 0.30 del 6 de agosto de 2020, constató que en el auto estaba el cuerpo de Blas y “no tenía signos vitales”.
Zapata relató que se realizaron maniobras de reanimación y “no respondió”, por lo tanto, constató el fallecimiento y lo derivó a la morgue, y que había sido informado que no le habían efectuado tareas de RCP (reanimación cardiopulmonar).
También declararon el médico Alejandro Cordeiro y el abogado Álvaro Saragoza, quienes, junto a De Uriarte y Schiaroni, dieron detalles sobre la reconstrucción virtual del escenario del crimen y de los resultados de las pericias. Previamente, declararon dos suboficiales del Departamento Homicidios de la policía provincial Gonzalo López Castillo y Marcos Moreno; quienes aportaron datos sobre pericias realizadas a los teléfonos de Mateo Natali y Cristóbal Bocco, dos de los amigos que acompañaban en el Fiar Argo blanco con Blas.
Por último, expuso Federico Taborda, un taxista que transitaba con un pasajero por la zona donde ocurrió el crimen y que vio parte de la escena, cuando el Fiat Argo se detuvo por el control policial y después escuchó los disparos.
El juicio pasó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 9 para continuar con la recepción de más testimonios.
Gómez y Alarcón son juzgados como “coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica. Los cargos que enfrentan son de “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público”, ya que se les imputa, entre otras cosas, haber “plantado” un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.
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