Trabajaba en la Procuración e irá juicio oral porque descubrieron que no era abogada y quiso cobrar un plus por título

Rosa María Dettori nació Alghero, Cerdeña, Italia en 1970. Llegó a la Argentina en 2011 con su familia y tres años después consiguió trabajo en la Procuración General de la Nación.

En abril de 2014 entró en la Procuración General de la Nación que estaba a cargo de Alejandra Gils Carbó. Fue contratada como oficial mayor para trabajar en la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de activos (PROCELAC) una oficina que por entonces dirigía Carlos Gonella, uno de los fiscales dilectos de Gils Carbó. Después de la PROCELAC pasó a una de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO), otra creación de la PGN de entonces. Su labor se dio en Mar del Plata, la ciudad donde vive. No hubo irregularidades ni en su designación ni en cómo desarrolló sus tareas.

A raíz de su cargo en la PGN Dettori participó de conferencias y escribió artículos publicados, por ejemplo, en sitios de internet que se dedican con seriedad a tratar asuntos penales.

En agosto de 2016, en la revista de Pensamiento Penal, Dettori, en colaboración con otro autor, publicó un artículo llamado “Lavado de dinero y crimen organizado en la Argentina” en el que analizaba casos de nuestro país y los contrastaba con algunos sucedidos en Italia.

En noviembre de 2016 fue una de las panelistas en una jornada académica sobre Crimen organizado, trata de personas, la vado de dinero y otros delitos complejos en la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) de Mar del Plata.

En aquella ocasión Dettori fue presentada de la siguiente manera: “Es abogada criminóloga en la PROCELAC (Procuraduría contra la criminalidad económica y lavado de activos) dependiente de la Procuración General de la Nación. Diplomada en Jurisprudencia, otorgado por la Universitá di Sassari y Doctorado Universidad «La Sapienza», Roma. Ha trabajado como Perito Criminóloga sobre la temática de Criminalidad Organizada, Criminóloga en el penal de Scampia (Nápoles) sobre la temática de camorrismo, y en el OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) sobre la aplicación de medidas de seguridad a detenidos con problemas psiquiátricos”. En ese panel expuso el hoy muy conocido fiscal Diego Luciani, quien se especializó en la temática de trata de personas y además otros dos expositores. Vale la pena recordar que cuando alguien es invitado a un panel se le pide la forma en que quiere ser presentado. Es decir que fue Dettori quien dio sus datos a la FASTA. Y en la presentación decían que era abogada.

En marzo de 2017 Dettori como coautora firmó otro artículo en la revista de Pensamiento Penal. Esa vez el título fue: “Investigaciones patrimoniales, técnicas para su abordaje desde una perspectiva comparada”. En ese artículo Dettori puso el ejemplo del funcionamiento de la Guardia di Finanza italiana, para poder adaptarlo a las necesidades de la Argentina.

Para fines de 2017 Dettori ya formaba parte del cuerpo docente de la Diplomatura en Delitos de Crimen Organizado de la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín. El director de la diplomatura era Luciani y entre los docentes, además de Dettori estaban jueces y fiscales como Zunilda Niremperger, Diego Barroetaveña y Carlos Rívolo, entre otros.

Sus labores en ATAJO se desarrollaban sin sobresaltos hasta que en enero de 2019, después de cinco años de haber ingresado, pidió que le comenzaran a pagar la bonificación por título universitario. Esto sucede habitualmente: una persona ingresa a la PGN y cuando se gradúa pide que le paguen la bonificación. Dettori hizo esa solicitud y además reclamó el cobro retroactivo. Ese fue el principio del fin.

Para hacer el trámite Dettori presentó la documentación ante la Secretaría Disciplinaria y Técnica y de Recursos Humanos de la Procuración General de la Nación. Y allí se encendieron las alarmas. La empleada de la Procuración reclamaba su bonificación porque la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Nordeste (UNNE), cita en Corrientes, le había revalidado su título italiano. Una simple búsqueda en internet revelaba que había varias denuncias por el otorgamiento de títulos “truchos” de aquella universidad. También llamó la atención que la elegida para revalidar el título italiano fuera una universidad alejada geográficamente del lugar de trabajo de Dettori.

El pedido fue en enero y en abril, Eduardo Casal, a cargo interinamente de la Procuración General de la Nación, firmó una resolución en la que daba a conocer formalmente las irregularidades halladas en los documentos aportados por Dettori. En aquella resolución Casal también explicó que la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración, a través del Convenio de Cooperación Institucional con la Guardia di Finanza de Italia, consiguió una información relevante para el caso: Dettori no se había recibido de abogada. En la documentación aportada para pedir el beneficio, se adjuntó la copia de dos diplomas distintos emitidos por la Facoltá de Giurisprudenza de la Universitá de Sassari (Cerdeña) a nombre de Dettori. En ambos se consignaba como fecha de emisión del diploma el 20 de julio de 1998/1999. El apostillado –la certificación de firma en el exterior- de ambos diplomas tenía la misma fecha y el mismo número.

A partir de lo determinado inicialmente Casal ordenó la realización de un sumario interno en la Procuración y envió su resolución a la fiscalía de la Cámara Federal porteña para que se iniciara una investigación penal. El por entonces fiscal Germán Moldes (renunció en septiembre de 2019) hizo la denuncia que le tocó al juez Julián Ercolini con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano.

En febrero de 2022 Ercolini procesó a Dettori por el delito de “uso de documentación material e ideológicamente falsa, en concurso ideal con defraudación contra la administración pública en grado de tentativa”. En el procesamiento, al que Infobae accedió a través de fuentes judiciales, se analizó primero la documentación presentada por la empleada de la Procuración a la hora de solicitar su bonificación por título.

Los documentos presentados fueron :

- Un acta –sin firma– expedida el 20 de diciembre de 2018- que da cuenta de la entrega a Dettori del diploma original, revalidado por la UNNE y por ende equivalente al título de abogada de esa universidad, equiparado al otorgado el 20 de julio de 1999 por la Universitá Degli Studi di Sassari, con reconocimiento oficial y validez nacional, y un certificado analítico legalizado.

- Una copia de una resolución dictada el 16 de noviembre de 2018 por María Delfina Veiravé, rectora de la UNNE, por la que se revalidó el título extranjero de abogada.

- Una copia de un diploma que figura como expedido el día 20 de julio de 1998 por la Universitá di Sassari – Facolta ‘di Giurisprudenza di Sassari a nombre de Dettori, que en su anverso posee un apostillado identificado con el número 16266/2011, que tiene como fecha de expedición el 24 de octubre de 2011. El apostillado es un sello que le da validez a los documentos obtenidos en el exterior y solicitados para algún trámite oficial. Y el apostillado correspondía a un trámite iniciado por Dettori pero no relacionado con el título universitario.

- Un certificado firmado el 16 de noviembre de 2018 por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE y por la rectora de esa universidad, en el que se consignó que el título de abogada que aparece como emitido el día 20 de julio de 1999 por la Universitá Degli Studi di Sassari a favor de Dettori había sido revalidado. En ese certificado se señalaba que aquel título italiano le permitía ejercer la profesión de abogada, con reconocimiento oficial y validez nacional había sido revalidado por la UNNE y en equiparado al título de abogada que allí se otorga.

Pero en la causa judicial por la que Dettori fue procesada se sumó también el expediente interno de la UNNE. Y allí, según consta en el procesamiento, el 25 de octubre de 2017 Dettori presentó una nota dirigida a la rectora en la que decía: “Me dirijo a Usted para solicitarle considere otorgarme la revalidación de mi título de Abogada extendido por la Universitá Degli Stuti Di Sassari de Italia para el ejercicio de la profesión en el ámbito de la República Argentina, con los mismos efectos y alcances que los expedidos por esa Casa de Altos Estudios a su digno cargo”.

Cuando declaró en indagatoria Dettori dijo:

-Que había estudiado abogacía en Italia y no había terminado la carrera.

-Que la carrera tiene varias etapas. Una que se asemeja a la de procurador legal (laurea) y requiere una tesis para graduarse como doctor en jurisprudencia o derecho. Y que luego de una práctica de dos años y un examen se consigue el título de abogada.

-Que mientras vivió en Italia no ejerció como abogada sino como procuradora legal y criminóloga.

-Que en 2016 tomó contacto con autoridades de la UNNE para interiorizarse por el trámite de la reválida

-Que en la UNNE le dijeron que no hacía falta el título de abogada ya que alcanzaba con el título de procuradora legal para realizar el trámite de la reválida.

-Que para hacer los trámites respecto de su carrera en Italia había contratado una agencia con sede en Alghero.

-Que en 2018 el rector de la Universitá Niccolo Cusano de Italia, donde había sido invitada para dar una charla, la instó a presentar la tesis y así finalizar la segunda etapa de la carrera de abogacía. Y que aprobó y luego obtuvo el grado de doctora en derecho.

-Que sin revisar su contenido mandó la documentación a Corrientes no bien la recibió de la agencia italiana que había contratado para hacer los trámites en Cerdeña.

-Que nunca había tenido un título original que acreditara los estudios cursados en Italia , sino que solamente había contado con certificados analíticos de los exámenes rendidos para conseguir el grado de procuradora legal, para lo que, no se expide ningún tipo de título o diploma.

-Que no sabe cómo llegó una apostilla correspondiente a un trámite diferente al diploma que presentó en la Procuración.

-Que está matriculada como abogada en el Colegio de Abogados de Cágliari desde 2021.

Su defensa además planteó que los datos enviados vía exhorto desde Italia, en cuanto a que Dettori no se había graduado de abogada, estaban desactualizados. Y que hay constancias de su trabajo en Cagliari y de cursos de post grado. Cuando propiciaron su sobreseimiento los abogados señalaron que: “…No existen elementos que permitan concluir que la nombrada haya obrado con la finalidad de ostentar un título que nunca tuvo, ni tampoco de presentar documentación falsa para poder trabajar en el país” y que “nunca presentó ni quiso presentar documentación adulterada ante ninguna autoridad, y que implicaría la calidad de abogada profesional.

Ercolini marcó en el procesamiento las inconsistencias de la defensa de Dettori. El juez remarcó que no se aportaron a la causa constancias que permitan corroborar dónde y cuándo rindió Dettori la tesis que le permitió graduarse tal como dijo. Además resaltó que la propia imputada había dicho que decidió presentar la tesis necesaria para graduarse en 2018 en tanto en 2017 había iniciado el trámite de reválida en la UNNE. La defensa sumó al expediente un certificado (sin apostillar) de una libreta de matriculación del “Ordine degli avvocati” de Cagliari fechada en junio de 2021, dos años después de iniciado el trámite en la Procuración.

El juez señaló que: “…Las circunstancias expuestas por la nombrada en su descargo, además de resultar imprecisas, no se ven respaldadas por las constancias documentales aunadas en la investigación, sino que, por el contrario, reflejan que los hechos se dieron de una manera contraria a la expuesta por aquélla”.

Y concluyó que: “…Dettori presentó documentación materialmente falsa ante la UNNE para que se le reconociera en el país el estatus profesional de abogada, que, a diferencia de lo plasmado en la solicitud efectuada por la nombrada ante dicho establecimiento, no poseía en su país de origen. Una vez obtenida la reválida solicitada, la nombrada presentó, esta vez ante la Procuración General de la Nación, otros instrumentos materialmente falsos, además de documentación ideológicamente falsa, al haber sido obtenida de la UNNE a partir de la presentación de instrumentos materialmente falsos. Ello, con el objeto de incitar a engaño al Ministerio Público Fiscal, donde se desempeña, a fin de percibir de modo ilegítimo la bonificación por título universitario y el retroactivo correspondiente”.

Dettori apeló el procesamiento y la Cámara Federal porteña confirmó lo decidido por Ercolini en agosto de este año. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi rechazaron los argumentos de la defensa de Dettori. Los camaristas dijeron que: “No escapa a nuestro análisis que la estrategia defensista está orientada a sostener que su asistida habría presentado documentación legítima en la UNNE que daba cuenta del estatus de procuradora legal que poseía en su país de origen, para poder realizar los trámites necesarios y rendir las materias correspondientes, con el objetivo de recibirse de abogada en dicha universidad nacional. No obstante, esta versión de los hechos no encuentra respaldo en la prueba reunida hasta el momento; sobre todo ante la existencia de la nota descripta precedentemente de la cual surge de forma fehaciente que lo que ella pretendía obtener era la revalidación de un título universitario que no poseía y ante la imposibilidad de los recurrentes de demostrar de qué modo o quién habría presentado el diploma apócrifo ante las autoridades de la UNNE y la PGN”.

En tanto el camarista Leopoldo Bruglia votó por revocar el procesamiento por “prematuro” y propuso ampliar la investigación en relación al trámite realizado dentro de la UNNE. La Cámara redujo el embargo que Ercolini le había fijado a Dettori. Había sido originariamente de $500.000 y lo bajaron a $100.000.

La fiscal Alejandram Mángano formuló la acusación contra Dettori paso previo al cierre de la instrucción. En requerimiento de elevación a juicio Mángano señaló que: “La imputada en ningún momento pudo explicar mínimamente por qué si las autoridades de la “Universitá Degli Studi Di Sassari” y de la “Facoltá ‘Di Giurisprudenza di Sassari” desconocen haber otorgado cualquier tipo de titulación a su nombre, aparece un “Diploma di Laurea in Giurisprudenza” (emitido a su favor) como presentado ante la Universidad Nacional del Nordeste y ante la Procuración General de la Nación. Es que justamente, la utilización de este diploma apócrifo que figura a su nombre fue uno de los elementos esenciales para que la UNNE le permita rendir la reválida del título para ejercer en Argentina”.

En septiembre pasado el juez Ercolini elevó el caso a juicio y por sorteo el expediente quedó radicado en el Tribunal Oral Federal 8 con la intervención del fiscal Marcelo Colombo. Allí se determinará si Dettori es culpable o inocente. Mientras tanto la empleada está con licencia médica en la Procuración y el sumario interno está suspendido a la espera de lo que resulte en el juicio oral y público.

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