Ahora, Martín del Río pide apartar de la causa por el doble crimen de Vicente López a la Policía Científica

Primero culpó a su amante. Luego pidió investigar a su hermano. Y, ahora, Martín Santiago del Río, acusado de matar a sus padres en Vicente López, solicitó este miércoles apartar de la causa a la Policía Científica bonaerense. Lo hizo a través de su defensa, al argumentar que esa fuerza actuó con “parcialidad” y perjudicó a su cliente cuando corrigió la data de muerte de las víctimas para “acomodar” la prueba en función de las necesidades de la fiscalía.

Hay que recordar que la data de muerte fue uno de los argumentos que usó la defensa de Del Río hijo para pedir que su cliente sea liberado de culpa y cargo, aunque luego se concluyó que los parámetros de los médicos no eran tan exactos y por eso el detenido podía haber perpetrado los homicidios de sus padres, José Enrique del Río y María Mercedes Alonso.

El pedido del abogado de Del Río hijo fue formulado 24 horas antes de que el imputado vuelva a ser indagado este jueves a las 10.30 en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción Vicente López Oeste.

En el escrito -al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam- y que fue dirigido al juez de Garantías N°1 de San Isidro, Ricardo Costa, la abogada Mónica Chirivin también criticó a los fiscales del caso, a quienes acusó de tener un accionar “con tinte inquisidor”, entre otros duros términos.

“Los señores fiscales actuantes se manejan, se muestran y actúan deliberadamente como ‘amos y señores de la prueba’, afectando de esta forma garantías constitucionales del imputado, como ser la defensa en juicio y el debido proceso”, señaló la letrada en otro de los párrafos dedicados al equipo integrado por Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería.

El tema central por el que la defensora objeta a los fiscales y peritos es la data de muerte de las víctimas. En los protocolos de las autopsias se dejó asentado que ambas víctimas llevaban de 12 a 18 horas fallecidas cuando se revisaron sus cadáveres en la morgue, lo que ubicaba el doble crimen en horas de la madrugada del 25 de agosto, algo que para su defensa beneficia a Del Río hijo, porque en ese momento se encontraba en su casa del country Nordelta de Tigre.

Pero luego, a través de un “acta” firmada por el médico autopsiante y tres de sus superiores en Policía Científica, se corrigió esa estimación “hasta 36 horas” antes del examen en la morgue, lo que incluye la tarde del 24 de agosto, que es el momento -entre las 17.33 y las 18.30-, en el que los fiscales le imputan a Del Río hijo la comisión del supuesto parricidio.

Además, los fiscales le tomaron una nueva testimonial al médico forense de la Policía Científica de San Isidro que hizo la autopsia, Martín Adrián Fernández, donde el profesional admitió haber cometido “un error involuntario” en la primera estimación de la data de las autopsias.

“El equipo de fiscales comenzó a desplegar todo un proceder coercitivo que culminó con una declaración testimonial -recibida a espaldas de esta defensa-, en donde el perito médico se desdice de su informe, lo cual constituye lisa y llanamente un escándalo jurídico”, sostuvo Chirivin. En este sentido, agregó: “Todo este proceder ilegal lamentablemente pone en dudas el accionar de la Fiscalía, que busca inculpar a Martín Santiago Del Río, a como fuere, acomodando la prueba a sus necesidades”.

“A esta altura de la investigación y vista la conducta demostrada por la Fiscalía y las máximas autoridades de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, que actuaron en forma mancomunada para hacer que el perito médico legista se desdiga de su informe, para acomodarlo a las necesidades de la fiscalía, pone en duda cierta toda la actuación de esa especialidad policial en el marco de esta investigación, no resultando confiables en los resultados de las pericias en curso y por realizarse y en las que hayan intervenido”, argumentó la defensora.

Por ello, Chirivin solicitó que “se remueva en forma inmediata de las actividades periciales y de investigación” a la Superintendencia de Policía Científica bonaerense y que “se designe a cualquier otra fuerza” con capacidad para realizarlas.

Desde el Ministerio Público Fiscal de San Isidro aseguraron que la cuestión en torno a la data de muerte “está zanjada” con las aclaraciones que hicieron oportunamente los forenses en el acta y en las declaraciones testimoniales que brindaron bajo juramento de decir verdad.

“La data de muerte de hasta las 36 horas es meramente presuntiva. En este caso, hay datos objetivos técnicos sacados de videograbaciones, de las antenas de telefonía y de los celulares de las propias víctimas, que nos aportan un horario del crimen preciso que se circunscribe, minutos más minutos menos, entre las 17.30 y las 18.30 del 24 de agosto”, dijo a Télam uno de los investigadores judiciales del caso.

El juez Costa, según pudo saber Infobae, le trasladó a los fiscales la resolución del pedido de la defensa de apartar a la Bonaerense, ya que “son los directores de la investigación”. Las fuentes consultadas dijeron que cualquier queja sobre la citación de testigos cae en saco roto “ya que el expediente es digital y se puede acceder a la información on line 24 x 7. No existe la notificación escrita ya”.

El caso

Del Río padre y su esposa Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno-, el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Su hijo menor, Martín Del Río (47), fue detenido el 7 de septiembre como autor de un presunto doble parricidio y quedó imputado por “doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa (matar para lograr la impunidad) y por el uso de arma de fuego”, delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

Para el equipo de fiscales, el comerciante que heredó los negocios de su padre fue quien el 24 de agosto por la tarde llegó a la casa de la calle Melo, con alguna excusa convenció a sus padres para subirse al auto Mercedes Benz E350 estacionado en la cochera y los ejecutó con una pistola calibre 9 milímetros desde el asiento trasero, para luego simular un robo en la propiedad y huir de la escena del crimen.

Los fiscales creen que el móvil fue económico, ya que no podía sostener la mentira de una mudanza que les había prometido a un departamento de Núñez valuado en más de un millón y medio de dólares que no había terminado de comprar.

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