Testimonios de víctimas, intervenciones telefónicas, chats y trabajos de inteligencia. Con todas estas pruebas cuenta la Justicia de Quilmes para acusar a la organización La Razón de Vivir de ser una asociación ilícita dedicada a reducir a la servidumbre a adictos, someterlos a castigos físicos y psicológicos y evitar que se comuniquen con sus familias. El objetivo final era mantenerlos como esclavos para que sirvan a los líderes. En la mañana de hoy se realizaron casi 20 allanamientos y hay 17 imputados, entre ellos, Marcelo “Teto” Medina, que está señalado como miembro de la organización, clave para su estrategia de marketing. Por esto, fue arrestado hoy por la mañana en su domicilio de la calle Cabello en Recoleta.
En el expediente, al que tuvo acceso Infobae, se relatan situaciones denigrantes para las víctimas, se detallan sistemas de castigos y se especifica el rol de cada uno de los detenidos: hay falsas psicólogas, una efectiva de la Policía Bonaerense y un jefe, Néstor Ezequiel Zelaya, al que lo llamaba “San Pipi”.
Según especifica el fiscal Daniel Ichazo en la causa, “los internos debían mendigar leña para la calefacción y pedir dinero en las calles y las iglesias de la zona. También estaban obligados a cocinarse productos de baja calidad para ellos y de alta calidad para los jefes. Las víctimas tenían prohibido comer y en ocasiones debían dormir en el suelo y a la intemperie expuestos a roedores. Por otro lado, limitaban su libertad ambulatoria y los capturaban cuando huían del lugar sin autorización. Además, los privaban de atención médica básica y de los medicamentos que tenían prescriptos”.
En el expediente se habla de los roles de cada uno de los integrantes de la organización. En especial se hace hincapié en el que se cree que es el líder, Néstor Zelaya, con quien Medina giraba por el país en conferencias de reclutamiento. En la acusación se especifica que “daba directivas a toda la asociación ilícita y realizaba apariciones en medios de comunicación para dar una cobertura mediática a la actividad criminal. Además, era quien establecía los aranceles e indicaban cómo debían ser las condiciones de servidumbre y los sistemas de castigo”.
En los testimonios de las víctimas, los internos detallan cómo se movía y de que manera se expresaba Zelaya dentro de la organización: “En todo momento nos mencionaba que ‘él nos salvó'. También que ‘no le debemos nada a Dios, sino a él’. Repetía que él va a ser siempre nuestro director adentro de la quinta y también una vez que ya no estemos en ella”, aseguró uno de ellos.
Zelaya apelaba también a citas bíblicas para referirse a lo que pasaba dentro de la organización: “La que repetía siempre era ‘muchos son los elegidos y pocos los que se salvan’. Y luego nos decía que ‘no se trataba de ser inteligente, sino obediente’”.
En cuanto a “Teto” Medina, la acusación también es amplia. No solamente se lo acusa de promocionar La Razón de Vivir, sino de formar parte activamente: “Era la cara visible y pública junto a Zelaya para simular que la misma tenía una actividad lícita. De esta manera captaban más víctimas. Además, mantenía un contacto semanas con los internos para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre. En ocasiones, ejercía el rol de operador-coordinador”.
Pero la organización era más compleja y tenía personas que cubrían distintos puestos que para la justicia eran calves. Entre los detenidos, hay dos mujeres llamadas Fabiana Edith C. y Valeria M. que hacían las veces de psicólogas sin poseer el título habilitante. “Su objetivo era engañar a las víctimas y a sus familiares y perpetuar en el tiempo la explotación laboral y servil de las víctimas”.
Así, los adictos en recuperación eran obligados a trabajar durante largas jornadas sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio. Construían oficinas o habitaciones para que usen los líderes y hasta eran trasladados a otras provincias para que hagan lo mismo de manera gratuita.
La cobertura con la que contaba la organización liderada por Zelaya incluía también a una miembro de la Policía Bonaerense. La oficial Tatiana L., fue detenida acusada de “imponer temor y violencia psicológica sobre las víctimas y evitar que intenten huir o resistirse a la servidumbre y los trabajos forzosos”. Pero la acusación suma algo aún más grave: “Simulaba ser una autoridad judicial frente a las víctimas para engañarlas con falsos procedimientos judiciales contra ellos y obligarlos a no resistirse a la explotación laboral”.
Este último dato se obtuvo gracias a una serie de intervenciones telefónicas en las que quedaron registradas las llamadas a los internos donde se los amenazaba con allanamientos falsos y posibles detenciones de sus familiares que era inventadas.
Hay un ejemplo extremo que consta en el expediente. Una víctima identificada como E.A.Q, relató que estando internado sufrió la amputación de una de sus piernas por una diabetes avanzada y que fueron los propios internos, obligados, los que debieron atenderlo. Además, el hombre contó que le “prohibieron la atención médica profesional para realizar las curaciones de sus heridas post-quirúrgicas”.
En la causa hay también escuchas. En esos audios se interceptaron conversaciones entre los propios miembros de la organización. Entre ellos, llamaba a la organización como “el curro”.
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