Martín Santiago Del Río tiene otra tormenta judicial del otro lado de la General Paz. Sus negocios, esta vez, son el problema. El hombre que hoy se sienta en una celda de la Policía Bonaerense acusado de matar a traición a sus padres por dinero, a tiros en la cara o por la espalda, enfrenta desde 2021 una serie de 15 demandas en más de una decena de juzgados del fuero civil porteño por desalojo por falta de pago, ejecución de alquileres y cobro de honorarios profesionales, según registros consultados por Infobae.
Un hombre de negocios porteño de 39 años años y su familia dueños de una embotelladora de Villa Urquiza, entablaron siete expedientes diferentes en su contra por los alquileres de tres propiedades. Del Río se había acercado a ellos en 2019, aseguran fuentes cercanas al caso, interesado por una serie de galpones en Villa Urquiza, que supuestamente buscaba explotar como cocheras. Entonces, llegaron a un acuerdo. “Pagó un par de cuotas y luego se borró”, asegura una fuente del expediente. En total, le reclaman más de 300 mil dólares.
La última de las demandas fue entablada el 31 de agosto de este año, semanas después del crimen en Vicente López. Aquí, los hermanos pidieron por la restitución de un inmueble alquilado en la calle Cullen.
“En el caso concreto, la parte demandada desde el mes de enero de 2020 que no cumple con el pago del alquiler mensual, motivo por el cual con fecha 27/07/21 se le envió Carta Documento notificándole la extinción del contrato y exigiendo la restitución del inmueble”, asevera la presentación de la demanda radicada en el Juzgado Civil N°63. Sin embargo, los reclamos le enviaron cartas documento a Del Río, que según la demanda fueron devueltas sin notificar el 6 de agosto de 2021.
Los demandantes adjuntaron el contrato de alquiler, que comenzaba el 1° de julio de 2019 para terminar en junio de 2024. El monto establecido fue 338460 dólares, a pagar en cuotas de seis mil o cinco mil dólares. Irónicamente, los galpones nunca fueron explotados, nunca se emplearon como estacionamientos.
Así, el lunes 12 de este mes, el magistrado Pablo Torterolo, firmó la intimación para que Del Río aparezca. “Encontrándose certificadas por escribano público las firmas insertas en el contrato de locación digitalizado, intímese al locatario ejecutado, Sr. Martín Santiago Del Rio, para que dentro del quinto día de notificado comparezca al Juzgado a los efectos de exhibir el último recibo de pago, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los arts. 525, inc. 2°, y 526 del Código Procesal. Notifíquese por cédula con aviso de ley”, aseveró en la intimación de rigor.
El final del contrato por el galpón de la calle Cullen. tiene una particularidad. Uno de los firmantes es Diego Del Río, hermano de Martín Santiago: es el garante. Diego no tuvo palabras amables para Martín Santiago cuando declaró como testigo en la causa por el doble crimen que investigan los fiscales Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería. “Es un chamuyero... Mi mujer lo odia porque nos cagó 100 mil dólares”, aseveró, luego de señalarlo en videos de cámaras de seguridad. El abogado que patrocina las demandas por el galpón y las otras dos propiedades siguió su pista. Es básico: cualquier demanda por ejecución de deudas debe tener algo para ejecutar. Así, se realizó un informe de dominio. Se encontró, por ejemplo, una propiedad en la calle Curapaligüe.
Así, Diego del Río figura como ejecutado junto a su hermano. No es el único. En otra de las demandas de los hermanos embotelladores en donde se reclama el pago de 163 mil dólares también figura como ejecutada María Mercedes Alonso, la madre que Del Río supuestamente asesinó de un tiro en la cara. La historia es casi idéntica que la anterior: inmueble para cochera, zona de Villa Urquiza, calle Pacheco, alquiler firmado en 2019, cartas documento sin respuesta. “Debe observarse que al certificarse las firmas de las partes, el codemandado Martín Santiago DEL RIO afirmó que actuaba por sí y en representación de María Mercedes ALONSO, conforme Poder General Amplio de Administración y Disposición de fecha 7/01/2019″, afirma la demanda el 5 de septiembre último.
El poder de firma de María Mercedes Alonso que fue presentado en el contrato de alquiler también fue presentado en la demanda e ilustra esta nota.
Del Río firmó sus contratos de alquiler como un hombre casado, lo dice en cada primer párrafo. Sin embargo, su amante se convirtió en una testigo clave para los fiscales coordinados por el fiscal general John Broyad. P., una agente inmobiliaria de 49 años, declaró el jueves 8 de septiembre que le temía a Del Río y que además tenía la costumbre de presentar recibos falsos para el pago de sus cuotas.
Del Río mismo dio las pruebas a los fiscales para corroborar esta sospecha. Presentó recibos en sede judicial en Capital Federal por dos millones de dólares, aseguran en los tribunales de San Isidro. “Son recibos de esos que comprás en una librería, eran por pagos en pesos y Del Río los convertía en dólares”, asegura un investigador. Otro que abonó esta hipótesis fue el ex futbolista de Vélez Fabricio Fuentes, que aseguró ser estafado por el supuesto parricida.
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