“Fue una masacre”, aseguró el fiscal en el inicio del juicio contra 13 policías por el crimen de Blas Correas

Trece policías cordobeses comenzaron este miércoles a ser juzgados por un jurado popular en la ciudad de Córdoba por el brutal asesinato del adolescente Blas Correas (17) ocurrido el 6 de agosto de 2020 mientras la víctima viajaba en un auto junto a sus amigos. Dos de los agentes están imputados por el homicidio y el resto, acusado de encubrimiento y mentiras: durante la investigación se comprobó -y una policía lo confesó- que habían plantado un arma en la escena del crimen para desviar la investigación y justificar el procedimiento irregular.

Tan irregular que uno de los fiscales calificó los hechos de manera contundente: “Fue una masacre”, dijo Fernando López Villagra este mediodía ante los 8 jurados en una sala de la Cámara Criminal y Correccional 8 donde también había amigos y familiares de la víctima.

López Villagra, que comparte el rol de fiscal junto a Marcelo Hidalgo, calificó el hecho en su alegato de inicio como un “homicidio” en la modalidad “gatillo fácil” y sintetizó ante el jurado ciudadano lo que ocurrió: “Valentino Blas Correa fue asesinado de manera brutal y absurda”.

“Fríos números: 6 del 8 del 20, 00.07.57 horas, Automóvil Fiat Argo, 5 ocupantes, 6 disparos, 2 policías, 5 vainas servidas secuestradas, 1 muerto, 4 víctimas muy cerca de morir. Esta inadmisible masacre es uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”, resumió.

El juicio comenzó este miércoles y durará, como mínimo, hasta finales de noviembre. La sentencia está prevista, en principio, para el viernes 25 de noviembre. Pero ya en su primer acto se estiró y demoró, porque Lucas Damián Gómez, uno de los principales imputados llegó tarde. Él, junto a Javier Catriel Alarcón, podrían ir a prisión como coautores del homicidio de Blas y del intento de matar a los otros cuatro amigos que viajaban en el Fiat Argo.

Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo, son considerados por los investigadores como “autores del delito de encubrimiento por favorecimiento personal” agravado por tratarse de policías y por la gravedad del hecho.

Y además Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica deberán responder como autores de los delitos de falso testimonio y distintos tipos de encubrimiento, por entorpecer la investigación posterior. De todos ellos, ocho esperan la sentencia en prisión (dos con domiciliaria) y el resto, en libertad.

“Atentaron contra cinco adolescentes, matando a uno de ellos, y toda la documentación probatoria es contundente e irrefutable desde el punto de vista objetivo sobre la responsabilidad para la condena de cada uno de ellos”, remarcó el fiscal López Villagra ante el jurado.

Todo comenzó con un altercado que tuvieron los chicos que venían de cenar, a bordo del Fiat, con dos hombres que viajaban en una moto. El conductor del coche quiso doblar en U, no los vio y los motociclistas le recriminaron.

Tuvieron una discusión breve y se insultaron unos a otros. Segundos más tarde, como consecuencia de una frenada inesperada, la moto, que venía atrás, intentó esquivarlo y rozó el espejo retrovisor derecho, que salió volando. Nunca se pudo comprobar si fue accidental o por una patada del motociclista. Las declaraciones de los testigos son diversas.

Luego, los motociclistas avisaron metros más adelante a dos policías que había un auto haciendo maniobras peligrosas. Los agentes emitieron una alerta radial. Según pudo constatar el fiscal de instrucción, José Mana, los policías dieron el alerta como un robo.

“Oscar para que tengan en cuenta los móviles, Fiat Argo QTN raudo acá del control de canal ocho ¿sabés? Seis sierras (sujetos en la jerga policial) van adentro, ahí quisieron hacer un hecho acá”, remarcó uno de los policías, inexplicablemente.

Mientras tanto, el auto con los cuatro chicos a bordo siguió su camino. Manejaba Juan Cruz Camerano Echavarría, de 18 años. Y lo acompañaban cuatro menores de 17, entre los que estaba Blas, a quien sus amigos le decían “Hueso”. Desde luego, iban desarmados. En el cruce de la avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, en el barrio Colinas de Vélez Sarsfied de la capital cordobesa, los esperaba un retén de policías ya enterado de que venía un Fiat blanco con supuestos ladrones.

Los agentes Gómez y Alarcón estaban de pie, de frente al auto que se aproximaba, sobre el asfalto. Fue el principio del final. Camerano Echavarría declaró que vio “con claridad y seguridad” a los dos policías. Y dos móviles cruzados. Y explicó que se acercó al control por el carril derecho: “Lo primero que hice fue bajar la velocidad, puse tercera, hice un rebaje a segunda y cuando paso por el frente del móvil y al lado del policial, veo que levanta el arma y me apunta a la cabeza”.

En ese momento, el conductor del Fiat contó que se asustó y admitió que aceleró. “Después que pasé al lado del policía escuché ruidos, primero escuché como un ruido seco, de cuando se dispara el arma y un ruido de chapa, y después otro ruido seco de otro disparo y el ruido de rotura del cristal. Ahí giré para atrás el cuello y veo la luneta cristalizada. Además, noté que el auto me subió las revoluciones y me patinó, ahí me di cuenta que me habían disparado a una goma”, declaró.

C.T., una de las chicas que iba en el auto, relató ante el fiscal Mana el estado de confusión que sentían los jóvenes mientras Juan Cruz huía de los policías entre ruidos de disparos. Hasta que en un momento escucharon que Blas les dijo: “Llévenme a un hospital”.

Según las investigaciones posteriores, el fiscal pudo determinar que Alarcón era el policía que empuñaba el arma y a su lado estaba Gómez. Se comprobó que el primero disparó dos tiros y el segundo, cuatro. Cinco de estos dieron contra el auto donde viajaban los chicos. Y se supo que del arma de Gómez salió el proyectil que mató a Blas.

Esquivel, de 33 años, fue la policía que se quebró y revolucionó la investigación. Confesó a la Justicia que plantó un arma en una rotonda cercana para que el asesinato cometido por Gómez y Alarcón tuviera una justificación. Y además dijo que omitió avisar por radio que Blas estaba muerto y que el disparo había salido, sin justificación alguna, de las armas de sus compañeros.

Ella y Alarcón plantaron un arma calibre .22 marca Doberman y con numeración parcialmente limada a unas cuadras del lugar del hecho. Media hora más tarde, según se comprobó, ella misma, en compañía de su dupla policial simuló un rastrillaje y el hallazgo “casual” del revólver.

La mujer policía rompió el pacto de silencio que había hecho todo el grupo de agentes y por el cual todos repitieron una misma versión falsa, que debía indicar que había testigos que vieron cómo los chicos tiraban el arma en ese lugar. Los testigos nunca aparecieron. Obviamente porque no existían tales testigos. Aunque no hacía falta, una pericia de dermotest sobre todos los chicos que iban en el Fiat determinó que ninguno tenía restos de pólvora.

El subcomisario Alejandro González, con 21 años de experiencia en la fuerza, fue clave para estructurar el encubrimiento. Según los investigadores, ayudó a Gómez y Alarcón a eludir la investigación y facilitó que se alterara prueba: él fue quien entregó el arma plantada.

“Murió Blas y solo un milagro hizo que no murieran los otros chicos que lo acompañaban”, reflexionó el fiscal Hidalgo ante el jurado. Acusó a la policía de Córdoba de contar con una “máquina tropera para encubrir crímenes, plantar pruebas, evadir responsabilidades, falsear información y omitir poner en conocimiento de los funcionarios” los delitos que cometen.

“Quiero que la Justicia sea dura con el encubrimiento. Pero, más allá de eso, creo que hay más involucrados. Se cortó la cadena en el comisario. Para mí, hay más responsables. En Córdoba tenemos una Justicia funcional al Gobierno. Se avanzó bastante y espero que el juicio se abra a otras dudas. Aunque los 13 sean declarados culpables voy a luchar porque creo que hay más”, dijo Soledad Laciar, mamá de Blas, en una entrevista exclusiva con Infobae publicada ayer martes. Para ella, la responsabilidad penal también es política.

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