Procesaron a los responsables de la empresa que envió un falso médico a la casa de un hombre que estaba sufriendo un infarto y murió

Hay muchos culpables en la muerte de Víctor Calvo, el hombre de 50 años que llamó a una ambulancia en la noche del 1° de diciembre del 2020 porque estaba sufriendo un infarto y un falso médico se presentó en su casa y se fue sin atenderlo para no ser descubierto, previo cobrarle la consulta. La Justicia procesó primero al hombre que se hizo pasar por profesional de salud, pero avanzó sobre aquellos que hicieron que esa situación fuera posible. Ahora apuntó contra el médico real, de nacionalidad colombiana, que le prestó su documentación. Pero también contra la empresa que contrató al impostor a sabiendas de que era un fraude, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Un detalle: las historias clínicas de todos los pacientes que el falso médico atendió y que la justicia buscaba no fueron encontradas en la sede de la empresa sino en un allanamiento en la casa del hijo del dueño de la firma, que hoy también integra la compañía (no al momento de los hechos). Para la querella, hubo una clara intención de encubrir lo que pasó. Y denunció que se utilizó un decreto implementado a inicios de la pandemia para poner a trabajar en emergencias a gente sin preparación ni experiencia.

La responsabilidad recayó sobre la firma Urgency Dom, que no solo envió a la casa de Víctor Calvo a un sujeto que no era médico sino también porque el supuesto profesional se movía en una ambulancia sin un desfibrilador en condiciones. Eso hubiera sido clave para poder salvarle la vida al paciente. Así lo dejó establecido el juez de instrucción Edmundo Rabbione, al procesar a Juan Carlos Gargiulo, principal responsable de la firma; y a Daniel Medina, el director médico, como partícipes necesarios de los delitos de “homicidio simple con dolo eventual mediante la usurpación de títulos y honores” y “falsificación de instrumento público”.

En la misma situación quedó José Ochoa Díaz, el neurocirujano del Hospital Garrahan cuya identidad usó Juan Nicolás Olivares García, el kiosquero de nacionalidad chilena que fue esa noche vestido de ambo y maletín a la casa de Víctor Calvo y se escapó mientras el paciente sufría un infarto, no sin antes cobrarle la consulta y hacerle firmar a su esposa un documento que decía que ellos se habían negado a un traslado. Infobae contó días atrás detalles del misterio que rodea a ese médico colombiano y cómo cayó la coartada que quiso utilizar para decir que habían robado su identidad.

“Cada uno con su aporte han colaborado en forma indispensable para que Olivares García actuara de la manera acreditada”, sostuvo el fallo. “La confianza depositada en el servicio de salud contratado para su asistencia médica fue suficiente” para esperar la llegada de un médico. Pero apareció “Olivares García asumiendo la identidad de Ochoa Díaz y, haciéndose pasar por médico, examinó a Calvo” con parsimonia y poniéndolo aún más nervioso. Ni una aspirina le dio que le hubiera ayudado a coagular mejor la sangre en medio de su crisis cardíaca. Solo le dijo que había tiempo y que fueran a una clínica para hacerse un control. Que él no podía llevarlos porque la ambulancia tenía COVID. Cuando se estaba yendo, desde la puerta del ascensor, le avisó a la esposa del paciente que estaba teniendo un infarto y se fue.

La culpa de la víctima

En un primer momento, la estrategia de la defensa fue responsabilizar a la víctima. En su primera declaración, Juan Carlos Gargiulo, dueño del 49 por ciento de la empresa, buscó desligar la responsabilidad de Calvo y su pareja. Es que, luego de negar haber contratado voluntariamente a un falso médico, se apuntó a la viuda del paciente, impulsora de esta causa. Fue su rol de abogada el que la impulsó a investigar por su cuenta los pormenores detrás de la muerte de su esposo. Así se dio cuenta de que no había sido un evento desafortunado y reclamó profundizar en la cadena de responsabilidades.

Pero por su profesión es que los acusados apuntaron a desacreditarla. ¿Cómo? La defensa de Gargiulo planteó que Laura Fechino había firmado aquella noche un documento que decía que se negaba al traslado. Y sostuvo que, en su calidad de abogada, no podía desconocer el peso de lo que firmaba. Es más, se pidió una pericia caligráfica para acreditar si la mujer “efectivamente se encontraba con un ánimo tan alterado como parar firmar sin leer a los que accedía”, como declaró. “Tampoco se ha recibido una explicación razonable para justificar, siendo como es abogada, que ante una negativa a realizar un traslado al que tenía derecho no se haya comunicado con su obra social prepaga para reclamar que se efectuara el traslado que dice le fue negado”, señaló en un descargo por escrito Gargiulo. Así pidió llamar otra vez a declarar a la viuda.

La estrategia fracasó, según quedó expuesto en el procesamiento que llegó cuando las pruebas se sumaban y Gargiulo ya había decidido cambiar de abogado y pedir ampliar su propia indagatoria para dar más explicaciones. “Pretender que Fechino dejara su calidad de persona para asumir un rol netamente profesional ante el panorama expuesto (leer lo que le dieron para firmar), además de reclamar un accionar autómata, casi robótico, alejado de las emociones propias de la especie humana, no resulta extrapolable debido al tenor del evento que estaba teniendo lugar”, escribió el juez Rabbione.

Se estaba muriendo su marido y primó el “instinto de supervivencia”. Hablar de esa firma era para un “análisis académico” pero olvidaba “las circunstancias que rodean toda la evidencia”, agregó el magistrado. “El accionar de Fechino en la noche del 1 de diciembre de 2020 estaba centrado en la urgente necesidad de atención médica y traslado de su compañero de vida y no en el contenido del documento que se le había pedido firmar”.

“¿Realmente Fechino y Calvo se hubieran negado al traslado estimando que, de no hacerlo, implicaba la muerte del paciente? –se preguntó-. La narración inalterada de lo sucedido por parte de Laura Fechino, el haberlo hecho bajo juramento de decir verdad en las dos ocasiones que depuso, junto a la consecuencia jurídica que conoce ante la falsedad de sus dichos, y el contenido de los audios relativos a las comunicaciones con las operadoras de la firma Emerger, convencen al tribunal de la veracidad de sus dichos”.

¿La empresa fue engañada?

Víctor Calvo era socio de OSDEPYM, una obra social para monotributistas que tercerizaba el servicio de asistencia médica a domicilio, de urgencia y traslado en el grupo Emerger Salud. Esa empresa, a su vez, subcontrató los servicios de Urgency Dom, habilitada desde septiembre de 2019 por el Ministerio de Salud para realizar traslados sanitarios con unidades de baja complejidad. Sin embargo, la pandemia vino a reconfigurar todo y se suspendieron los traslados con el PAMI. Entonces, la empresa buscó “incrementar la cartera de clientes” porque sólo se permitían traslados para atención médica a domicilio, urgencias y emergencias. Según explicaron los responsables de la firma, era un momento de “escasez de profesionales de la salud” y existía una “imperiosa necesidad de contar con medios disponibles para la atención” de pacientes. En ese contexto se contrató al falso médico.

“Jamás intervine en temas médicos. Confié en el prestigio de mi director médico”, declaró Gargiulo que, no obstante, aseveró que todos los médicos de su empresa eran excelentes profesionales con vasta experiencia. “Me siento engañado estafado en mi buena fe. Me siento un damnificado”, agregó en su indagatoria el director médico Medina. Según la versión de la empresa, fue una ex empleada, Graciela Budzinski, coordinadora operativa de Urgency Dom, la que recomendó al falso médico sin revelarles esa circunstancia.

Medina explicó que se entrevistó con Olivares García, chileno, pero que en ese encuentro “simuló un acento diferente”. Y que fue el falso médico el que se aprovechó de documentos ilegibles para hacer creer que era Ochoa Díaz. Por su parte, el dueño de la firma dijo que nunca había visto a García Olivares en persona y sólo habló una vez con él por teléfono “Quedó demostrado el ardid al que fuimos sometidos por esta persona”, agregó Gargiulo.

“Acá no hay engaño, hay complicidad. Una complicidad que les fue útil para abaratar costos”, planteó la viuda de Calvo.

¿Cuándo supieron de la muerte del paciente?

Este fue uno de los puntos que se puso bajo la lupa para analizar las responsabilidades. En su descargo, la empresa aseguró que recién se había enterado de lo que había sucedido en julio de 2021, siete meses después de la muerte de Calvo, cuando recibieron un aviso de la fiscalía intentado localizar a Ochoa Díaz para informarle que había una causa penal en donde se lo investigaba. En su indagatoria, Gargiulo resaltó que apenas supieron esa circunstancia lo echaron.

Sin embargo, una hora después de la muerte de Víctor Calvo, el falso médico hizo varias llamadas al teléfono de Pablo Tavoletti, que resultó ser el operador nocturno de Urgency Dom. Además, se detectaron 23 llamadas que hizo el falso médico a Juan José Gargiulo entre marzo y julio de 2021.Y otras tantas a los teléfonos del director médico desde 2019 Daniel Medina, a la coordinadora Graciela Budzinsky y al propio Tavoletti.

Según la causa, el 2 de julio del 2021, medio año después de la muerte de Calvo, la justicia criminal le ordenó a Urgency Dom remitir la historia clínica del paciente fallecido y la notificación a Ochoa Díaz. La empresa no mandó la historia clínica del paciente pero sí el legajo del supuesto médico.

En el legajo personal de Adalberto José Ochoa Díaz había una copia del DNI de pésima calidad del médico, la credencial otorgada por el Ministerio de Salud, el título de la Universidad de Cartagena, una declaración jurada de un domicilio en Canning, Ezeiza, y un contrato entre la firma y el supuesto profesional. Había dos espacios en blanco: la fecha del contrato y los honorarios que cobraría. Solo había una firma y una aclaración manuscrita.

El teléfono de contacto era de Olivares García, el falso médico que esa noche llamó a Fechino para insistirle que fueron ella y su pareja quienes se habían negado al traslado. En la casa del Olivares García, al momento del allanamiento, se encontró la copia del contrato con Urgency Dom. ”No se ha podido esclarecer la fecha exacta en la que Olivares García, bajo la identidad de Ochoa Díaz, comenzó a trabajar en Urgency Dom porque el legajo confeccionado en aquella firma carece de la seriedad necesaria para ella”, describió la sentencia.

A fines de julio del 2021, Claudia Locatti, la encargada de los pagos en Urgency Dom, informó por mail a la fiscalía que ya había notificado a Ochoa Díaz, sin aportar ni teléfono, ni dirección, ni nota que lo acreditara. Sin embargo, el supuesto médico no se presentó a la justicia y hubo un nuevo requerimiento. Ahí la empleada informó al fiscal que el profesional no había vuelto a trabajar.

Para la querella, las explicaciones son mentira. Según planteó, la empresa supo desde el primer momento la muerte de Calvo y buscó cubrirse. Días después del fallecimiento , ingresó al sistema SISA del Ministerio de Salud para dejar asentado la constancia de que Ochoa Díaz era médico y adjuntarlo al legajo. “¿Por qué lo harían en ese momento si supuestamente no tenían idea de lo de Calvo hasta julio? Es evidente que todo fue una maniobra para eludir y ocultar su responsabilidad”, afirmó Fechino.

Incluso, la viuda de Calvo resaltó que diez días después de la muerte del paciente la fiscalía porteña, que empezó la causa como un abandono de persona seguida de muerte, se presentó en OSDEPYM pidiendo documentos y grabaciones, y allí se vieron involucradas Emerger y UrgencyDom. “Es falso que recién en julio tomaran conocimiento de lo ocurrido”, afirmó la querella.

El sueldo del falso médico

Otro de los indicios que sumaron en este cuadro fue el tema de los pagos que recibió el falso médico. Para el juez, si bien Gargiulo dijo que sus tareas eran “económico financiera”, lo cierto es que quien tomaba la decisión administrativa ante requerimientos de los empleados era él.

Según explicó, la persona que la empresa creía que era Ochoa Díaz les dijo que no podía facturar porque tenía un problema con la AFIP que no podía solucionar por la pandemia. En esa versión, el falso médico le “exigía” a la empresa el pago a nombre de un tal Olivares Nicolás. Para ello, la defensa aportó unos audios. Sin embargo, el fallo de procesamiento estableció que la firma decidió pagar las facturas a una persona que no era la que había sido contratada para oficiar de profesional de salud. La querella resaltó: ni siquiera se intentó verificar el CUIT porque de hacerlo habría saltado que la situación fiscal de Ochoa Díaz no registraba problemas.

Hubo un detalle que llamó la atención: las facturas del falso médico fueron secuestradas en la casa del hijo del dueño de la empresa, durante un allanamiento, junto al resto de las historias clínicas firmadas por el supuesto Ochoa Díaz. Para la querella, esa situación demostró “el conocimiento de la sustitución de la identidad la intención de ocultamiento desde el primer momento en que se allanó la firma y no se encontró ninguna historia clínica”

En su procesamiento, el juez resaltó que “se han puesto de relieve distintas irregularidades en el ingreso de Olivares García en Urgency Dom, bajo la identidad de Adalberto José Ochoa Diaz, que no permiten en este estadio sostener que ha sido solamente a consecuencia de un obrar ardioso del falso médico, superando los controles de la empresa y engañando a toda persona con que se contactó”.

Una ambulancia sin equipamiento

Según Medina, cada médico debía encargarse de verificar la condiciones de cada ambulancia, pero resaltó que “estoy en condiciones d señalar que la ambulancia utilizada para el traslado del señor Calvo y su equipamiento estaban en perfectas condiciones”. Sin embargo, dijo el juez, de acuerdo al Ministerio de Salud, es el director médico el que debe controlar el estado del equipamiento.

Sobre ese punto, el juez subrayó que Andreína Azpelicueta, la joven médica que abandonó su guardia e intentó en plena calle salvarle la vida a Calvo cuando ya estaba sin pulso ni signos vitales y que lo acompañó a su internación, fue contundente al declarar como testigo en este proceso. Ella dijo: “había un desfibrilador que no funcionaba, por eso era necesario monitorear en forma inmediata al paciente” en su paro cardíaco.

Y el peritaje del Cuerpo Médico Forense que determinó que la víctima tenía sólo el 1 por ciento de chances de morir si hubiera recibido atención correcta señaló: “Todas las ambulancias del sistema de emergencia deben estar equipadas con sistema de monitorización de ECG, desfibriladores y, por lo menos, una persona entrenada en soporte vital avanzado. El hecho de haber podido contar con ese instrumental funcionado podría haber aumentado la posibilidad de sobrevida del paciente”.

La querella también sostuvo que la empresa mintió diciendo que la ambulancia LDL 0082 en la que viajaba el falso médico estaba habilitada: sostuvo que esos papeles recién se pidieron en enero de 2021 y que es el día de hoy que no se habilitó. “La falsa justificación de que no estaba habilitada al tiempo de los hechos fue que el Ministerio de Salud no trabajaba en pandemia –dijo Fechino-. Afirmación burdamente falsa ya que el Ministerio incrementó por razones obvias su atención a partir del Decreto 260/20, decreto que Gargiulo conoce muy bien ya que la mayoría de los médicos fueron contratados bajo el amparo de esa normativa”. Según Fechino, Urgency Dom usó ese decreto “para poner a trabajar extranjeros sin antigüedad y sin experiencia en una actividad en la que la salud y la vida de las personas está en juego”.

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