Personal de Policía de la Ciudad y de la Agencia de Control Gubernamental (AGC) porteña llevaron adelante ayer un allanamiento para cerrar un centro de salud clandestino que funcionaba en el barrio de Liniers. En el lugar, que tenía una clausura vigente, se entregaban certificados truchos de COVID-19, entre otras irregularidades. Por un falso certificado que indicara un resultado de test PCR negativo, un claro riesgo para la salud pública, el centro médico cobraba 7800 pesos, según investigadores.
Fuentes con acceso al expediente le confirmaron a Infobae que el operativo se realizó en el centro La Boliviana Salud, ubicado en Ramón Falcón al 6900, a raíz de la denuncia radicada el 17 de noviembre del año pasado por un médico. En su acusación, el testigo dio cuenta que en la clínica se emitían certificados falsos, utilizando su firma digitalizada y la razón social de la empresa a la que pertenece, simulando ser una sucursal de la misma.
Frente a este marco, en febrero pasado el centro médico había sido clausurado por poseer habilitación en trámite y no tener aprobada su apertura, después de que un vecino denunciara que empleados del lugar arrojaban a la vereda residuos patogénicos sin ser debidamente procesados.
Como resultado del allanamiento, llevado a cabo mientras algunos pacientes aguardaban ser atendidos, se secuestraron tres computadoras, dos teléfonos celulares, las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y documentación, entre ella los certificados de test PCR apócrifos. Además, los oficiales comprobaron dichos certificados eran extendidos con un sello de un laboratorio ajeno.
Asimismo, los funcionarios que participaron del operativo hallaron gran cantidad de residuos patogénico y desde donde se solicitó el allanamiento en el centro de salud, amplió la imputación tl e diferentes especialidades, listos para ser completados con los datos de los pacientes.t
La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián y desde donde se solicitó el allanamiento en el centro de salud, amplió la imputación tras el secuestro de documentación vinculada con prácticas médicas no autorizadas, vinculadas a presuntos abortos.
Al momento del procedimiento, autorizado por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 3, a cargo de la doctora Carla Cavaliere, las fuentes consultadas por este medio precisaron que el director médico del establecimiento no se hallaba en el lugar, y en su reemplazo estaba a cargo una mujer de 57 años. En consecuencia, la Fiscalía interviniente notificó a la imputada por una infracción al artículo 292 del Código Penal sobre falsificación de documentos, y se labró un acta contravencional por infringir el artículo 82 sobre violación de clausura.
Debido al resultado positivo del procedimiento, personal del Ministerio de Salud porteño dispuso una nueva clausura del lugar y autoridades de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y la Dirección General de Limpieza (DGLIM) porteñas, realizaron actas por fallas administrativas y de seguridad e higiene.
Por pedido de la UFEMA, también participaron oficiales de la División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad, junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal.
En abril del año pasado, y durante uno de los puntos más graves de la pandemia, la Policía de la Ciudad descubrió las supuesta prácticas ilegales de ACILA (Acción Comunitaria para la Igualdad de los Latinoamericanos en Argentina), un servicio de medicina prepaga para comunidades migrantes que hacía hisopados sin habilitación con enfermeras truchas y cobraban 6.000 pesos cada test.
La acusación, presentada entonces por el fiscal penal y contravencional Sebastián Fedullo, apuntaba contra ACILA por la entrega de certificados truchos con arreglos previos por WhatsApp, “en el auto”, “sin turno” y con “resultados en el día”. Durante el allanamiento a los consultorios de la prepaga, que funcionaban en la calle Larrea al 900, se procedió a la detención de dos enfermeras que exhibieron sus carnets, pero en los papeles reales del Ministerio de Salud no tenían habilitación alguna. Así, las trabajadoras fueron imputadas por el delito de ejercicio ilegal de la medicina.
La división Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad, a cargo de la redada, también verificó que el establecimiento contaba con una ambulancia, una Ford Transit, que a simple vista estaba equipada pero no contaba con la habilitación correspondiente para operar y también fue incautada.
Un día después de la requisa, Infobae se comunicó con la línea telefónica mediante la cual ACILA ofrecía sus servicios. Fruto de esa conversación por WhatsApp, se constató que la oferta seguía en pie pese a la clausura que pesaba sobre el lugar.
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