Entre los meses de marzo y junio pasado, cinco bebés sin ninguna causa de riesgo prevalente murieron en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” de Córdoba. Además, otros ocho -que tampoco presentaban patologías evidentes- sufrieron distintos problemas. La Justicia local investiga si hubo intencionalidad, mientras que el Gobierno provincial inició un expediente interno y resolvió separar de sus funciones a 23 empleados. También fue apartada de su cargo la directora del centro de salud, Liliana Asís. No hay imputados.
La investigación judicial está en manos del fiscal de instrucción Raúl Garzón, quien calificó la situación como de “enorme gravedad”. Entre las líneas investigativas aparece la posibilidad de mala praxis: “La sospecha es que se les suministró algo, o bien intencionalmente o bien por mala praxis”. También, desde un principio se siguió la posibilidad de que las muertes hayan sido provocadas por algún “virus hospitalario”.
Otra hipótesis que perdió fuerza con el avance de la causa fue de posibles intoxicaciones con medicamentos en mal estado, ya que se utilizan los mismos remedios en todos los centros médicos donde no se reportaron hechos.
Por requerimiento de Garzón, el hospital fue allanado. Durante el procedimiento se secuestraron las historias clínicas de los bebés fallecidos, entre otros documentos. El fiscal detalló que en algunos casos se cuenta con los resultados de autopsias de los primeros bebés que murieron. Todo el material recolectado está siendo analizado por un cuerpo de médicos especializados.
“Cuando hay mamás sanas y bebés sanos no es habitual el fallecimiento. Hemos encontrado inconsistencias en la atención sanitaria en 13 neonatos, de los cuales cinco han fallecido”, confirmó por su parte la directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, Mariana Figueroa.
En diálogo con El Doce TV, la letrada explicó que se advirtieron “factores comunes adversos que dan lugar a una hipótesis de lo que pudiera haber ocurrido” en todos los casos, aunque prefirió no dar más detalles.
El Ministerio de Salud, a través de un comunicado, informó en la misma línea que “se observaron factores adversos en común y/o muy similares, los que no coinciden con el diagnóstico y las características de la madre y el recién nacido”. Todos los elementos recabados se pusieron a disposición de la fiscalía.
La investigación administrativa interna para determinar eventuales responsabilidades penales derivó en la suspensión preventiva de parte del personal de salud afectado a los servicios y que trabajó en días en los que pudieron haber estado en contacto con los bebés involucrados. “Hemos apartado a 14 agentes, luego a 9 más y seguimos en investigación”, dijo Figueroa. En el hospital trabajan más de 800 personas.
Un dato que tienen en consideración los investigadores es que desde que los empleados del hospital comenzaron a ser separados no volvió a darse un caso de un bebé que atravesara una dificultad de salud similar.
Tras advertir esas “inconsistencias”, desde la cartera de Salud realizaron la denuncia en la Justicia a principios del mes pasado, y en los últimos días se sumó a otra presentada por la familia de una de los bebés fallecidos.
Por otra parte, trascendió que, a partir del estado público que tomó la información, no se descarta que otros padres sumen nuevas presentaciones judiciales sobre fallecimientos en ese período de tiempo.
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