El cruel homicidio de Saulo Rojas: comienza el primer juicio contra una comunidad terapéutica para adictos

“Después de una larga espera y una larga lucha, ojalá que se haga un poco de justicia por mi hijo. A mí nada me va a cambiar”. Miriam Lucero lleva nueve años de agobiante lucha por dignificar la memoria de Saulo Rojas, su hijo, un joven con consumos problemáticos e insulinodependencia que en 2013 se ahorcó después de haber sido encerrado y privado de su libertad en un calabozo de lo que, se suponía, debía ser una comunidad terapéutica para la recuperación de su adicción.

A Miriam la llamaron desde la comunidad San Camilo, ubicada en Pilar, el 14 de julio de aquel año y le comunicaron que su hijo había muerto de un infarto. Luego, se comprobó que no. Lo habían encerrado en una especie de calabozo; ahí usó su cinturón y los cordones de sus zapatillas para quitarse la vida.

Este martes 2 de agosto comienza el juicio oral por la muerte de Rojas en el Juzgado en lo Correccional 4 de San Isidro. El único imputado es Ángel Oscar Súñez, un ex empleado de seguridad de la comunidad, de 45 años, acusado de homicidio culposo, es decir, de ser la persona que dejó morir al joven sin protegerlo ni respetar la ley nacional de salud mental. Sus jefes, el director terapéutico de la fundación, Alejandro Jacinto, y del Director General, Martín Iribarne, zafaron del castigo penal por no tener antecedentes penales y fueron a una probation.

Según la investigación de Jorge Noceti Martín, titular de la UFI N°4 de San Isidro, San Camilo funcionaba con total irregularidad y con el conocimiento no sólo de Súñez, sino de Iribarne y Jacinot. “Alojaba más internos que aquellos que la habilitación permitía, contaba con rudimentarias y deficientes condiciones edilicias”, explicó el investigador en su requerimiento de elevación a juicio de la causa.

Saulo fue encerrado en un cuartucho en construcción de 16 metros cuadrados, con un colchón en el piso, con ventanas sin vidrio (en pleno invierno), “vulnerando claramente el derecho del paciente de recibir tratamiento personalizado en un ambiente apto”. Para el fiscal su muerte era evitable si se cumplían los requisitos de la ley de salud mental.

Rojas había nacido en Mendoza. A los 18 años, varios centros terapéuticos de su provincia le negaron atención al argumentar que la situación de adicción a diferentes drogas ilegalizadas y su dependencia a la insulina era algo “imposible de manejar”. Así, el Estado dispuso un subsidio para que la familia buscara un lugar en otra provincia. Ese lugar fue la Fundación San Camilo, a donde llegó el 22 de junio de 2012. Moriría ahí poco más de un año después.

El castigo y el encierro están prohibidos por la ley de salud mental. Sin embargo, Saulo entró en esa celda a las ocho de la noche del 14 de julio. Estaba bajo una situación de depresión. Un compañero atestiguó que “podía escuchar su llanto desde el otro lado de la pared”. Lo encerraron sin su dosis diaria de insulina y con su cinturón y sus cordones en las zapatillas.

Aparentemente, Saulo fue encerrado allí por Súñez después de tener mala conducta en sus salidas permitidas. Se decía que “se portaba mal” porque no controlaba sus dosis de insulina. Se suponía que ese día de julio lo iban a trasladar a otra sede de San Camilo, en Del Viso, pero la mudanza se suspendió. Y entonces, decidieron “engomarlo”, como se le dice en la jerga carcelaria al aislamiento en un calabozo.

Algunos testimonios de internos de San Camilo aportados a la Justicia gracias al trabajo del abogado de Miriam, Yamil Castro Bianchi, y del periodista Pablo Galfré, autor del libro “La Comunidad”, donde revela el desastre de San Camilo y la muerte dudosa de Rojas, confirmaron que Iribarne y Jacinto, luego de conocer la muerte de Saulo, ordenaron que instalaran muebles y una cama en el lugar donde había muerto el joven para “aparentar” que era una habitación. Pero no era la primera vez que lo “engomaban” a Rojas. Otro testigo contó que el joven no quería que lo trasladaran a Del Viso, donde el régimen era aún más represivo que en Pilar.

Los testimonios de pacientes y empleados recogidos por Galfré demostraron que los golpes, maltratos y sobremedicación eran algo cotidiano en San Camilo. “En diciembre de 2017 logramos clausurar San Camilo. En diciembre de 2018, la causa es elevada a juicio por homicidio culposo contra Jacinto, Iribarne y Súñez, que es el único que llega al juicio porque es la mano de obra barata, el pobre. Igual es muy importante porque es la primera vez que pasa esto, que una muerte dudosa en una institución de salud mental es elevada a juicio por homicidio culposo. Debería haber pasado antes en muchos otros casos”, explicó Galfré a Infobae.

“Es la oportunidad de visibilizar que el encierro y las instituciones matan. Lugares donde sus derechos son avasallados, donde son torturados, abusados. El Estado de una vez por todas se debe ocupar de estos lugares y aplicar la ley de salud mental. Esperamos que Súñez sea condenado y que sirva para visibilizar estos casos y desarrollar otros sistemas para tratar este tema”, amplió Galfré que tiene contabilizadas 17 muertes dudosas en comunidades terapéuticas de Pilar en los últimos ocho años. Cuatro de esas muertes ocurrieron en febrero pasado durante un incendio en la Resiliencia San Fernando.

“Esperamos una sentencia ejemplar. Sería lo más importante para poner en valor la vida de mi hijo y todo el sufrimiento que tuvo él en ese lugar. Confío en la Justicia, en que vamos a tener una sentencia justa. He aprendido en este tiempo que no hay peor lucha que la que se abandona. Estos lugares deben ser controlados como corresponde, que haya más territorio y menos escritorio. A mi hijo no lo voy a recuperar pero sí evitar que pasen estas cosas”, consideró Mirta, la mamá de Saulo, que está en Buenos Aires para presenciar el juicio.

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