Clara, una docente de 59 años que vive en la Ciudad de Buenos Aires, recibió un llamado a su celular el miércoles 1 de junio por la mañana. Del otro lado de la línea se presentó una mujer diciendo que formaba parte del staff del hogar terapéutico Proyecto de Vida, ubicado en La Reja, partido de Moreno. Clara se sobresaltó, porque en ese lugar está internada Érika, su hija de 34 años y que padece una discapacidad motriz y mental severa que no le permite hablar y la tiene postrada en una silla de ruedas.
La empleada del lugar la llamó porque tenía una noticia para comunicarle, una espantosa e inesperada noticia. Por ello, le pidió que se acercara hasta el hogar. Cuando la mamá de Érika llegó al lugar le dijeron, sin mucho tacto ni empatía, que su hija estaba embarazada de 4 meses.
“¿Cómo? No puede ser. Mi hija no tiene capacidad de tomar decisiones de ningún tipo, mucho menos la de tener relaciones sexuales”, se quejó, angustiada, Clara. Sus interlocutores no tuvieron mucha más respuestas para darle. Cuando la mujer le contó lo sucedido al resto de sus familiares no hubo dudas: se trataba de un abuso sexual.
Inmediatamente, retiraron a Érika del hogar y la llevaron a la comisaría de la mujer de la zona para hacer la denuncia que, efectivamente, quedó asentada y asignada a la UFI N°8 de Moreno, a cargo del fiscal Gabriel López.
Todo esto fue sólo el inicio de un calvario tanto para la víctima, que tuvo que afrontar un aborto, como para la familia, que aún aguarda por saber quién abusó de la chica. Mientras tanto, a pesar de que la sospecha es que el violador es alguien que trabaja o vive en la institución, Proyecto de Vida sigue funcionando como si nada y no removieron a ninguno de sus empleados. Es más, siguen recibiendo pacientes.
Según contó su familia a Infobae, Érika sufre desde que nació síndrome de Landauklaffner y distrofia muscular de Duchennebecker, dos enfermedades sumamente degenerativas que afectan distintas funciones de su cuerpo. Por ejemplo, no puede hablar ni caminar, usa pañales y no tiene capacidad de tomar decisiones por su propia voluntad.
“Ella ingresó al hogar terapéutico Proyecto de Vida en el año 2007. Allí estuvo hasta hace unas semanas, cuando decidimos sacarla por lo que pasó. Estamos hablando de una institución privada que llega a costar más de 200 mil pesos por mes”, contó un allegado de la víctima.
El hogar funciona, aparentemente, de manera legal. Está inscripto en el REFES, Registro Federal de Establecimientos de Salud.
Lo cierto, es que el miércoles 1 de junio, luego de recibir la llamada por parte de la institución, Clara se acercó para saber qué había pasado con su hija. Los directivos del lugar le informaron que el día anterior, martes 31 de mayo, llevaron a Érika a la sala de primeros auxilios de Merlo para hacerle una ecografía y un test de embarazo.
“¿Por qué hicieron eso?”, preguntó Clara. La respuesta fue insólita: le dijeron que hace cuatro meses que no tiene su menstruación pero, como ella es irregular, pensaron que no pasaba nada. “Es cierto que es irregular en ese sentido, pero no cuatro meses. Ya al segundo mes te tenés que dar cuenta. Es una tomada de pelo”, se quejan de la familia.
En esa misma charla, los responsables de la institución le explicaron a Clara que los resultados de los estudios no dejaban margen de dudas y habían dado positivo. Su hija estaba embarazada de 4 meses.
Clara se horrorizó. “Mi hija no puede quedar embarazada porque no está en condiciones de dar consentimiento de nada, mucho menos de una relación sexual. Lo que sucedió fue un abuso”, les dijo. Del otro lado, sólo le pidieron que se tranquilizara.
Con este panorama, la madre retiró a su hija del lugar y fue inmediatamente a radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la zona. Sería sólo el comienzo de una serie de hechos desagradables e indignantes.
El jueves 5 de junio pasado, Érika fue al Hospital Posadas a practicarse un aborto legal que se hizo con éxito. Tal como indica el documento al que accedió Infobae, la mujer ingresó con un embarazo de 16 semanas. La fiscalía estaba enterada de la situación, por eso solicitó que el feto sea resguardado para poder tomar muestras de ADN para así intentar descubrir quién fue el abusador.
Mientras tanto, los investigadores hicieron un relevo de la cantidad de hombres que están en la institución. Se trata de 35 pacientes y decenas de empleados. Una vez que la fiscalía consiguió la muestra de ADN desde el feto, se dispuso a hacer los estudios entre los hombres del instituto.
Sin embargo, este procedimiento fundamental aún no comenzó. Es que, según fuentes del departamento judicial de Moreno, a un mes y medio de la denuncia, todavía no está depurada la lista de posibles sospechosos. Es más, ni siquiera está claro el día en el que abusaron de la joven.
Lo explica un investigador: “No podemos agarrar a todos los hombres del instituto y mandarles a hacer muestras de ADN. Por lo tanto, hay que ser muy precisos. Por ejemplo, tenemos que descartar a aquellos pacientes que no tienen capacidad de embarazar a una mujer por su patología. También hay que correr a los empleados que no estuvieron trabajando el día del abuso. Para hacer todo eso necesitamos informes que tardan en llegar”.
En el mientras tanto, apareció un dato que inquietó a la familia de la mujer abusada. Uno de los empleados habría viajado a Brasil y presentó la renuncia a la institución desde allá. “¿Y si no vuelve? ¿Cómo hacemos para sacarle ADN? ¿Y si él es el culpable?”, se preguntan familiares de Erika.
Por otro lado, el hogar Proyecto de Vida sigue funcionando. Desde la Justicia dieron aviso e intervención al municipio de Moreno que, por el momento, no tomó ningún tipo de determinación al respecto. Este medio se comunicó con la institución para conocer su postura frente al caso. La respuesta telefónica, de alguien que no quiso identificarse, fue sumamente escueta: “La institución está abierta, pero no vamos a dar entrevistas y esperamos a que la Justicia se expida”.
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