El jueves 7 por la madrugada, en medio de su interrogatorio, María Alejandra pidió ir al baño. Le dijo a las psicólogas de la Dirección General de la Mujer porteña que se sentía mareada, nerviosa, que no estaba bien, que por favor le dieran un minuto. Entonces, fue. Salió refrescada, con el gesto mucho menos tenso, pero algo que le abultaba las medias. Los policías se dieron cuenta rápidamente. El bulto era demasiado obvio y la requisaron. Comenzaron a salir billetes, mucho cambio chico. María Alejandra no solo se había metido la recaudación del día, unos 70 mil pesos: también había ocultado la lista de pases, más de una decena de turnos sexuales de las prostitutas que explotaba, escritos con birome azul en hoja cuadriculada.
Así, su cuento se cayó. La esposaron y entró al patrullero, con la luz color relámpago de las sirenas en el microcentro de noche, una vez de tantas para la mujer de 58 años.
La Agencia Gubernamental de Control y el Departamento Delitos Contra la Salud Pública de la fuerza porteña habían llegado a la puerta en Viamonte al 700 alertados por vecinos cansados. Denunciaron que en el subsuelo del lugar retumbaba música, que veían hombres y mujeres entrar y salir. Al subsuelo se accedía con cita previa. No había que ser un genio o tener mucha calle para darse cuenta que allí funcionaba un prostíbulo. Entonces, un prostíbulo fueron a buscar.
Fue María Alejandra quien atendió al operativo, con su pelo largo y negro, abrigada con un tapado. Lo que dijo le sonaba prefabricado desde el principio a los policías. Aseguró ser una simple empleada de limpieza y que de vez en cuando atendía a algún hombre mayor que las otras chicas no querían atender. Afirmó también desconocer a las otras trabajadoras sexuales, decía que el lugar era alquilado, que no sabía quién pagaba la luz.
De costado, un cliente miraba la escena, con los pantalones incómodos, un hombre que esperaba tener sexo, pero no esperaba una redada.
Había una sola prostituta en el lugar, otra llegó a trabajar en pleno procedimiento. La escasez de mujeres se explicaba por la hora, pero la operación era a gran escala. El subsuelo era doble, dos niveles. Había diez camas, en piezas un poco sucias con luces negras. Había también un amplio stock de preservativos. Para la Policía, María Alejandra era la supuesta regente. Se cree que controlaba los turnos y controlaba a las mujeres, con tarifas entre cuatro mil y siete mil pesos y modos netamente explotadores: la presunta proxeneta se quedaba con 50 por ciento del dinero que las mujeres le cobraban a sus clientes. También, les cobraba los preservativos y el rollo de cocina que usaban para limpiarse. Había un control estricto de horarios. Si las mujeres llegaban tarde, María Alejandra supuestamente les quitaba todo lo que ganaban en el primer pase como multa.
El lugar usaba el rótulo chemsex en sus volantitos, un término que indica el uso de drogas en relaciones sexuales, aunque no se encontraron drogas en el sótano. Se sospecha también que el lugar operaba en connivencia con un hotel, con una clientela de turistas. María Alejandra, dicen investigadores, supuestamente operaba los teléfonos. No solo los celulares: también empleaba un aparato de línea, un gesto casi demodé. Tal vez es consonante con su vieja historia.
La de María Alejandra es una historia de tantas: mujeres de mediana edad, casi en su tiempo de jubilarse, que van y vienen en el microcentro como regentes y explotadoras. No son las dueñas de los lugares, no son las capitalistas finales. El dueño, casi siempre, es un hombre. Solo operan, encubren y cobran. La lista de causas de María Alejandra en Tribunales revela expedientes al menos desde 2003, con acusaciones como falso testimonio, defraudación y falsedad ideológica, por las que fue sobreseída. Tuvo también una jugada maestra, descarada. En 2013, la allanaron por operar un prostíbulo en Caballito, en la calle Doblas al 1000, una causa del Juzgado N°41. El 3 de marzo de 2014, según documentos judiciales, María Alejandra se presentó en la vieja Comisaría N°10 por el tema.
Tenía una fotocopia en la mano, un supuesto oficio del Juzgado Federal N°10 que, insólitamente, decía que ella tenía la guarda del lugar. Así, terminó imputada por violación de sellos. La sobreseyeron, pero la Cámara Federal resolvió procesarla en 2018. Hubo policías implicados, entre ellos, el oficial de la servicio que la recibió, procesado junto a ella: era Ramón Jesús Chocobar, que luego llegaría a subcomisario. Hoy, es uno de los acusados por la brutal muerte de Lucas González.
El caso por la redada del sótano en Viamonte comenzó con la Unidad de Flagrancia Este porteña y pasará a manos de la Fiscalía N°13, dicen fuentes en Tribunales. María Alejandra quedó libre tras ser indagada. La Justicia argumentó que no tiene antecedentes condenatorios y que tampoco hay riesgo de fuga, tampoco registros de rebeldías. Consideran que está a derecho. Le secuestraron el teléfono, que será peritado. Se le fijaron una serie de medidas restrictivas como presentarse a firmar en una comisaría. El prostíbulo quedó clausurado por la AGC. Las llaves las tiene la Policía.
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