Investigan a dos empresas y a varios funcionarios porteños por contrataciones irregulares y sobreprecios

La Justicia porteña investiga una compleja trama que involucra a empresas que habrían sido utilizadas para ganar contratos y adjudicaciones de forma irregular por parte de la sociedad del Estado SBASE -propietaria legal de toda la red de subterráneos- y del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires.

La causa, que lleva adelante el fiscal Federico Tropea, también investiga a varios funcionarios del gobierno porteño que intervinieron en el presunto direccionamiento de los contratos y habrían estado al tanto de los sobreprecios pagados por el Estado.

Tal como se detalla en el expediente, la empresa CITEPA SA facturó entre abril de 2013 y octubre de 2016 un total de $28.600.000 a SBASE (el 87% de su facturación total). Mientras que entre enero de 2015 y abril de 2017, la firma VARBERG SA. facturó al Gobierno porteño $7.400.000, (70% de su facturación total).

Según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), ambas empresas destinaron la mayor parte de sus ingresos a inversiones en activos financieros “y no al pago de los costos de los servicios facturados”.

A su vez, señala que estas empresas no registraron compras de insumos ni pagos de salarios “que permitiera considerar que el precio facturado por los servicios prestados era necesario, por lo que podría estarse frente a un caso de sobrefacturación”.

Además, el organismo público advirtió que la mayor parte del dinero que las empresas habrían obtenido por sus ventas fue destinado a una sociedad de bolsa para luego ser extraído en efectivo con destino desconocido.

Por otro lado, en base a una investigación realizada por la AFIP, se habría determinado que ambas empresas - CITEPA y VARBERG- serían de Víctor Enrique Solmi y Sergio Gustavo Solmi, y que “las personas que figuran como accionistas serían meros prestanombres que habrían sido utilizados para ocultar la verdadera propiedad de las empresas”.

Los investigadores determinaron que CITEPA fue contratada para brindar una servicio de “desgrafitado” en formaciones y protección de grafitis en los vagones del subte y las estaciones. A pesar de ser una sociedad estatal, el servicio se contrató en forma directa, sin una licitación pública, con la excusa de que era el único proveedor que ofrecía el servicio.

CITEPA ofrecía el producto “inventado” por Solmi, con el cual se podrían quitar los grafitis de los coches del subterráneo y se les aplicaría una capa protectora anti graffiti. Pero para la Fiscalía, en ninguno de los expedientes analizados surge un informe técnico que verifique o explique la calidad del producto elaborado y distribuido por la empresa proveedora, “ni aquellas características que lo hacen único o exclusivo”.

Además, los precios aumentaron considerablemente con el paso de los meses y, curiosamente, el costo del desgrafitado en cada coche que ya tenía puesta la supuesta capa antigrafiti, pasó a costar un 100% más que el desgrafitado original.

La fiscalía investiga el accionar de Andrea Rocca, en su carácter de Coordinadora de Relaciones Institucionales y Gestión Cultural de la Gerencia Corporativa y Comercial de SBASE, y por la titular de dicha Gerencia, Verónica López Quesada.

Por otro lado, las resoluciones de aprobación de contrataciones y libramientos de pagos habrían sido autorizadas por los miembros del Directorio de SBASE, Juan Pablo Piccardo, Enrique Sainz, Guillermo Seefeld, Federico A. Young, Carlos R. Laurito, Alberto Gowland y Gustavo de la Fuente.

CITEPA derivó casi todos los fondos a una sociedad de bolsa de donde luego los retiró a través de cheques o en dólares en efectivo (USD 663.060) tras la inversión en bonos. Después del cobro, la firma dejó de operar.

Pero el 30 de junio del año 2014, se inscribió la firma VARBERG S.A (para el fiscal “una suerte de continuadora de CITEPA”) cuyos integrantes formales eran Mario Agustín Aguilar y Gustavo Horacio Andonian. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido por la AFIP también estaba manejada realmente por Víctor Enrique Solmi y Sergio Gustavo Solmi. Al igual que CITEPA, recibió pagos de SBASE.

No obstante, VARBERG fue luego contratada por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en al menos 11 oportunidades.

El expediente destaca que en todos las ordenes de obra figuran el mismo teléfono que en el sitio web de Solmi S.A., “lo que muestra serios indicios de que los funcionarios del Ministerio de Educación tenían conocimiento que la empresa contratista era manejada por los imputados, en su propio beneficio”

En seis de las contrataciones se detalla que CITEPA había presupuestado los trabajos pero que fueron adjudicados a VARBERG por tener una mejor oferta. “Se puede inferir que los funcionarios imputados habrían aparentado una competencia transparente de precios para la adjudicación de contratos, haciendo participar a la otra empresa que manejaban Víctor Enrique Solmi y Sergio Gustavo Solmi”, dice el expediente.

Juan Francisco Freire Aurich, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación dispuso las adjudicaciones y desembolsos en cuatro adjudicaciones; mientras que Alberto Gowland, subsecretario de Gestión Económico Financiero y Administración de Recursos del Ministerio de Educación dispuso las adjudicaciones y desembolsos otras dos adjudicaciones. Ambos, Aurich y Gowland, habían sido funcionarios de SBASE durante las contrataciones con CITEPA.

Andrea Rocca, Verónica López Quesada, Juan Francisco Aurich Freire, Alberto Gowland y Sebastián Tomaghelli, así como partícipes necesarios Jorge Alejandro Palacios, Mario Agustín Aguilar, Gustavo Horacio Andonian, Claudio Ceferino Coppola, Víctor Enrique Solmi y Sergio Gustavo Solmi quedaron imputados por delitos contra la administración pública (art. 174).

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