El 8 de julio de 2022 se cumplen 11 años de la desaparición de María del Carmen Cash, un caso que generó conmoción en el sociedad argentina. Sin abandonar su búsqueda, la familia de la joven diseñadora pidió “cambios concretos” en la Justicia para dar mejores respuestas ante situaciones de extravío de personas y aseguró que siguen esperando que “aparezcan elementos para poder investigar”.
La diseñadora de ropa nacida en Buenos Aires desapareció en 2011 en la provincia de Salta, cuando tenía 29 años. “Sin hablar en particular de la fiscalía (que interviene en la causa), sino a nivel general, la justicia argentina deja muchísimo que desear y necesita cambio concretos”, expresó Máximo Cash, el hermano de María, quien lamentó que “a once años, seguimos esperando que aparezca algo concreto para poder investigar”.
El familiar de la víctima aseguró luego que a partir de lo que ocurrió con su hermana se vio “que había un agujero en la búsqueda de personas a nivel nacional”, lo que motivó la creación, ese mismo año, del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dependiente del Ministerio de Seguridad.
“Ahora, a diferencia de cuando María desapareció, hay organismos que están más centralizados en la búsqueda de personas”, expresó, quien considera, sin embargo, que aún existe una “falencia muy grande” en esta materia.
Y en ese marco, en diálogo con la agencia Télam ,instó a avanzar en cambios concretos en la justicia y apuntó contra “las grandes organizaciones que están ligadas a la política, los grandes empresarios y la policía, el círculo perfecto para la trata de personas”, una de las hipótesis que se sostuvo desde un inicio en el caso de María Cash. A pesar del tiempo transcurrido, la familia manifiesta que “no bajó nunca los brazos” con la esperanza de volver a ver a María.
A sus esfuerzos se suman los coordinados por la Fiscalía Federal N° 2 de Salta, a cargo de la búsqueda e investigación, cuyo titular es Eduardo Villalba, y la cooperación de la cartera de Seguridad nacional con la intervención especializada del Sifebu.
Sobre la causa el fiscal expresó que “la búsqueda nunca cesó. El expediente tiene ya cien cuerpos de actuaciones, y muchas corresponden a innumerables denuncias que, después de agotarse la investigación de cada una de ellas, se determinó que eran falsas”.
Ante la sospecha de que podría tratarse de un delito de trata de personas, la causa se radicó en el Juzgado Federal 2, que actualmente está a cargo de la jueza Mariela Giménez. El fiscal explicó que, a ocho meses de la desaparición, “surgió en la causa la sospecha de trata de personas, hecho que tenía como posible escenario la provincia de Jujuy, por lo que las actuaciones fueron remitidas a la justicia federal”.
“Hay una incesante búsqueda por parte del Estado Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, del cual participan distintas fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales”, sostuvo.
Asimismo, resaltó, entre otros aspectos, el efecto causado por este caso. “A raíz de este hecho, el Estado creó un Departamento de Búsqueda de Personas dirigido a optimizar esta tarea, con tácticas inteligentes y no solamente los rastrillajes tradicionales”.
Villalba destacó como novedad la actuación conjunta con el Ministerio Público de la Provincia de Salta, y resaltó “la disposición del procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella”.
Luego, explicó a la agencia de noticias que el procurador general “ha puesto a disposición de este caso los analistas que posee ese organismo, en un trabajo conjunto y dirigido a determinar nuevas hipótesis y revisar también las que, en una etapa inicial, quedaron relegadas”.
“Este trabajo se hace en coordinación con el Ministerio de Seguridad”, aclaró, a la vez que precisó que “existe contacto con la familia, la que es informada sobre los distintos aspectos de la investigación”.
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