El miércoles por la noche, a más de un año de la desaparición de Guadalupe Lucero, un hombre de 25 años se presentó en la Comisaría 2° de la capital provincial y confesó ser el asesino de la menor. Incluso dijo que enterró su cuerpo en la zona de Potrero de los Funes, a 24 kilómetros de la ciudad.
La Justicia federal -que interviene en el caso con la PROTEX, el ala de la Procuración con la fiscal Alejandra Mangano, dedicada a investigar delitos de trata de personas, una hipótesis virtualmente descartada hace meses- ordenó sellar el perímetro que señaló el hombre. La fiscal local Virginia Palacios y su colega federal Cristian Rachid llegaban a la comisaría a las 3 AM de la madrugada.
El hombre padece de esquizofrenia, según pudo acreditar la Justicia. Su relato fue considerado poco creíble desde el comienzo: poco después, dio una segunda versión del crimen, en donde mataba a Guadalupe, quemaba sus restos y los arrojaba al inodoro.
Hoy, la pista del paciente está casi descartada, según confirmaron fuentes del expediente a Infobae.
Su psiquiatra declaró sobre su patología y se analizó la ruta de su tarjeta SUBE: no se detectaron viajes a donde Guadalupe fue vista por última vez o en dirección al lugar donde supuestamente la enterró. Su casa fue allanada, sin hallazgos significativos. También se llevó a cabo a pedido del MPF una extracción forense de los contenidos de su teléfono, realizado por el Poder Judicial de la provincia de San Luis. El sospechoso mismo había entregado el aparato en la comisaría.
El perímetro de Potrero de los Funes fue analizado. Se ordenó una inspección terrestre durante la mañana del 30 de junio a la División Pericial Multidisciplinaria de Gendarmería Nacional que incluyó toma de vistas aéreas, análisis del terreno y del suelo y georeferenciación del lugar. El lugar también fue analizado con perros, sin hallazgos hasta la mañana del lunes.
La aparición del hombre ocurrió en medio de una nueva serie de reconstrucciones ordenadas por la Justicia en San Luis que se centraron en el barrio 544 Viviendas donde desapareció Guadalupe, realizadas a lo largo de tres días. El objetivo principal es intentar establecer finalmente a dónde se dirigió la menor, o a dónde se la llevaron. “Se espera determinar la secuencia de la desaparición para poder descartar algunas líneas que no sean compatibles, también para agudizar las búsquedas en barridos de antenas, cámaras de seguridad, etcétera”, asegura una investigadora clave en el caso: “Eso también permite descartar alguna hipótesis o darle fuerza a alguna otra”
La etapa de preparación incluyó entrevistas y declaraciones testimoniales con más de 100 vecinos y familiares, informes con profesionales en psicología respecto de la participación en esta medida de niñas y niños, así como también análisis de comunicaciones, antenas de compañías telefónicas. Gendarmería continuó con un trabajo de planimetría.
Luego fueron citados más de 20 testigos entre vecinos, familiares y niños que durante los días 29 y 30 fueron entrevistados en el lugar en el que estaban al momento de la desaparición, junto con ellos se recrearon los momentos y se generó interacción entre los distintos testigos que presenciaron una misma escena de modo de poder alcanzar mayores precisiones sobre sus dichos. Cada una de estas entrevistas fue filmada y en los casos de niños y niñas, así como en el de una testigo con discapacidad intelectual, se contó con el constante acompañamiento de sus terapeutas, así como con profesionales en psicología. Se registraron los campos visuales de los testigos, así como las condiciones de luz en el día del hecho.
Así, se realizará un informe final por parte de la Dirección de Criminalística de la Gendarmería Nacional Argentina para el cotejo con las pruebas que ya figuran en el expediente y con la información sistematizada en la matriz de gestión del caso elaborada por DAJUDECO, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación
El equipo fiscal se hizo presente de manera continua durante estas jornadas, junto con la División Pericial Multidisciplinaria de la Gendarmería Nacional Argentina a cargo del Segundo Comandante Jefe Matías Vecchio. El equipo de trabajo estuvo integrado por miembros de distintas instituciones y disciplinas: funcionarias de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, funcionarios del área de trata de personas y del Sistema Federal de Búsqueda, ambos del Ministerio de Seguridad de la Nación, antropólogas de la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV), profesionales del Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, personal de UESPROJUD y de la Unidad de Investigaciones Córdoba de Gendarmería y personal de la Delegación San Luis de la Policía Federal Argentina.
La seguridad del perímetro fue garantizada en todo momento por la Policía de la Provincia de San Luis. También presenciaron las distintas actividades representantes de la Fundación María de los Ángeles -querellante en el caso- y el padre de Guadalupe Lucero junto con su abogado.
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