En el marco de la operación internacional “Luz de Infancia IX”, este jueves a la madrugada se realizó una serie de allanamientos simultáneos en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Paraguay y Panamá. Más de 60 personas resultaron detenidas en los procedimientos: están acusados de poseer y distribuir imágenes con contenido de explotación sexual infantil.
Según precisaron fuentes judiciales, en territorio argentino se hicieron 70 allanamientos que comenzaron a las 4 de este jueves. Fueron 15 en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, 18 en la provincia de Buenos Aires, seis en Córdoba, ocho en Entre Ríos, tres en Santa Fe, tres en Chubut, cuatro en Chaco, tres en San Juan, dos en Misiones, dos en Neuquén, dos en Jujuy, uno en Salta, uno en Formosa y uno en La Pampa.
Hasta el momento, 30 personas quedaron bajo arresto en el país, aunque el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, señaló que “la cantidad de detenidos puede variar” a medida que avanza la investigación. En Brasil, en tanto, los apresados fueron 26, mientras que hubo cinco en Paraguay, dos en Estados Unidos, dos en Ecuador y uno en Costa Rica.
Al ser un operativo realizado en todo el territorio, estuvo coordinado, principalmente, por las fuerzas federales de seguridad, a cargo de Aníbal Fernández. La presentación de los resultados fue hecha por el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, quien encabezó una conferencia de prensa en la sede del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, donde estuvo acompañado del ministro Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y de los jefes de las fuerzas policiales que intervinieron en los procedimientos: Juan Carlos Hernández (PFA), Andrés Severino (Gendarmería), Mario Rubén Farinón (Prefectura) y Gabriel Berard (Policía de la Ciudad).
Allí se explicó que la investigación del caso fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (United States Department of Homeland Security) y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil, quienes utilizando un software P2P captaron información de usuarios que descargan y comparten material con contenido de explotación sexual infantil.
Una red P2P (Peer to Peer) consiste en un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos, y que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente. Entre las más utilizadas de esta clase aparecen Ares, BitTorrent o Emule.
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), a cargo de Daniela Dupuy, intervino en la investigación en la Ciudad que derivó en los 15 allanamientos en los cuales se secuestraron 38 CPU, 51 notebook, 28 tablets, 116 teléfonos celulares y otros 244 dispositivos de almacenamiento.
En el ámbito bonaerense, desde el MPF provincial comunicaron que se inspeccionaron 19 domicilios en los que se incautaron 49 equipos -incluyendo CPU, notebooks y tablets-, 58 teléfonos celulares, 7 armas de fuego y 198 discos rígidos, pendrives, CD y DVD. Desde Procuración destacaron que en muchos casos se utilizó la técnica de Triage, mediante la cual los expertos forenses realizan búsquedas de información sobre las computadoras que se encontraban prendidas dentro de los domicilios.
Por el momento, en Argentina hubo 30 detenidos, que quedaron a disposición de la Justicia por el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal Argentino. La ley nacional establece penas de entre tres y seis años de cárcel para la simple tenencia del material de explotación sexual infantil.
Sin embargo, la fiscal Dupuy explicó que las acusaciones pueden agravarse a partir de los peritajes a los elementos electrónicos: “Hay muchos casos que comienzan por el delito de distribución de imágenes y videos y, cuando se analizan los dispositivos de almacenamiento informático secuestrados, se detecta también el delito de grooming, es decir, el acoso a niños, niñas y adolescentes a quienes se les envía imágenes de contenido sexual. También se ha detectado en un alto porcentaje casos de abuso sexual y, en menor medida, casos de abuso intrafamiliar”.
“Nosotros tenemos el compromiso de atacar todo el ciclo de explotación sexual infantil: desde la producción del material prohibido hasta su eventual distribución, comercialización e, inclusive, la mera tenencia. Y en el caso de encontrar una producción de imágenes, se agravaría la situación porque se comenzaría a investigar inmediatamente la posibilidad de un abuso, con penas aún mayores y que se sumarían a las anteriores”, acotó Mahiques.
El funcionario reconoció a las fuerzas y fiscales que participaron del operativo y destacó la importancia del trabajo integral: “Más allá del éxito del proceso, la investigación actual refleja la complejidad y la cantidad de gente perversa que comete este tipo de delitos. Por eso, en estos casos las investigaciones requieren de un trabajo coordinado y en conjunto”.
En la misma línea, D´Alessandro destacó el trabajo efectuado “para desbaratar y desarticular esta red de perversos” y resaltó la importancia de “no ceder un centímetro frente a la explotación sexual infantil”, ya que se trata de “una práctica aberrante que pone en peligro a todos nuestros hijos”.
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