Esta vez, el empresario gastronómico Mauricio Damián Ríos, célebre por su gusto por las cadenas de oro, fue testigo en vez de imputado. El sábado por la noche, celebró su cumpleaños número 51 con 200 invitados en el balneario Horizonte de Mar del Plata, su ciudad. Maximiliano Rihl, uno de los invitados, terminó muerto a tiros tras una feroz pelea. Juan Jesús Piero Pinna, tucumano, alias “El Faraón del Pollo” por su conocida empresa dedicada al rubro de granja y carnicería, es el principal acusado. Piero Pinna había llegado ahí por su pareja, amiga de la pareja de Ríos, según declaró el cumpleañero a la fiscal del caso, Florencia Salas. De acuerdo al informe de autopsia, Rihl recibió en su cuerpo cuatro disparos, de los cuales sólo uno de ellos fue mortal e impacto directamente en la zona lumbar, lo que desencadenó una serie de hemorragias internas.
Pinna, que está prófugo, había posado con Ríos frente a la torta minutos antes del crimen, una imagen adelantada por el diario La Capital.
Piero Pinna y Rihl se insultaron antes de esa imagen, se empujaron y se invitaron mutuamente a continuar la discusión fuera del boliche. Allí, el empresario pollero y rugbier, extensamente tatuado, tomó un arma y disparó. ¿El motivo del entre dicho?. Nadie lo sabe. “Creemos que todos se hacen los tontos y ocultan información. Hablamos con varios testigos y el hermetismo es total. Nadie nos quiere decir por qué empezaron a agredirse”, dice a Infobae un investigador.
Ríos declaró como testigo, no dio mayores precisiones. En todo caso, no es la primera vez que el empresario gastronómico termina nombrado en un expediente judicial. También tuvo otros vínculos.
En 2014, según datos del Boletín Oficial de Santa Cruz, recibió la transferencia del fondo de comercio de un supermercado en Río Gallegos. Quien se la transfirió fue Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner.
Por ese delito, Ríos fue elevado a juicio por el fiscal de la causa por el fiscal Eduardo Elizarraga. El juez de Garantías David Mancinelli -el mismo que elevó a juicio a los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa- tiene el expediente en su despacho y se espera la firma para dar paso al proceso en los próximos días, aseguran fuentes en los tribunales de Dolores.
La usurpación tiene una historia peculiar. Tras estar –al menos– diez meses supuestamente ocupada ilegalmente y ser pintada de otro color, la casa fue desalojada el 4 de noviembre de 2020. Los ocupantes, una familia proveniente de Mar del Plata, entre ellos un hombre llamado Paul Etcheverry, un marplatense de 28 años, no se resistieron a la medida autorizada por el Juzgado de Garantías N° 6 a cargo de David Mancinelli.
La situación, que tiene detrás un rastro de papeles truchos y falsos alquileres, había sorprendido a la dueña de la propiedad el 5 de enero de ese año, cuando llegó a su casa de veraneo y se encontró con un grupo de personas que decían tener “un contrato de alquiler por dos años.” La empresaria, incluso, fue al secretario de Seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso, que terminó increpado por una ocupante a ir a la propiedad.
Elizarraga ordenó el desalojo. M.P.E., otra mujer marplatense, una de las ocupantes, incluso se presentó ante la Justicia al enterarse de lo que ocurría: presentó documentación con actuaciones notariales que indica, supuestamente, que compró la casa en enero a la empresa de la que empresaria es presidenta, que pagó 210 mil dólares por la casa y que el boleto de compraventa original se encuentra en poder de una escribana.
Y después apareció un testigo de identidad reservada: lo delató a Ríos, que nunca había aparecido en la trama hasta ese entonces.
El nombre de Ríos sonaba alrededor d la causa: fuentes políticas en la zona señalaban su nombre cuando se reveló el caso, aunque fuentes con acceso al expediente ratificaban a Infobae que no formaba parte del expediente. Tampoco estaban por ejemplo, en Su nombre fue introducido recién la semana pasada, a través de un correo electrónico del testigo, un marplatense.
El empresario se dedicaba en los papeles al negocio de los supermercados. También integró una firma llamada VT Construcciones según el Boletín Oficial: en el directorio también figura una de las imputadas por la usurpación. Con un concurso preventivo, su perfil de deudas es voluminoso: casi 18 millones de pesos en cheques sin fondos de acuerdo a su perfil comercial en aquel entonces, además de meses en aportes impagos como empleador.
Se encontró una camioneta marca Jeep en la propiedad. El testigo asegura que era “conducida por Ríos” y que solía verse en la esquina de la parrilla. El teléfono de Ríos que aportó era atendido por una persona que decía desconocer al empresario. Un cuadro de Néstor y Cristina Kirchner encontrado del inmueble también habría estado dentro de un supermercado del acusado.
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