A 20 años del crimen de Kosteki y Santillán: condenas casi cumplidas y el pedido para juzgar a los responsables políticos de la “masacre de Avellaneda”

Pasaron 20 años de aquel 26 de junio del 2002, cuando distintas organizaciones de desocupados y piqueteros decidieron marchar hacia el Puente Pueyrredón para protestar contra el Gobierno Nacional por la crisis económica y la falta de trabajo. Entre ellos estaban Maximiliano Kosteki (22) y Darío Santillán (21), asesinados a mansalva por la Policía bonaerense. Ese día se buscaba dar un mensaje claro contra las repetidas movilizaciones que venían ganando las calles. Medio año antes, Fernando De la Rúa se había ido en helicóptero de la Casa Rosada, después de una seguidilla de cacerolazos, saqueos y manifestaciones que terminaron con una treintena de muertos en el país, cinco de ellos en los alrededores de la Plaza de Mayo bajo una brutal represión.

En ese oscuro diciembre de 2001, la Argentina tuvo cinco presidentes en solo once días hasta que Eduardo Duhalde fue ungido por una asamblea legislativa como jefe del Ejecutivo. El crimen de Kosteki y Santillan no solo aceleró la salida de Duhalde del sillón presidencial y el llamado a unas elecciones que convertirían a Néstor Kirchner en su sucesor. También reforzó el rol político de los movimientos piqueteros y convirtió a “Maxi y Darío” en emblemas de esas banderas.

Parte de esa historia es la que está bajo la lupa de la Justicia. Infobae repasó el avance de las distintas causas que analizaron y analizan estos hechos. Es que, a 20 años de la llamada “Masacre de Avellaneda”, en Comodoro Py 2002 sigue abierta una causa que intenta establecer las responsabilidades políticas de aquellos homicidios. El caso, en donde aparece imputado el ex presidente Duhalde, el ex canciller Carlos Ruckauf y el ex secretario Juan José Alvarez, fue cerrado y reabierto en 2015 en base a nuevas pruebas impulsadas por la querella, que ahora buscan profundizarse.

Pero también existe un expediente en la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora donde el principal investigado es el entonces gobernador Felipe Solá, que casi no tuvo movimientos en estas dos décadas, y en donde también se denunció a Luis Genoud, ex secretario de Seguridad bonaerense y hoy miembro de la Suprema Corte bonaerense.

Fue un dictamen de Esteban Righi, entonces Procurador General de la Nación, el que selló el destino de la causa. Es que en un escrito de menos de dos carillas el jefe de todos los fiscales determinó en 2004 que la investigación por la muerte de los piqueteros tenía que desmembrarse. Por un lado, los funcionarios federales debían rendir cuentas en la justicia federal de Comodoro Py; mientras que los funcionarios provinciales tenían que hacerlo en la provincia. Para las organizaciones sociales esa fue una forma de matar una visión integral de lo que había sucedido aquel día.

La única investigación que sí avanzó, fue a juicio y derivó en condena perpetuas fue la que se hizo contra los policías: el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron sentenciados como a prisión perpetua, junto a otros seis policías considerados encubridores. Para el descubrimiento de lo que pasó fue clave el rol del fotoperiodismo. Es que las imágenes que tomaron aquel día los reporteros gráficos mostraron no solo el momento en que Darío Santillán era fusilado por la espalda, a menos de dos metros, después de levantarse del piso cuando ya estaba tirado, herido de muerte, Maxiliano Kosteki. Esas imágenes también exhibieron quiénes eran los policías que estaban en ese momento en la estación de Avellaneda, hasta donde habían corrido a los manifestantes. Afuera, lo captado por las cámaras de televisión que registraron la previa y lo posterior confirmaron lo que había pasado y dieron por tierra con la versión que se había querido instalar inicialmente: que los piqueteros se mataron entre ellos.

26 de junio de 2002

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron parte de los 4000 trabajadores que se movilizaron esa mañana hacia el Puente Pueyrredón. Maxililiano, que antes de la crisis paseaba perros, se había unido hacía solo unos meses al Movimiento de Trabajadores Desocupados, de Guernica. Darío, en cambio, militaba desde la adolescencia. No se conocían. En la previa de esa marcha, Darío sospechaba que el clima podía enrarecerse por lo que venían sucediendo en movilizaciones previas. Había una verdadera guerra de nervios ese día. Los manifestantes pedían el pago de los planes de empleo, aumento de subsidios de 150 a 300 pesos y un plan alimentario bajo gestión de los desocupados, entre otros puntos. Y, como en otras protestas, entre ellos habían acordado ir algunos con las caras tapadas y con palos. El Gobierno había anunciado públicamente que no permitiría el corte de rutas.

A las 11.45, una columna ocupó la bajada del Puente Pueyrredón y el tránsito ya no pudo avanzar. La avenida Pavón quedó quieta. Policía de un lado, piqueteros del otro. Una chispa encendió todo. La televisión filmó un primer encontronazo entre manifestantes y Fanchiotti, el jefe del operativo, se paseaba desde temprano ante los medios de computación con rol de autoridad. Los manifestantes empezaron a correr sobre Pavón, mientras cubrían su retirada con piedras y hondas. La policía disparó. Frente al hipermercado Carrefour, Kosteki recibió un balazo. Lo captaron las imágenes de Crónica TV. El reloj digital marcaba las 12.42. Malherido, Maxi intentó refugiarse en la estación de Avellaneda, a poco más de una cuadra.

Darío Santillán vio que varios de sus compañeros, entre ellos su novia y su hermano, también se dirigieron hacia allí. Pensó que iban a quedar atrapados y volvió sobre sus pasos. Al llegar, se encontró con el cuerpo de Kosteki en el piso, sangrando por la nariz y la boca. “Un médico, llamen a una ambulancia”, pidió el “Flaco” Héctor Fernández. El fotógrafo Sergio Kowalewski intentó hablar con Fanchiotti unos 60 metros antes de llegar a la estación. “Paren, ¿no ven que la gente ya se está yendo? Paren que van a hacer una masacre”, lo increpó. “Mirá lo que me hicieron”, le respondió el policía, mostrando su cuello ensangrentado. El reportero grafico corrió detrás de los policías hacia la estación y tomó cinco de las fotos que después resultarían claves en el juicio.

“Váyanse, rajen”, gritó Darío. “Me quedo yo, salgan” insistió. La policía entró cuando Dario le tomaba la mano a Maxi. Primero hubo insultos. Después, gritos. Y tiros. A Darío lo mataron por la espalda, cuando se estaba yendo. El fotógrafo de Clarín Pepe Mateos vio cómo los policías pegaban y pateaban el cuerpo mientras agonizaba. En el operativo de aquel día hubo 160 detenidos. 52 eran mujeres y siete estaban embarazadas. El otro medio centenar eran menores de edad. Hubo al menos una decena de heridos graves.

El enojo con el Gobierno de Kirchner

”Me siento usado por Kirchner, me mintió y la impunidad sigue intacta”, declaró Alberto Santillán ante todos los periodistas el 26 de enero de 2004, desde el corte del Puente Pueyrredón. Al cumplirse un año de la masacre, el padre del joven asesinado se había reunido con el entonces presidente que le había prometido que se crearía una comisión para investigar el crimen y que se iban a abrir los archivos de la SIDE y también de las policías Federal y Bonaerense.

En el libro “Maxi y Dario: Dignidad Piquetera”, que fue aportado a la causa que tramita en Comodoro Py, se asegura que en esa reunión Kirchner le habría dicho a Alberto Santillán: “Todos sabemos que hicieron inteligencia sobre ustedes”. También se asegura que hubo una reunión posterior entre el padre del piquetero asesinado con el entonces secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli. Según se contó allí, Parrilli les habría dicho que los piqueteros tenían que dejar de cortar el Puente Pueyrredón para poder avanzar y les habría prometiendo fondos para los proyectos de vivienda que ese sector impulsaba. Los piqueteros no aceptaron la propuesta. Las comisiones investigadores nunca avanzaron.

El juicio a los policías

Al banquillo llegaron acusados el ex comisario Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta, acusados de homicidio agravado y tentativa de homicidio para siete personas que resultaron heridos. Según la fiscalía, los acusados actuaron de acuerdo a un plan común que tenía por objetivo matar a manifestantes. La misión de llevar adelante el debate oral estuvo en manos de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldan que, en más de 70 audiencias, escucharon a víctimas, acusados, testigos, políticos. El juicio empezó el 17 de mayo de 2005 y terminó el 6 de enero de 2006, con los tribunales de Lomas de Zamora semi cerrados y una nube de gente escuchando el veredicto.

De un lado, la fiscalía, los abogados de Santillán y Kosteki y los representantes de organizaciones sociales que representaban a heridos y detenidos. Del otro, las defensas de los policías. En el público, desocupados y militantes. La tensión se vivía en el aire en cada audiencia, a lo largo del proceso. Es que no se trataba de un simple juicio. El tribunal buscaba mantener la cuestión dentro de una órbita de hecho y prueba, la militancia política de muchas de las víctimas llevaba el caso permanentemente a ese debate. Pero eso implicaba un doble juego también.

“A los abogados de los policías también le servía la politización. Es que la estrategia era de victimización –recuerda en diálogo con Infobae el abogado Ignacio Irigaray, que junto a Mariano Bergés representó a Alberto Santillán en aquel debate-. A los acusados les servía el clima político. Fanchiotti y Acosta, sacados de contexto, eran una condena caminando. Sentar a los funcionarios que habían tomado decisiones en aquel momento era un logro para las querellas, pero también una puerta que se le abría a los acusados”.

Por allí desfilaron el hoy ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que era secretario general de la Presidencia por esas horas, volvió al país en la tarde de ese 26 de junio y negó responsabilidad política en los hechos; o Carlos Soria, entonces titular de la SIDE, que reconoció que aquella movilización debía ser “un caso testigo”. También declaró el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi, que horas posteriores a los hechos radicó una denuncia en Comodoro Py hablando de un plan insurreccional para derrocar a Duhalde, cuya primera etapa era el corte en el puente Pueyrredón, el ex secretario Luis Genoud y el número 2 de Inteligencia Oscar Ernesto Rodríguez. El entonces presidente Néstor Kirchner se excusó de asistir al Tribunal “por compromisos de gobierno”. Declaró por escrito subrayando que en aquel momento era gobernador de Santa Cruz y diciendo que no podía aportar más datos al esclarecimiento.

Alberto Santillán, padre de Maxi, estuvo presente en todas las audiencias. Incluso, cada vez que pasaban, una y otra vez, las fotos que fueron claves en el juicio para desarmar la mentira de la versión inicial: que los piqueteros se habían matado entre ellos. Una ráfaga de imágenes exhibió la responsabilidad de los policías en esos homicidios.

A lo largo del juicio, Fanchiotti y Acosta se echaron la culpa mutuamente. Fanchiotti diciendo que él solo había disparado postas de goma. Acosta diciendo que su jefe le ordenó abrir el patrullero para sacar las armas que venían de un control de rutina y que estaban cargadas con balas de plomo. “A estos negros hay que matarlos a todos”, sostiene que le dijo Fanchiotti. Según se probó, el tiro que mató a Dario Santillán salió del arma de Acosta.

Antes de que terminara el juicio, Fanchiotti pidió declarar: “Llevo tres años y medio preso y a esta altura preferiría estar en el lugar de Santillán y Kosteki. Yo no maté, a mí se me utilizó, fui el nominado de ese día. Tenía que haber una jerarquía y me echaron la culpa”. También aseguró: “Lejos estoy de haber sido el autor del disparo que lo mató. La humareda (que sale de su arma) proviene de atrás, no de mi escopeta”.

El veredicto lo condenó a perpetua. Sólo Acosta fue, de traje, a oir la sentencia. El resto, incluido Fanchiotti, pidió permiso para no asistir. El fallo de más de 750 fojas estableció que los piqueteros iban a cometer un delito y por lo tanto la intervención de las fuerzas de seguridad estaba justificada. Incluso recordaron que cuando un grupo de policías, que encabezaba Fanchiotti, quedó rodeado, los piqueteros no acataron la orden de dispersión y hubo que tirar gases y balas de goma.

Sin embargo, el tribunal estableció que “el Estado fue incapaz una vez más no ya de la básica preservación de los bienes públicos y de los particulares, sino de evitar que se alargue la mano homicida para cobrarse dos víctimas en un desenlace totalmente evitable”. Los policías “dispararon sus escopetas con la finalidad de dar muerte a los manifestantes” y si no hubo más muertos fue sólo “por causas ajenas a su voluntad”. “Fue una sentencia política”, disparó su defensor, Amílcar Chiodo. Apelaron ante todas las instancias, pero en 2016 la Corte Suprema le cerró la puerta: rechazó los planteos y confirmó la sentencia.

La investigación en Comodoro Py

En 2004, en los tribunales de Retiro, fueron denunciados el ex presidente Eduardo Duhalde, el ex canciller Carlos Ruckauf, el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasoff y el entonces secretario de Seguridad Juan José Alvarez, entre otros. La denuncia planteó que, previo a las muertes, hubo un clima que se instaló desde el Gobierno y que derivaron en esos homicidios. Por aquellos días, Ruckauf promovía volver a firmar un decreto de aniquilamiento de supuestos enemigos internos como el que suscribió María Estela Martínez de Perón previo a la dictadura. Atanasoff afirmaba que las movilizaciones buscaban “desestabilizar al Gobierno”. La idea de modificar la ley e involucrar a las fuerzas armadas para intervenir en conflictos de seguridad internos flotaba en el aire.

Gran parte de los testimonios de políticos que se oyeron en el juicio oral a los policías fueron remitidos a esa causa. La investigación inicial estuvo delegada en manos del fiscal Miguel Osorio, que incluso llegó a llamar a Franchiotti para que declarara como testigo –a pedido de la querella-, algo que más tarde derivó en que no podía ser utilizado en la causa. Es que Franchiotti era un acusado en otro expediente y hasta tuvo que consultar con su abogado defensor antes de responder. En el interrogatorio lo consultaron por una de las pruebas sobre las que hacen foco los acusadores: dos llamados que el ex comisario recibió desde teléfonos de la entonces SIDE, relataron a Infobae fuentes judiciales.

A pedido de la fiscalía, el juez Ariel Lijo archivó la causa en 2012 después de llevar adelante una serie de diligencias y entrecruzamientos de llamados que no llegaron a nada. Sin embargo, los querellantes apelaron y el caso fue reabierto en 2015. La causa está en manos de la fiscal Paloma Ochoa, que viene llevando adelante las medidas que impulsa la querella de Alberto Santillán, representada por Paula Alvarado. Allí, la querella apunta a dos frentes: lo que entienden fue la coordinación de acciones represivas entre provincia y Nación, a partir de la intervención de fuerzas de ambos gobiernos y la colaboración de prefectura con la bonaerense en la represión en territorio de Avellaneda; y por otro el vinculo que Fanchiotti tenía con la entonces SIDE. Es que aparecieron comunicaciones del teléfono del policía con oficinas de la sede de la calle Billinghurst de la central de espías aquel día. Pero esa pista no avanzó: según la versión que se dio en la causa, Fanchiotti habló con un amigo que trabajaba en ese lugar al que no veía hacía tiempo. Como ese día lo vio televisión, ese empleado, que tendría problemas psiquiátricos, lo llamó para ver cómo estaba.

La querella fue aportando distintos testimonios y que, a su criterio, demuestran “la desmesura del despliegue de fuerzas y del operativo en general” y “la anormal intervención de la Prefectura en territorio de la Provincia. Oscar Laborde, que era intendente de Avellaneda en aquellos momentos, prestó un testimonio que para los querellantes es clave porque abona la teoría de la preparación.

Según la declaración a la que accedió Infobae, Laborde contó que ese día se dio temprano la orden de liberar las camas de terapia intensiva del Hospital Fiorito. “Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave. La noche anterior yo había tenido la visita de Adriana Puiggros, donde yo discutiendo con el comisario Fanchiotti le decía que no quería un muerto en Avellaneda”, afirmó. Por la tarde, después de los hechos, habló con el gobernador Solá y le dijo “que a los manifestantes los había matado la policía. Tenía el testimonio directo de una persona (Osvaldo Baqueiro) en los brazos de la cual había fallecido Santillán”.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y activa militante por los derechos humanos, también aportó lo que protagonizó aquel día. Un llamado la alertó de lo que estaba sucediendo en Avellaneda y decidió llamar al gobernador Felipe Solá. “Me explicaron que el gobernador estaba ocupado y no me podía atender, que estaba almorzando. Y que llamara más tarde. Pasada media hora, volví a llamar. Me atendió el Dr. Felipe Solá. Cuando le expresé la gran inquietud que teníamos por lo que habíamos visto y estaba pasando, en tono confianzudo me dijo: “Bueno, mire Nora, ese es un enfrentamiento entre pobres contra pobres. Quédese tranquila”. Me lo repitió dos veces, a lo que yo le dije que había muertos y me dijo que me quedara tranquila que era entre ellos. A medida que transcurrió el día esa frase me quedo grabada para siempre en mi memoria. Me lastimó”.

Cuando se acercó a la zona junto a Adolfo Pérez Esquivel, se encontró con una escena, en medio de gases lacrimógenas, propia de “un campo de batalla: la policía trataba de impedir que se auxiliara a la gente”. Fueron hasta el Hospital Fiorito donde estaban los heridos. “No podía creer lo que habían vivido, después recorrí otras salas y vi a hombres jóvenes lastimados, ensangrentados. Como una guerra era la visión... La gente estaba horrorizada, con la certeza de eso había sido preparado muy fríamente desde el propio Gobierno provincial y nacional. Ahí había, presumo, la intención de salir a matar, de reprimir fuertemente, de ejemplificar, disciplina al pueblo para que no emitieran reclamos”.

Las últimas declaraciones fueron coronadas con una nutrida movilización a la puerta de los tribunales: allí declararon el periodista Alejandro Bervovich, a raíz de la película “Diciembre” y el documentalista Patricio Escobar, por “La crisis causó dos nuevas muertes” realizado en 2006. En “Diciembre”, estrenado el año pasado, fue entrevistado el entonces presidente Duhalde. “Di orden de que los piqueteros no pasaran a Capital”, afirma el ex jefe de Estado en ese documental, tras aclarar que no tuvo injerencia sobre lo que ocurrió en provincia. “La gente no puede hacer lo que quiera”, añadió.

La libertad de los policías

Con sus condenas firmes, Fanchiotti y Acosta permanecen detenidos en la cárcel de Baradero del Servicio Penitenciario Bonaerense. Como están por cumplir 20 años tras las rejas, reclaman su poder acceder a las salidas transitorias. Eso llevó a las protestas de las organizaciones sociales. La querella lo manifestó en la causa, ya que por la modificación de la Ley de Víctimas fueron consultadas sobre esta novedad en el expediente.

“De la certificación actuarial del 16 de diciembre de 2021, surge que Fanchiotti se encuentra en condiciones de acceder al beneficio de la libertad condicional en virtud de la reducción de diez meses por aplicación del estimulo educativo”, dicen los registro oficiales. Su legajo criminológico detalla que se encuentra incorporado a un régimen abierto, “mantiene una conducta ejemplar 10, concepto muy bueno y no registra sanciones disciplinarias en su vida intramuros”. En prisión, cumple tareas administrativas en la oficina judicial del Sector Tratamiento. Lo visitan su familia y sus amigos, y cuando se vaya planea irse a vivir con su esposa, en su casa de General Rodríguez. “En cuanto a su accionar delictivo y su posición frente al delito emerge entiende que toda la responsabilidad haya recaído sobre él por su condición de jefe a cargo de todo el operativo que se llevaba a cabo y por encontrarse cumpliendo una función pública”, se señala en el informe.

Este miércoles, a días del aniversario, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Lomas de Zamora volvió a decirle que no. Fue un mal augurio para Acosta, cuya defensa también pidió la salidas transitorias. Los movimientos piqueteros celebraron la noticia. Sin embargo, saben que esta vez tuvieron suerte. “En algún momento, más temprano que tarde, van a salir”, dijeron a Infobae las fuentes consultadas.

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