Carlos Cáceres, el hombre de 43 años que en la noche del lunes robó un micro escolar en Mataderos e inició una carrera feroz que terminó en Luis Guillón con 21 autos chocados entre disparos de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense para frenarlo, no está detenido. No quedó libre, no en el sentido más estricto del término legal, porque su detención nunca fue pedida.
El periplo fue insólito, delirante. Fácilmente podría haber muerto un inocente por la imprudencia del conductor o por una bala policial perdida, o por un tiro del mismo Cáceres. La lógica indica que debería estar encerrado, pero lo que ocurrió fue un embrollo judicial y una desinteligencia entre las fuerzas de seguridad, dos fiscalías y un juzgado, entre cuestiones jurisdiccionales y determinaciones de responsabilidad.
En el medio, el dueño del micro se buscó un abogado querellante del estudio de Matías Morla e impulsó una nueva denuncia, que ya fue presentada en la Cámara Criminal y Correccional porteña. Cáceres, mientras tanto, está en su casa.
Para comprender lo que ocurrió en la noche del lunes, entre teléfonos de fiscales y comisarios, hay que comenzar desde el comienzo.
El hurto del micro Mercedes Benz ocurrió en la zona de Mataderos y fue observado por el padre del propietario del colectivo, quien alertó a su hijo por teléfono mientras Cáceres huía por la calle Zelada en dirección a la avenida General Paz. Entonces, el expediente quedaría naturalmente en manos de una fiscalía o juzgado porteño.
Fuentes policiales aseguraron que, desde el lugar del hecho, la Policía de la Ciudad realizó una consulta a la fiscalía en turno, la N°2 a cargo de Paula Asaro, la misma que llevó a la Justicia a Jorge Mangeri, el femicida de Ángeles Rawson. Esas fuentes también dijeron que la fiscalía “no dio el trámite de flagrancia”, y derivó la consulta al Juzgado N°12, a cargo de Elizabeth Paisán. Para ese entonces, Cáceres ya había cruzado la avenida General Paz.
El Juzgado N°12, según fuentes policiales, no adoptó temperamento con Cáceres. Lo mismo contaron fuentes judiciales. Sin embargo, otros en tribunales niegan que la fiscalía de Asaro haya derivado la consulta. “Se ordenó desde la fiscalía que la causa quede en CABA”, reveló una fuente de alta jerarquía involucrada en el proceso. “Pero algo pasó, fue un error”, continuó.
A través de las cámaras del Anillo Digital, la Policía porteña observó que el micro estaba sobre la avenida General Paz, a la altura de Emilio Castro, en dirección a la provincia de Buenos Aires. Fue en ese momento que el personal de la Comisaría Vecinal 8C, junto a agentes de la unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y Servicios Especiales (DIRySE), comenzaron la persecución. Luego, siguieron los tiros.
Cáceres, que estaba armado, efectuó varios disparos y continuó hacia la autopista Juan Domingo Perón, comúnmente llamada Camino Negro, y obligó a la intervención de agentes de la Policía Bonaerense. Ya esa altura la escena era insólita. Un micro escolar a toda velocidad y los móviles de dos de las fuerzas policiales más importantes del país detrás suyo para tratar de controlar la situación. En el medio, cientos de vehículos quedaron a merced del tiroteo.
Cáceres luego llegó a Luis Guillón, donde chocó el micro contra un Fiat Siena. La parte delantera del móvil escolar quedó destruida.
Cáceres y el ocupante del Fiat Siena fueron derivados al hospital Santamarina. La consulta sobre el caso, entonces, llegaba a la fiscal en turno en la zona: Verónica Cifarelli, que recibía un llamado de la Policía de la Ciudad para explicarle la situación. Nunca tuvo, por ejemplo, una comunicación con la fiscal Asaro o la jueza Paisán.
Así, ordenó que Policía Científica de la Bonaerense perite el micro. Se contaron 16 impactos de bala en la parte trasera. Eso sorprendió a Cifarelli también: nadie le había dicho que le habían disparado al colectivo escolar en su marcha.
Trascendió en un primer momento que Cáceres había sido imputado en Esteban Echeverría por el hurto del micro y las lesiones culposas del conductor del Fiat Siena. Sin embargo, fuentes judiciales bonaerenses confirmaron que el hombre lesionado por el choque no sufrió lesiones y recibió el alta al igual que Cáceres, tras una serie de placas.
El hurto no había sido cometido en territorio bonaerense. Así, la causa se reducía a una simple calificación de averiguación de delito. Cáceres no fue aprehendido. Cifarelli, por su parte, pidió que intervenga la UFI de violencia institucional de la zona para investigar el accionar policial, dadas las balas encontradas en la parte trasera del micro. Consultó con un comisario de la Bonaerense que le dijo, que, curiosamente, la fuerza provincial no tiró. De vuelta en la Ciudad, fuentes policiales se ofuscaron ante la historia: “Acá, por lo menos, debería haber una causa por resistencia a la autoridad”.
Sin embargo, la causa de Cifarelli continúa. Desde la Ciudad de Buenos Aires especularon con que el expediente podría volver a su jurisdicción lógica. A Cáceres lo tiene que visitar un patrullero para corroborar el domicilio que le dio a la Justicia, medida pedida por la fiscal de Esteban Echeverría, mientras pasea por el limbo del sistema. No se le practicó un dermotest para verificar si realizó los disparos en la persecución. Cifarelli recibió el sumario de la Policía Bonaerense a comienzos de la tarde del miércoles. Nunca le habían alertado, ni siquiera de forma telefónica, que Cáceres baleó a los policías que lo perseguían.
Mientras tanto, el dueño del micro presentó una nueva denuncia en la Cámara Criminal y Correccional porteña, en donde aseguró que Cifarelli lo instó a hacerlo por una cuestión jurisdiccional. En el texto, en donde se presenta su abogado querellante, aseguró dos cosas: que Cáceres forzó la entrada del micro -ya de por sí robar un micro escolar es sumamente infrecuente- y que actuó con, al menos, dos cómplices.
Si así lo fue, esos dos cómplices no fueron hallados o contados por la Justicia. El sumario de la Bonaerense asegura que al menos una persona se bajó y huyó del micro.
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