Presos desnudos contra la pared: crónica de una noche de latigazos en Salta que terminó con 10 policías detenidos

Los agentes de Infantería de la Policía de Salta entraron con todo a la Comisaría N°42. Desquiciados, a los bastonazos limpios. Abrieron las rejas del calabozo número 1 y a los poco más de 20 hombres encerrados allí los mandaron al patio, de madrugada, desnudos, para que se les impregne el miedo y el rocío frío que baja a la tierra en las noches húmedas del otoño en Tartagal.

Los insultaron, les dijeron que los iban a matar y los obligaron a arrodillarse con la cara en la pared. Les dieron para que tengan y paradójicamente, para que los terminen denunciando. Los golpearon con machetes, con chicotes, látigo y palos contra la espalda, la nuca, la cabeza, la cintura, las piernas. Fue sin asco y sin importar que quedaran las huellas del delito. Después fueron y les rompieron las pocas cosas que tenían en el calabozo. Con una manguera, les empaparon la ropa, los colchones y las frazadas que usan para dormir porque no hay camas. Sadismo en estado de impunidad total.

Todo podría haber quedado, como tantas veces, en el cono del silencio que cubre lo que pasa en muchas comisarías del país, pero especialmente en las de Tartagal. En el caso específico de la 42, donde sucedió todo, hay 56 hombres privados de su libertad donde caben 12. Muchos de ellos tienen condena firme. Las comisarías están sobrepobladas, son el último eslabón de una cadena de desborde de internos que incluye a las unidades penales y a las alcaidías. El sistema penitenciario de Salta está claramente sobrepoblado.

En ese contexto, la Comisión Provincial contra la Tortura, creada por ley en 2017, pero con actividad desde febrero pasado, visitó la Comisaría N°42 con el fin de constatar las condiciones de vida de los internos en los calabozos. La visita derivó en este escándalo que ahora investiga la Justicia salteña y que ya tiene a 10 policías detenidos acusados de torturas. Y podrían ser más en los próximos días.

Los hechos, ocurridos el 28 de mayo pasado, se conocieron días después por la denuncia pública de familiares de las víctimas. No ocurrió en sede judicial, sino en las redes sociales. El fiscal penal de Derechos Humanos de Salta, Gabriel González, vio los videos en los que los detenidos son llevados al hospital con sus espaldas tatuadas por las marcas de las cachiporras, e inició una investigación de oficio.

En pocos días, González estableció la sospecha sobre ocho agentes de Infantería y dos integrantes de la 42 contra al menos 13 víctimas -las que se animaron a declarar-. La acusación, en algunos casos, incluye el delito de amenazas. De ser hallados culpables en un juicio, los policías podrían recibir una pena de hasta 25 años.

¿Cómo estalló la violencia en el calabozo 1? Eso es lo que intenta determinar el fiscal. Hay dos versiones. Está la que da la Policía, que dejó constancia en el libro de actas, que indica que tuvieron que llamar a Infantería durante esa madrugada porque había disturbios entre los detenidos en el calabozo 1 y el 4. Afirmaron que escucharon “ruidos de candados” y temieron que los rompieran y que todo terminara en un motín.

La otra hipótesis está ligada a la visita del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura apenas dos días antes, el 27 de mayo. E indica que pudo haber sido una represalia contra los presos, que vienen reclamando mejores condiciones de encierro y que sean derivados a las alcaidías y las unidades penales, que es lo que corresponde.

Lo que el fiscal González sabe hasta ahora es que los hechos comenzaron pasada la medianoche y terminaron a la mañana siguiente con internos heridos: los médicos forenses constataron fracturas, golpes y los investigadores escucharon testimonios escalofriantes de tortura. Además de los latigazos desnudos bajo la noche fría, además de mojarles el lugar donde duermen y romperles sus objetos, varias víctimas declararon que los agentes los hicieron meter sus manos en el pozo séptico que funciona como letrina, un único “baño” que los policías habilitan de a ratos para que lo usen los 56 presos.

“Si tienen ganas de hacer sus necesidades, hay tachos de 20 litros adentro de la celda”, contó a Infobae Rodrigo Solá presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que llegó a la comisaría tras un pedido del fiscal González. No les fue fácil entrar tampoco aquella vez. La policía no les permitió entrar. Tuvieron que volver al otro día.

El informe elevado por la Comisión indicó que “el espacio destinado a las personas privadas de libertad no cuenta con las condiciones mínimas que garanticen un trato digno, ni asegura posibilidad alguna de higiene o seguridad, no tiene baños, tampoco hay duchas, se advierten cucarachas y otros insectos saliendo de las paredes, en general se observa falta de higiene y ventilación, no hay camas y gran parte de la población duerme en el piso sin colchones”.

Además, el documento remarcó que “no existe posibilidad alguna de actividad recreativa, laboral o educativa; y el régimen de visita es absolutamente limitado: 15 minutos por semana de un único familiar”.

Los policías se vengaron tras ser denunciados. Según lo que relataron los detenidos y consta en el expediente, la policía, junto a agentes de Infantería, la División Motorizada y el Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (conocido por sus siglas, GOPAR) activaron una violenta requisa cerca de las 3 de la mañana. “A partir de ahí fue todo muy violento, hubo muchísimo despliegue de violencia”, contó una fuente judicial con acceso a la causa consultada por este medio.

Las víctimas relataron coincidentemente que fueron llevadas al patio varias veces. “Los hicieron desnudar, permanecieron arrodillados con las manos en la pared, los ponían en filas y los golpeaban con palos, con bastones, con látigos, patadas. Algunos denunciaron que en ese patio hay como unos pozos donde estaba la materia fecal expuesta y ahí les hacían meter la mano y si no las metían los golpeaban”, relató una fuente.

Según el libro de actuaciones de la comisaría, la requisa termina cerca de las 4.40. Allí se informa un extraño “sin novedad”. Informes de otras divisiones que participaron de la represión sí reconocen que debieron usar la fuerza “en la medida de lo necesario”.

Pero el uso de la fuerza, según el protocolo, tiene que ser “necesario, proporcional y racional”. Para el fiscal González, un caso con lesiones compatibles con fracturas y curación mayor a 90 días no se asemeja al “uso racional”.

Después de las 4:40, todos los testigos advirtieron que los policías volvieron a ingresar a los calabozos y repitieron la secuencia. Los volvieron a sacar, pero esta vez de a uno. Y los golpearon otra vez ¿Por qué? Porque los detenidos protestaron cuando se encontraron con sus cosas mojadas y rotas.

“Sacaron a quienes ellos consideraron los incitadores y ahí empezaron a golpear a un grupo de siete personas y se dieron algunas de las circunstancias de mayor gravedad”, explicó una fuente judicial. Se constataron lesiones compatibles a fracturas de clavícula, hematomas en la espalda, el tórax, los glúteos y miembros inferiores.

Todos los denunciantes y víctimas señalaron que el grupo agresor que ejerció el mayor despliegue de violencia sobre ellos fue Infantería. Pero también remarcaron que hubo dos de la comisaría, un policía y un civil, que fue el que entró a latigazos. El Código Procesal Penal de Salta impide que la Justicia dé información sobre las identidades de los acusados. El juez de Garantías Nelson Aramayo ordenó la detención días atrás y es probable que, para evitar que entorpezcan la investigación o vuelvan a amenazar a las víctimas, dicte la prisión preventiva.

El caso no está cerrado. Quizás la lista de 10 policías detenidos y acusados por torturas crezca, una vez que los investigadores logren determinar quiénes más participaron y qué rol cumplió cada uno. Se espera que el fiscal González solicite, entre las medidas de prueba, más análisis médicos a las víctimas y mande a analizar los teléfonos celulares de los imputados. No solamente para revisar si hubo chats donde se exponga un plan premeditado para reprimir. “Se filman con frecuencia”, comentó un investigador. “Algunos son sádicos”.

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